Los Estados que siguen suministrando armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí se arriesgan a pasar a la Historia como cómplices de los crímenes de guerra de Yemen, ha dicho hoy Amnistía Internacional. Mientras, el gobierno de España estudia si tomar una decisión de gran calado: suspender las transferencias de armas y equipo militar a Arabia Saudí. El 4 de septiembre, el gobierno de España anunció que cancelaría la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de alta precisión guiadas por láser, tras la indignación internacional por el ataque aéreo contra un autobús escolar en Yemen, en el que murieron 40 niños. El gobierno español se retractó de esta decisión el 12 de septiembre, alegando la necesidad de “honrar un contrato”. En las últimas semanas se han analizado todos los acuerdos con Arabia Saudí formalizados por el anterior gobierno de España, y el miércoles 19 de septiembre se tomará una decisión definitiva sobre si se revocarán las licencias existentes y se suspenderá la concesión de nuevas licencias. “Cuando los y las activistas apenas estaban empezando a celebrar la noticia de que España cancelaba un gran envío de armas a Arabia Saudí, el gobierno dio marcha atrás para apaciguar a su adinerado cliente. Tras más de tres años de devastadora guerra civil en Yemen, con miles de muertes de civiles y una lista de claros crímenes de guerra que no deja de crecer, no hay excusa posible para que España, o cualquier otro país, siga armando a la coalición dirigida por Arabia Saudí”, ha dicho Steve Cockburn, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional. “Instamos al gobierno de España a que el miércoles adopte una postura firme y suspenda las transferencias de armas a Arabia Saudí y otros miembros de la coalición para su uso en Yemen. Cualquier otra medida dará a entender inequívocamente que el gobierno español se preocupa más de proteger sus intereses económicos que de las vidas de la población civil de Yemen.” Entre 2015 y 2017, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros, y autorizó licencias por valor de 1.235 millones. El tipo de munición guiada de precisión que España planea enviar a Arabia Saudí se ha utilizado con devastadores efectos en todo Yemen. Ha alcanzado hoteles, hospitales, pozos de agua, edificios de viviendas, fábricas y hace poco un autobús escolar, y ha dejado tras de sí un terrible saldo de víctimas civiles y destrucción de infraestructuras civiles. España ha ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que prohíbe la transferencia internacional de armas, municiones y artículos relacionados cuando se sepa que pueden utilizarse para cometer crímenes de guerra, o cuando exista un riesgo preponderante de que se destinen a cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La propia ley española sobre exportaciones de armas prohíbe la transferencia de armas cuando existan indicios racionales de que podrían utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos. En virtud de los Convenios de Ginebra, España también está obligada a respetar y garantizar que se respete el derecho internacional humanitario, absteniéndose de suministrar armas que se utilicen para violar los Convenios. Un rechazo global Muchos Estados siguen suministrando armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí a pesar de años de devastadora guerra en Yemen, pero en las últimas semanas ha aumentado la presión sobre los principales proveedores. El 11 de septiembre, el Parlamento británico convocó una sesión de urgencia para debatir sobre la cuestión, en la que el gobierno británico defendió continuar con la venta de armas. Una encuesta publicada ese mismo día reveló que sólo el 13% de la población británica apoyaba la venta de armas a Arabia Saudí. El 12 de septiembre, el Congreso de Estados Unidos impulsó un debate para determinar si Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) están tomando medidas suficientes para proteger a la población civil de Yemen. La administración Trump afirmó que ambos países “están adoptando medidas demostrables para reducir al mínimo los daños a civiles y en infraestructuras civiles”, dando así luz verde para que Estados Unidos continúe con su apoyo. Sin embargo, recientemente ha habido señales alentadoras que apuntan a un cambio de tendencia. En el último año, muchos países, como Alemania, Bélgica, Grecia y Noruega, respondiendo a la presión de la opinión pública, han suspendido total o parcialmente las transferencias de armas a Arabia Saudí, EAU y otros miembros de la coalición. Actualmente hay en marcha recursos judiciales en Reino Unido, Francia e Italia para hacer que los gobiernos de estos países cumplan sus obligaciones legales y dejen de suministrar armas para su uso en Yemen. “Cada vez son más los países que se dan cuenta de que armar a Arabia Saudí y a la coalición que bombardea Yemen es incompatible con el derecho internacional y los principios humanitarios, y países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia están empezando a quedarse muy al margen del creciente consenso internacional”, ha dicho Steve Cockburn. “Esta semana, el gobierno español puede elegir. Puede seguir como hasta ahora, cumpliendo acuerdos comerciales que podrían aumentar el terrible sufrimiento de la población civil yemení, o adoptar un enfoque basado en principios y respetuoso con la ley y suspender todas las transferencias de armas a Arabia Saudí y los miembros de su coalición. Pedimos a España que sea un ejemplo para otros países y ponga fin a este vergonzoso capítulo de su historia.” Información complementaria Todas las partes en el conflicto de Yemen han cometido reiteradamente violaciones del derecho internacional que han causado terribles sufrimientos a la población civil. La coalición dirigida por Arabia Saudí ha llevado a cabo decenas de ataques ilegítimos, incluidos ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados que han matado y herido a civiles y destruido bienes de carácter civil, como viviendas, colegios, hospitales, mercados y mezquitas. Las fuerzas huzíes han bombardeado indiscriminadamente zonas de población civil, especialmente en Taiz, la tercera ciudad de Yemen. Han colocado minas antivehículo de forma indiscriminada, así como minas terrestres antipersonal, cuyo uso está prohibido, y han reclutado a niños y niñas para el combate. Además, son responsables de la detención arbitraria, la desaparición y la tortura de personas en las zonas bajo su control.
