Londres.- Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades españolas para que atiendan las peticiones, formuladas por jueces federales de Argentina, de detener a María Estela Martínez de Perón con el fin de interrogarla.
Esta medida constituiría una demostración clara del compromiso con los derechos humanos de las autoridades españolas, así como de su voluntad de cooperar con una petición formulada por el poder judicial en cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que ofrezcan a los jueces argentinos total y rápida cooperación con las peticiones presentadas en el marco de las investigaciones que se están realizando en Argentina sobre el caso de la "desaparición" de Héctor Fagetti Gallego, tras su detención en febrero de 1976, y sobre las actividades del escuadrón de la muerte Alianza Anticomunista Argentina (AAA, o Triple A), activa en los años setenta.
Norberto Oyarbide, juez federal argentino, reabrió recientemente la investigación de los crímenes cometidos por la Triple A tras declarar de no aplicación las normas sobre prescripción de delitos, habida cuenta de que los crímenes cometidos por el grupo fueron de lesa humanidad.
Hoy, 31 años después, las víctimas de violaciones cometidas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón piden justicia y los tribunales argentinos esperan, una vez presentadas sus peticiones, que España cumpla con su obligación, en virtud del derecho internacional, de cooperar con la petición de asistencia jurídica mutua que ha formulado Argentina para investigar crímenes de lesa humanidad.
Esta obligación ha sido reconocida por la comunidad internacional desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarase en su resolución 3074 (XXVIII) de 3 de diciembre de 1973 que "[l]os Estados se prestarán mutua ayuda a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes, y, en caso de ser éstos declarados culpables, de su castigo" y, en particular, que "los Estados cooperarán entre sí en todo lo relativo a la extradición de esas personas".
Los Estados deben o bien extraditar a cualquier persona acusada de dichos crímenes a las autoridades judiciales de un Estado capaz y dispuesto a procesarla en un juicio con las debidas garantías y sin posibilidad de pena de muerte, o bien enjuiciarla.
El caso es de importancia capital en la lucha mundial para cambiar por justicia la impunidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad. La política de cometer crímenes de lesa humanidad, tortura y desapariciones forzadas se concibió e instituyó durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y sembró el camino para que estos crímenes se institucionalizaran y se cometieran a una escala todavía mayor bajo el gobierno militar argentino (1976-1983) tanto en Argentina como en gran parte de América Latina, en el marco de la "Operación Cóndor".
Una resolución judicial que determine la culpabilidad o inocencia de María Estela Martínez de Perón, y si es o no responsable de proporcionar reparaciones, es fundamental para garantizar que las víctimas y sus familias puedan reconstruir su vida.
Información complementaria En dos fechas distintas de enero, dos jueces federales argentinos emitieron sendas órdenes internacionales de detención de la ex presidenta argentina (1974-76) María Estela Martínez de Perón.
En la primera orden, se la acusa de firmar tres documentos que autorizaban la "desaparición" de "subversivos", entre ellos el estudiante Héctor Faggeti, en la provincia de Mendoza, a quien nunca más se volvió a ver tras su detención el 25 de febrero de 1976. La segunda orden está relacionada con la responsabilidad de María Estela Martínez de Perón en los crímenes cometidos por la Triple A. La resolución judicial presentada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores recoge la intención del juez federal de pedir su extradición.
Fue detenida y puesta en libertad bajo fianza en Madrid. Argentina dispone de 40 días para apelar contra la extradición de María Estela Martínez de Perón quien, por otra parte, tiene la doble nacionalidad argentino-española.
