Madrid.- Amnistía Internacional mantuvo ayer una reunión con la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para abordar las propuestas de la organización sobre dos cuestiones fundamentales de derechos humanos: la elaboración de un Plan de Acción de Derechos Humanos y las violaciones de derechos humanos a las víctimas de la guerra civil española y el régimen franquista. Al término de la reunión, Amnistía Internacional ha declarado: “En los últimos meses, los avances del Gobierno sobre estas propuestas han sido desiguales y en algunos casos poco ambiciosos. En el caso del Plan de Acción todavía no se han iniciado siquiera los trabajos, y en el caso de reparación a víctimas del franquismo y de la guerra civil, mantenemos nuestra preocupación sobre la limitación temporal, prevista en la Proposición no de Ley de junio de 2004, para que las víctimas puedan acceder a ayudas económicas, y sobre el hecho de que la reparación sea exclusivamente moral. Esperamos que el ejecutivo desarrolle, en la dirección correcta y con la necesaria ambición, sus compromisos electorales con los derechos humanos”. Amnistía Internacional le hizo entrega de un documento, España: un plan de acción de derechos humanos. Recomendaciones de AI a la vicepresidenta primera del Gobierno, en el que se identifican los principales retos que debe abordar el Gobierno en dicho Plan que son, entre otros: - El compromiso con el respeto del derecho internacional de los derechos humanos: el Plan deberá establecer la decisión de ratificar los tratados, convenios, acuerdos y protocolos internacionales de derechos humanos que aún no hayan sido ratificados por España. - Luchar activamente contra la tortura y la pena de muerte. - Erradicar la violencia contra las mujeres en todo el mundo. - Proteger a los menores en todo el mundo. En concreto, contribuir a luchar contra la utilización de niños y niñas soldados y oponiéndose activamente a la imposición de la pena de muerte a menores. - Contribuir al mayor control del comercio internacional de armas, participando activamente en la iniciativa para la adopción de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. El documento incluye igualmente las características que debe tener dicho Plan para que sea sólido y coherente con la legalidad internacional: - Participación. El Gobierno central es el responsable de iniciar e impulsar el proceso de elaboración del Plan, que deberá vincular a todas las Instituciones del Estado. En la fase inicial deberá involucrarse, al menos, a los distintos Ministerios –en especial a los Ministerios del Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores-, al Parlamento, a organizaciones de la sociedad civil y a expertos en distintos ámbitos de los derechos humanos, mediante una ronda de consultas o por otro procedimiento. - Alcance. Para que el compromiso con la legalidad internacional y los derechos humanos sea sólido y coherente, el Plan de Acción deberá abarcar el ámbito de la política interior y de las relaciones exteriores, en el respeto del derecho internacional de los derechos humanos. - Concreción y orientación. El Plan deberá identificar claramente las principales preocupaciones de derechos humanos tanto en España como en el seno de la comunidad internacional, fijar las metas a alcanzar y concretar las acciones a desarrollar para conseguirlo. Durante la reunión, la vicepresidenta se comprometió a considerar las propuestas y recomendaciones de AI y a darles respuesta. Ya en junio de este mismo año, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Irene Khan, entregó durante su visita a España al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el informe elaborado por AI Un compromiso necesario. Recomendaciones de AI para un Plan de Acción de Derechos Humanos, que el jefe del ejecutivo se comprometió a promover durante la presente legislatura. La elaboración de un Plan de Acción de Derechos Humanos es uno de los compromisos adquiridos por el Partido Socialista en su programa electoral en las últimas elecciones generales. Compromiso con las víctimas de la guerra civil y las víctimas del franquismo Durante el encuentro de ayer, Amnistía Internacional también manifestó a la vicepresidenta del Gobierno sus preocupaciones en relación a las víctimas de la guerra civil y del régimen de franco, que no han recibido ni verdad, ni justicia ni reparación, a las que tienen derecho en virtud del derecho internacional. Esta preocupación ya se incorporaba en el documento entregado en junio pasado al presidente del Gobierno. Aunque la organización valora muy positivamente los trabajos realizados en el marco de la Comisión Interministerial creada al efecto, considera que éstos deben ganar en ambición, y cumplir con la legalidad internacional. En este sentido, AI alertó a la vicepresidenta que los términos de referencia de la Comisión no abarcan el marco internacional de derechos humanos. AI hizo entrega a la vicepresidenta de un nuevo documento, que es el avance de un informe que AI presentará en breve al Gobierno y que incluye recomendaciones y preocupaciones de la organización al respecto. “Esperamos que el Gobierno impulse definitivamente el proceso de verdad, justicia y reparación a víctimas del franquismo y de la guerra civil. Se trata de una asignatura pendiente de un Gobierno que tenga como prioridad la defensa de los derechos humanos, como ha manifestado públicamente en repetidas ocasiones nuestro presidente.” Ha declarado Amnistía Internacional. AI recordó a la vicepresidenta que en 2003, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas incluyó a España en la lista de países en los que se han dado desapariciones con posterioridad a 1945. En su momento, dicho Grupo de Trabajo reclamó al Gobierno del Partido Popular una investigación al respecto, sin que hasta el momento haya constancia de una respuesta.
Es necesaria más ambición y concreción del Gobierno español en sus compromisos con los derechos humanos
- Amnistía Internacional se entrevista con la vicepresidenta primera del Gobierno sobre el Plan de Acción de Derechos Humanos y las violaciones de derechos humanos a víctimas de la guerra civil y del régimen franquista
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