Es hora de poner fin al silencio y a la injusticia de casi 70 años

Madrid.-  Para Amnistía Internacional, los crímenes contra la humanidad no pueden ser borrados por actos de perdón u olvido, los derechos de las víctimas de abusos graves contra los derechos humanos deben reconocerse y es necesario poner fin a la doble injusticia cuando un Estado priva a determinadas víctimas de verdad, justicia y reparación. España no es una excepción. La prolongada injusticia y el silencio padecidos por numerosas víctimas de crímenes atroces perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista ha motivado el informe que Amnistía Internacional, presenta hoy en Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Palma de Mallorca, Oviedo, Salamanca y Almería. España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. “El Estado español tiene ahora la oportunidad de saldar la deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista que han sido privadas de sus derechos para encontrar verdad, justicia y reparación. Hoy, 70 años después, es tarde para muchas personas; pero no para todas. Es el momento de ir más allá de los actos de homenaje y de reparación moral, es tiempo de rehabilitar los derechos de tales víctimas y asegurar el derecho a la verdad y el deber de no olvidar”, afirma Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España. Crímenes contra el derecho internacional Durante la Guerra Civil (1936-1939) y bajo el régimen franquista (1939-1975), fueron numerosas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba como crímenes contra el derecho internacional, entre ellos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales; los ataques contra población civil y otros abusos comprendidos como crímenes de guerra; la persecución política, religiosa o racial, los encarcelamientos arbitrarios, los trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad. Ni el paso del tiempo, ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas. La responsabilidad de sus autores con respecto a estos crímenes no prescribe nunca. “El país que pidió la extradición de Pinochet y el país cuya Audiencia Nacional ha condenado recientemente al ex militar argentino Scilingo por crímenes de lesa humanidad, aplicando el principio de jurisdicción universal, no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para aquellas víctimas de su propio país que padecieron abusos graves durante la Guerra Civil y el régimen franquista.”, asegura Beltrán. España: caso insólito En diversos países de Europa, Asia, América Latina y África se ha llevado ante la justicia a  autores de crímenes contra la humanidad. Así, en Nüremberg como en Tokio, los peores criminales de las potencias del Eje, responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la II Guerra Mundial, fueron enjuiciados por hechos contemporáneos a los acontecimientos en España. En América Latina han sido establecidos mecanismos para contribuir al esclarecimiento de la verdad respecto de crímenes perpetrados en los últimos 32 años y, quienes se creían por encima del derecho internacional, se han visto ante procesos penales en jurisdicción nacional o en base a la jurisdicción universal. En España, sin embargo, ha proseguido hasta nuestros días el silencio y la impunidad respecto de crímenes atroces cuyos autores al amparo del régimen franquista no rindieron cuentas. Concluido el régimen y hasta nuestros días, no ha habido una investigación imparcial que aclare los hechos y establezca responsabilidades. Respeto para las víctimas Amnistía Internacional sabe de crímenes atribuidos a autores de ambos bandos durante la Guerra Civil y exige el más alto respeto por la dignidad de todas las víctimas. “Sin embargo, en España, las víctimas fueron divididas. Durante el régimen franquista, la pertenencia real o presunta a un bando o ideología, estableció la diferencia entre beneficios o penalidades para las víctimas de la Guerra Civil, condición que se mantuvo a lo largo del régimen y que se aplicó con igual rigor respecto de la víctimas de masivas violaciones de derechos humanos en los 40 años siguientes, sin que aquellas pudieran contar con recursos elementales para hacer cesar los graves abusos.  Concluido el régimen franquista, la transición y los gobiernos posteriores no modificaron sustancialmente las posiciones establecidas por el régimen franquista con relación a las víctimas.  Así, numerosas víctimas y sus familias fueron privadas del derecho a verdad, justicia ni reparación. En  ningún caso, ha habido una investigación imparcial que aclare los hechos y establezca responsabilidades; y ése es uno de los objetivos que perseguimos con este informe” asegura Beltrán. En España, al igual que en otros rincones del planeta, la lucha contra el olvido respecto de crímenes del pasado ha tenido como protagonistas a las víctimas, sus familias y sus organizaciones. Se trata de una lucha por la dignidad que un Estado comprometido con los derechos humanos debe responder conforme a sus obligaciones internacionales sobre la materia. Recomendaciones de Amnistía Internacional Amnistía Internacional pide al gobierno español que adopte medidas para garantizar la memoria colectiva respecto de los crímenes del pasado, afirmando el derecho a saber y el deber de no olvidar. La preservación de archivos, su acceso y  la inclusión de medidas en el ámbito educativo, son aspectos que el Estado español debe asegurar. Para contribuir a la verdad se deberá estudiar la creación de un órgano oficial temporal de carácter no judicial con el mandato de investigar los crímenes contra el derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, sin que ello sustituya ni sea alternativa al derecho de las víctimas de acudir y acceder a instancia judicial para encontrar verdad, justicia y reparación. En esta línea, el Estado español debe reconocer públicamente que privó de recursos efectivos a ciertas víctimas de la guerra civil española y del régimen franquista, y comprometerse a la rehabilitación de sus derechos. Respecto a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, el gobierno debe asumir su responsabilidad, disponer las normas y mecanismos idóneos,  así como recursos suficientes  para la localización de fosas, exhumación de cadáveres, identificación de restos y su restitución a las familias. La organización considera que debe establecerse una Fiscalía Especializada para impulsar la investigación, contribuir a esclarecer la suerte de las personas desaparecidas y desarrollar todas las acciones propias de la obligación de perseguir los crímenes contra la humanidad. Igualmente, con relación a las personas ejecutadas por sentencias dictadas tras procesos injustos, se deben adoptar las medidas legislativas necesarias dirigidas a su nulidad. La obligación de reparar a las víctimas deberá ser lo más equitativa y completa posible, y acompañada de medidas generales para prevenir los abusos graves de los que se ocupa este informe y para asegurar que nunca más los poderes públicos ignorarán los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.