Es hora de afirmar los derechos humanos de las minorías sexuales y acabar con las declaraciones homófobas

Madrid.- Amnistía Internacional defiende el derecho de todas las personas a estar libres de discriminación en razón de su orientación sexual o identidad de género y ha afirmado que la prohibición de dicha discriminación constituye un principio reconocido internacionalmente que se aplica a toda la amplia gama de derechos humanos que los Estados deben garantizar. "Amnistía Internacional reconoce que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es un tema en el que se ponen en juego cuestiones fundamentales de derechos humanos. Negar a las parejas del mismo sexo reconocimiento civil en pie de igualdad, impide a muchas personas el disfrute de un amplio rango de otros derechos, y estigmatiza tales relaciones en forma tal que alimenta la discriminación y otros abusos en contra de los derechos humanos de las minorías sexuales", ha declarado Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional. La iniciativa legislativa en España sobre matrimonio civil de personas del mismo sexo recoge en su exposición de motivos el principio de igualdad real en el disfrute de derechos sin discriminación alguna. Dicha iniciativa legislativa fue aprobada en abril de 2005 por mayoría en el Congreso de los Diputado, y se encuentra en la actualidad en la fase final de su tramitación en el Senado. A lo largo de su tramitación y debate, pese a que dicha medida se ciñe a la aplicación de un principio reconocido por las normas internacionales de derechos humanos, han surgido voces de protesta. "Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante las declaraciones públicas con alto contenido discriminatorio y homofóbico realizadas por ciertos cargos públicos y algunas autoridades eclesiásticas", continúa Beltrán. La organización ha alertado sobre la estrecha relación entre discriminación y violencia homofóbica. En diversos países en los que se han producido ataques brutales y abusos graves contra personas en razón de su orientación sexual, tales hechos fueron precedidos de expresiones que movilizaron sentimientos homofóbicos a nivel social. Igualmente la organización ha deplorado que, con frecuencia, las cuestiones vinculadas a la sexualidad sean objeto de manipulación con propósitos políticos. "Amnistía Internacional hace un llamamiento para poner fin a la escalada de expresiones discriminatorias contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género en España. A la vez, la organización afirma que en modo alguno la iniciativa legal en trámite vulnera la libertad religiosa de confesión alguna. Es hora de proteger y hacer respetar los derechos humanos de las minorías sexuales. El Estado español debe lanzar un mensaje claro e inequívoco al respecto", asegura Esteban Beltrán. Algunas declaraciones de carácter discriminatorio y homófobo durante la tramitación de la iniciativa legislativa El Consejo del Poder Judicial, en el borrador de informe no solicitado por el gobierno en relación al proyecto de ley, incluyó la siguiente expresión "llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio tan radical como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal". Después de la polémica surgida a partir de esta comparación, en enero de 2005 el CGPJ se ha visto obligado a retirar del texto el paralelismo con los animales. Ante el llamamiento de ciertas autoridades eclesiásticas dirigido en abril de 2005 a las autoridades públicas tras la aprobación en el Congreso de Diputados de la iniciativa legislativa, Lluís Fernando Caldentey, alcalde de Pontos, municipio de Barcelona declaró: "Entiendo que han de tener los mismos derechos, pero para mí un gay es una persona tarada que nace con una deformación psíquica o física". José Gea Escolano, quien hasta la primera semana de junio de 2005 era vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol llegó a comparar la práctica homosexual con el crimen en una carta dirigida al ministro de Defensa, José Bono. El 15 de junio de 2005 en entrevista publicada por el Diario La Razón, el Obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la Comisión Episcopal de la Familia, Mons. Juan Antonio Reig Pla, aseguró que la campaña a favor de los "matrimonios" homosexuales "no es más que la punta del iceberg de un plan demoledor" que busca destruir la civilización cristiana a través de la manipulación del lenguaje, la imposición de la "ideología de género" y de un concepto anárquico de la libertad. El resultado: "la abolición de lo humano", sentencia. El 20 de junio, el Catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense Aquilino Polaino Lorente, citado por el PP en la Comisión de Justicia del Senado para analizar las repercusiones de la ley sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, ha asegurado que "las personas con conducta homosexual padecen una psicopatología, consecuencia de haber sido educados por padres hostiles, alcohólicos, distantes y por madres sobreprotectoras para los niños o frías para las niñas, ausencia de juegos y destrezas motoras, ausencia de identificación con sus iguales del mismo sexo, timidez extrema y haber sufrido abuso sexual o violación por parte de alguno de sus padres". El derecho a no sufrir discriminación está internacionalmente reconocido El derecho de las personas adultas a vincularse voluntariamente en matrimonio se encuentra fundamentado en las normas internacionales de derechos humanos. El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, reconocen dicho derecho. El derecho a no sufrir discriminación es un principio básico claramente subrayado en los principales instrumentos de derechos humanos, incluido el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Los mecanismos temáticos e instancias de Naciones Unidas que vigilan los tratados de derechos humanos, de modo creciente han afirmado la prohibición de discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género.