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Elecciones en un clima marcado por la represión de la disidencia y la conflictividad

Londres.- El 12 de junio se celebrarán las próximas elecciones presidenciales de Irán, a las que concurren los siguientes candidatos: Mahmoud Ahmadineyad, actual presidente; Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica; Mir Hossein Mousavi, ex primer ministro (apoyado por el ex presidente, Mohammad Jatami); y Mehdi Karroubi, ex presidente del Parlamento.

Si bien Amnistía Internacional se congratula de las promesas formuladas por algunos de los candidatos de combatir la discriminación imperante en el país contra las mujeres –cuestión ésta que ha figurado entre las principales del debate político, gracias a la labor de activistas en defensa de los derechos de la mujer– y contra las minorías étnicas y de abordar determinados problemas económicos para mejorar el bienestar de la población, también es necesario hacer frente a otros motivos de preocupación graves en materia de derechos humanos, como son las graves restricciones impuestas a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, los juicios injustos y el frecuente empleo de la pena de muerte (que se aplica también a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad), así como los casos de muerte por lapidación.  

En lo que va de año, Irán ha ejecutado al menos a 194 personas, entre ellas cinco mujeres y tres personas condenadas por delitos que cometieron, presuntamente, cuando tenían menos de 18 años, práctica estrictamente prohibida en virtud del derecho internacional.

Además, en la actualidad se tiene constancia de al menos 140 menores infractores condenados a muerte en Irán.

Asimismo, este año ha muerto por lapidación, como mínimo, una persona en el país, y ello a pesar de una directiva que aprobó en 2002 el presidente de la Magistratura, por la que se ordenaba la suspensión de las lapidaciones. Amnistía Internacional tiene noticia de siete mujeres y tres hombres condenados a muerte por lapidación en estos momentos.

Durante el periodo electoral se ha recrudecido la represión, contra cualquier persona que exprese abiertamente su opinión sobre las elecciones y, contra personas concretas a quienes se considera, de algún modo, opuestas al sistemas, como estudiantes, activistas en defensa de los derechos de la mujer, profesionales del derecho y minorías religiosas no reconocidas oficialmente, entre ellas los bahaíes y los ahl-e haq.

Por otro lado, Amnistía Internacional considera también preocupante que sólo se hayan admitido cuatro candidaturas a las elecciones, excluyendo las restantes, y en particular todas las de mujeres, por motivos discriminatorios. El Consejo de Guardianes es el órgano que analiza todas las candidaturas que optan a las elecciones con el fin de “garantizar su idoneidad para la presidencia”.

El artículo 115 de la Constitución dispone que los candidatos deben ser “personalidades religiosas y políticas” (rejal en persa) y reunir las siguientes características: “origen iraní, nacionalidad iraní, capacidad y recursos como administradores; buena trayectoria; honradez y devoción; así como una sólida fe en los principios fundamentales de la República Islámica de Irán y en la religión oficial del país”.

En anteriores elecciones, la mayoría de los candidatos inscritos –incluidas todas las mujeres– fueron eliminados por no cumplir estos criterios. Al parecer, la exclusión de las mujeres se debió a una interpretación de la palabra rejal con el significado de “hombres”.

En nuestra organización ha producido inquietud el incremento de las detenciones durante estas últimas semanas previas a las elecciones presidenciales, indicativo de una mayor represión contra quienes desean expresar su opinión. A lo largo del periodo preelectoral, Amnistía Internacional ha recibido informes que indican un aumento de las oleadas de detenciones arbitrarias y del hostigamiento, en especial contra integrantes de las comunidades religiosas y étnicas minoritarias de Irán, incluidos los bahaíes y las personas que han abjurado del islam, y contra estudiantes, sindicalistas y activistas en favor de los derechos de las mujeres.

Al encarcelar a la población por el mero hecho de expresar convicciones divergentes, las autoridades iraníes impiden que se celebre un debate libre, lo que constituye uno de los requisitos necesarios para unas elecciones. La ciudadanía debe tener la posibilidad de expresar sin restricciones sus quejas y reivindicaciones, de modo que los candidatos puedan afrontarlas.
  • Jelveh Javaheri, perteneciente a la campaña Un Millón de Firmas (conocida también como Campaña por la Igualdad), que reúne firmas para exigir la igualdad de derechos de las mujeres quedó en libertad bajo fianza el 7 de junio. Esta mujer formaba parte de un grupo de alrededor de 150 personas detenidas el 1 de mayo de 2009, la mayoría de las cuales –incluido Kaveh Mozaffari, periodista y esposo de Jelveh Javaheri, que continúa recluido junto con varias personas más– se encontraban en el parque Laleh de Teherán, donde se celebraba el Día Internacional del Trabajo. Sin embargo, a Jelveh Javaheri la detuvieron en su domicilio y sin orden de detención unos agentes de seguridad que se personaron en la casa, en compañía de su marido, para efectuar un registro. Posteriormente, la acusaron de “atentar contra la seguridad nacional mediante su pertenencia a la campaña Un Millón de firmas y con objeto de alterar el orden y la seguridad públicos". Al menos otras tres mujeres relacionadas con la Campaña por la Igualdad permanecen en prisión, entre ellas Alieh Aghdam-Doust, que cumple una condena de tres años.
  • La campaña de Mir Hossein Mousavi –miembro de la minoría azerbaiyana– ha generado denuncias de racismo debido a un vídeo aparecido en YouTube el 14 de mayo en el que parece que se veía al ex presidente Mohammad Jatami (que apoya a Mousavi) haciendo comentarios despectivos sobre la población azerbaiyana iraní. Mohammad Jatami ha afirmado que el vídeo era un montaje, pero durante los días siguientes a su aparición centenares de activistas azerbaiyanos organizaron concentraciones y protestas para exigirle que se disculpara. Algunas de estas personas fueron detenidas y se encuentran recluidas en régimen de incomunicación.
Por ejemplo, el 22 de mayo, en una concentración organizada por el gobierno que tuvo lugar en el parque El Goli (conocido también como Shah Golu) de la ciudad de Tabriz, al noroeste de Irán, un grupo de azerbaiyanos protestaron contra el vídeo de Jatami y exigieron que se impartiera enseñanza en la lengua túrquica azerbaiyana. Según informes, Ali Reza Farshi, profesor de la Universidad Islámica de Azad en Marand, al noroeste de Tabriz, fue detenido junto con otros 14 manifestantes, y se cree que todos ellos continúan detenidos. Además, de acuerdo con la información disponible, cuatro de los manifestantes sufrieron lesiones y sangraban cuando se los llevaron. No se han recibido noticias sobre su salud.
  • El 27 de mayo, Emad Bahavar, presidente de la sección juvenil del Movimiento por la Libertad de Irán, que hacía campaña en favor del candidato presidencial Mir-Hossein Mousavi, fue detenido como sospechoso de “difundir propaganda contra el sistema”. Más tarde quedó en libertad bajo fianza.
  • Al menos dos estudiantes universitarios detenidos en febrero de 2009 –Abbas Hakimzadeh y Mehdi Mashayekhi– continúan recluidos sin juicio en la Sección 209 de la prisión de Evín, en Teherán, que depende del Ministerio de Información. Otros estudiantes a quienes detuvieron al mismo tiempo y que ya han quedado en libertad, han afirmado haber sido víctimas de tortura durante el periodo de detención. El 28 de abril de 2009, el juez de un Tribunal Revolucionario declaró que ocho estudiantes, entre los que figuraban los que siguen detenidos, habían sido acusados de cooperar con la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, grupo de oposición en el exilio. El juez afirmó que los estudiantes pretendían llevar a cabo actividades en la universidad durante las elecciones.
  • Tras un encarnizado enfrentamiento entre miembros del Partido por una Vida Libre en Kurdistán (PJAK), grupo armado kurdo de oposición, y las fuerzas de seguridad, en el que murieron al menos 18 policías, se informó de la detención de decenas de personas de etnia kurda. Asimismo, parece que otras fueron detenidas tras una visita de ocho días a la provincia del Kurdistán realizada por el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, a mediados de mayo.
  • Durante el periodo previo a las elecciones se han intensificado los actos de violencia en la provincia de Sistán Baluchistán, en el sureste de Irán. Un miembro del grupo armado baluchi Movimiento de Resistencia Popular de Irán perpetró un atentado suicida con explosivos en una mezquita de la capital provincial, Zahedán, el 28 de mayo. Según informes, murieron hasta 25 personas y decenas más resultaron heridas. El grupo dijo que el atentado respondía a la ejecución de varios clérigos sunníes en los últimos años. Amnistía Internacional condenó el atentado.
Menos de 48 horas después del atentado, tres hombres fueron ahorcados en público cerca del lugar de los hechos. Se dijo que eran responsables de él, pero posteriormente se descubrió que los tres estaban en prisión cuando se cometió, sin bien habían “confesado” haber proporcionado los explosivos. Más tarde estallaron nuevos disturbios, en los que murieron hasta 10 personas y se llevaron a cabo decenas de detenciones.
La minoría baluchi de Irán, al igual que otras minorías, sufre discriminación por parte de las autoridades del Estado, lo que se refleja en graves violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales. Esta etnia vive principalmente en las provincias de Sistán Baluchistán y Kermán y se cree que constituye entre el uno y el tres por ciento de la población total del país, de alrededor de 70 millones. Sus miembros son principalmente musulmanes sunníes, mientras que la mayoría de la población de Irán es chií.
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