Tortura. Se siguen recibiendo denuncias de esta práctica, la mayoría con componentes racistas, y siguen sin ponerse en marcha las recomendaciones de organismos internacionales. Para ello, debe reformarse la ley de enjuiciamiento criminal, eliminando el régimen de incomunicación, que favorece la práctica de la tortura, y mientras tanto, aplicar las recomendaciones de estos organismos. En todo caso, los interrogatorios deben ser grabados, bajo control judicial, tanto para proteger a los detenidos, como a los agentes que falsamente puedan ser acusados de tortura. Racismo e inmigración. Ante el incremento de los comportamientos racistas y xenófobos en la sociedad, el gobierno debería crear un Plan Estatal de lucha contra este problema. Igualmente, el gobierno no ha corregido el recorte de libertades de los derechos fundamentales de los refugiados e inmigrantes. Deben reconocerse los derechos de reunión, asociación y huelga de los inmigrantes, así como los derechos de los solicitantes de asilo que huyen de persecución por motivos de género, orientación sexual o de persecución por agentes no estatales. Convenios Internacionales. El gobierno, una vez expresado su respaldo al multilateralismo y sistema de Naciones Unidas, además de ratificar el recién firmado Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura, debe firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y de los Miembros de su Familia, asimismo tiene que ratificar los protocolos 4, 7 , 12 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Acuerdo sobre Privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional. Comercio de Armas. Debe elaborarse un proyecto de Ley sobre comercio de armas para su debate y aprobación por el Parlamento, que asegure el máximo control de las transferencias españolas de material militar, policial y de seguridad, así como de productos y tecnologías de doble uso a otros países, garantizando el respeto del Código de Conducta de la Unión Europea y la máxima transparencia en la información oficial que se ofrece sobre estas transferencias.
Guerra Civil y Franquismo. A Amnistía Internacional le inquieta que sólo pudieran ponerse en práctica los anuncios del gobierno sobre medidas limitadas a reconocimientos simbólicos y morales hacia las víctimas de la guerra civil y del franquismo. La organización solicita más medidas para garantizar la memoria colectiva respecto de los crímenes y abusos graves cometidos durante la guerra civil y el régimen franquista, afirmando el derecho a saber y el deber de no olvidar como patrimonio de las actuales y las nuevas generaciones.
Violencia contra las mujeres. Tiene que garantizarse el derecho de las víctimas a obtener una reparación justa y adecuada: una compensación económica, una completa rehabilitación, y garantías de no repetición. Todas las víctimas tienen que tener acceso a recursos adecuados y especializados, sin discriminación, especialmente aquellas mujeres que pertenecen a colectivos vulnerables, como las inmigrantes indocumentadas.
Casos urgentes. El gobierno debe establecer un mecanismo de respuesta rápida gubernamental para casos urgentes de pena de muerte, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en especial cuando se trata de defensores de los derechos humanos, que permita la puesta en práctica efectiva de las Directrices de la Unión Europea sobre estos temas.
Empresas. Hay que promover iniciativas legislativas que regulen la responsabilidad de las empresas españolas en materia de derechos humanos. Educación. La enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos debe ser un componente explícito en la Ley Orgánica de Educación, a través de una asignatura obligatoria en todos los niveles educativos, con contenidos específicos. Los derechos humanos deben estar incluidos de manera obligatoria en la formación del profesorado, en especial de Magisterio, Pedagogía y Ciencias de la Educación.Avances del Gobierno español en el primer año de legislatura
