La escalada de violencia vivida en los últimos días en la zona conocida como los departamentos de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Chiquisaca, Beni y Pando) hace temer seriamente por la situación de los derechos humanos en el país.
La violencia ha estallado en varias etapas de un proceso de reforma de la Constitución iniciado en 2006, y ha ido surgiendo a medida que las sensibilidades regionales en torno a la cuestión de la autonomía han ido conduciendo a una polarización de las respuestas. Uno de los motivos subyacentes de estas tensiones es la discriminación y el racismo contra la población indígena de Bolivia.
El reciente referéndum, celebrado el 10 de agosto de 2008, validó el mandato del actual presidente, Evo Morales, pero también demostró una cierta consolidación del apoyo a los prefectos regionales de la oposición. Las protestas y la violencia previas al referéndum quedaron momentáneamente silenciadas, pero han resurgido una vez más, al parecer exacerbadas por la polarización política puesta de manifiesto en el referéndum. Según algunos informes, ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas en enfrentamientos cerca de Cobija, en el departamento de Pando, el 11 de septiembre.
Grupos parapoliciales de Santa Cruz, entre los que al parecer se encuentra la Unión Juvenil Crucenista, han atacado medios de comunicación y ONG, en especial aquellas que trabajan con comunidades indígenas para ayudarlas a defender sus derechos humanos. Una ONG, CEJIS, ha sufrido, en los últimos cinco años, 15 ataques, que han culminado con el asalto contra sus oficinas el 9 de septiembre.
El gobierno nacional parece no haber sido capaz de sofocar las protestas violentas. Varios prefectos y líderes cívicos han justificado públicamente el recurso a la fuerza para promover la autonomía de los departamentos de la “media luna”, aunque recientemente han tratado de distanciarse de las violentas tácticas de los grupos parapoliciales.
“La intervención del gobierno es fundamental para mantener el Estado de derecho en Bolivia, y debe llevarse a cabo respetando plenamente los derechos humanos”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. Todas las partes de la actual situación de violencia tienen la responsabilidad de garantizar que el clima de tensión y violencia no empeora, y que los derechos humanos y el Estado de derecho, tal como los garantiza la Constitución, se respetan en todas las etapas para encontrar una solución sostenible a la actual crisis.
