Amnistía Internacional ha declarado que la decisión del presidente Álvaro Uribe de poner en libertad a Rodrigo Granda, "representante diplomático" del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condenado el pasado año por rebelión, así como a otros 200 presos de las FARC condenados por diversos delitos relacionados con el conflicto, no debe preparar el terreno para la excarcelación incondicional de paramilitares y guerrilleros sometidos a investigaciones judiciales en curso por abusos graves contra los derechos humanos.
Las autoridades judiciales deben seguir investigando y, si hay pruebas admisibles suficientes, enjuiciando a quienes, por medio de su apoyo político y económico a estos grupos, están relacionados con abusos contra los derechos humanos.
Más de una decena de miembros del Congreso colombiano están detenidos actualmente mientras se investigan sus presuntos lazos con los paramilitares y su posible relación con violaciones de derechos humanos. Resultan muy preocupantes las informaciones publicadas por la prensa que sugieren que el gobierno podría estar planeando poner en libertad también y, posiblemente, conceder amnistías de hecho, a estos miembros del Congreso antes de que finalicen las investigaciones judiciales en curso.
Colombia sufre desde hace décadas una impunidad endémica, pues muy pocos autores de abusos contra los derechos humanos –sean guerrilleros, paramilitares o quienes los apoyan– han comparecido ante la justicia por abusos graves, que incluyen el homicidio ilegítimo y la desaparición forzada de decenas de miles de civiles en el curso de los 40 años conflicto armado en Colombia.
Amnistía Internacional considera que para superar la larga crisis de derechos humanos de Colombia, el desarme y la desmovilización efectivos tanto de los grupos paramilitares como de los guerrilleros no debe realizarse a expensas del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por tanto, el gobierno no debe injerirse en las actuaciones judiciales abiertas para revelar la verdad sobre los abusos contra los derechos humanos y hacer que los perpetradores respondan ante la justicia. De lo contrario, debilitará el Estado de derecho y exacerbará aún más el ya elevado grado de impunidad.
Amnistía Internacional acoge con beneplácito las investigaciones que están realizando la Corte Suprema de Justicia, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación sobre los posibles lazos de políticos influyentes, altos cargos públicos y militares de alta graduación con grupos paramilitares acusados de abusos contra los derechos humanos.
Sin embargo, la organización considera que estas investigaciones, más centradas en denuncias de abusos cometidos que en los que se están cometiendo actualmente y en los lazos que unen a funcionarios del Estado con los paramilitares, no deben impedirnos ver la realidad de la situación actual de los derechos humanos, en la que cientos de miles de civiles siguen siendo desplazados por la fuerza y miles de personas más son víctimas de abusos que cometen todas las partes del conflicto, incluidos homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas, y en la que sigue habiendo pruebas contundentes de la connivencia de las fuerzas de seguridad y los paramilitares.
La organización ha declarado que aunque la búsqueda de la verdad y la justicia en cualquier situación de conflicto está erizada de dificultades y obstáculos, para que este proceso tenga un éxito real los derechos humanos deben constituir su núcleo. Investigar y hacer que comparezcan ante la justicia los autores de abusos graves de derechos humanos debe ser el elemento crucial para lograr una paz justa y duradera.
