Madrid/Barcelona.- El Gobierno español ha incumplido su compromiso de presentar un proyecto de ley de comercio de armas en el plazo de un año que dio el Congreso de los Diputados. El plazo –que se cumple hoy– fue establecido por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios en una Proposición No de Ley (PNdL) aprobada el 13 de diciembre de 2005. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam denuncian este incumplimiento y piden al Gobierno que acelere la presentación del proyecto de ley para su aprobación lo antes posible. “El año en que se batirá el récord mundial de gasto en armamento ha sido también el año en el que Naciones Unidas ha sentado las bases de un futuro Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, y podría haber sido el año en el que el Parlamento español hubiera debatido y aprobado una ley para el control y la transparencia de las exportaciones de armas. Sin embargo, el Gobierno, que ha tenido doce meses para preparar el proyecto de ley, ha desoído al Parlamento y a los ciudadanos que piden más control para este comercio letal”, ha dicho Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de transparencia en las ventas españolas de armas y material de defensa, y el incumplimiento del Código de Conducta de la Unión Europea con la venta de armamento a países como Colombia, Haití, EEUU, Indonesia e Israel. En total, cerca del 30 por ciento de los destinos de las armas españolas no superarían la aplicación estricta del Código de Conducta, por el que los países europeos se han comprometido a no vender armas a países en conflicto, en los que se violen los derechos humanos o en los que impere la pobreza. “Necesitamos una ley que incluya medidas concretas para el control del comercio de armas, desde los criterios para evitar que lleguen a ciertos países hasta cómo deben ser las licencias del Gobierno en todo el proceso de comercialización de armas, incluidas la producción, la intermediación y la exportación. Además, el Gobierno debería incorporar en la ley las mejores prácticas de países vecinos y los acuerdos internacionales suscritos por España, para que esta ley sea la más avanzada”, explica Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “No sólo se venden armas a quien no debe tenerlas. Tampoco sabemos cuánto material de defensa se está prestando o regalando, y no sabemos si se están vendiendo botes de humo o misiles a un país como Colombia porque la información que da el Gobierno no es lo suficientemente transparente. La ley tiene que servir para subsanar todo esto”, explica Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam. Datos oficiales y no oficiales Según los últimos datos oficiales, en 2005 España vendió armas y material de defensa por valor de 419 millones de euros a 48 países, entre ellos países en conflicto o en los que se violan sistemáticamente los derechos humanos. También vendió tecnologías y productos de doble uso a 56 países por valor de 58 millones de euros. Entre estas últimas ventas destacan las transferencias a China de material nuclear, que podría incluir reactores y uranio empobrecido. En cuanto a las ventas conocidas, pero que no aparecen en los datos oficiales, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam han mostrado su preocupación en especial por la venta de 6 aviones C-212MP Aviocar a Indonesia. Estos aviones han sido enviados por piezas y ensamblados en el lugar de destino. También preocupa el hecho de que España sea el primer exportador mundial de municiones a África Subsahariana, y esas ventas no tengan control alguno. Por ejemplo, se vendieron 37 millones de cartuchos a Ghana en 2004, pero esas ventas ni siquiera precisan autorización por parte del Gobierno porque se considera munición para caza. Las ONG piden al Gobierno que siga el ejemplo de países como Francia e incluya en la ley la necesidad de mecanismos de control sobre esas transferencias. La ley debe incluir, al menos, los siguientes elementos: · Un procedimiento transparente para la autorización de transferencias, que incorpore un mecanismo de control periódico por el Congreso de los Diputados.
· Garantías para que ese procedimiento se base en la aplicación estricta y la interpretación escrupulosa de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.
· Indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener el informe oficial sobre las estadísticas españolas de transferencias de material de defensa y doble uso, y que debe estar en consonancia con las mejores prácticas en materia de transparencia de otros países de la Unión Europea.
