El Gobierno español puede contribuir a acabar con el clima de terror, violencia e impunidad en Haití

Londres/Madrid.- El envío de una nueva Misión de las Naciones Unidas a Haití este mes representa una gran ocasión -y tal vez la última oportunidad- de romper el ciclo de violencia e impunidad que impera en Haití desde hace muchos años. España puede contribuir a ello si se confirma su participación en la misma. Ante el anuncio del Gobierno español de proponer al Parlamento la participación española en esta Misión, la Sección Española de Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Ministro de Asuntos Exteriores español para solicitarle que, en caso de participar en esta nueva Misión, se asegure que ésta coopera con las autoridades haitianas para lograr el desarme de los grupos que poseen armas y siembran el terror en la población, que quienes han llevado a cabo abusos contra los derechos humanos son llevados ante la justicia, que no prevalezca el clima de impunidad y que se aborde de forma urgente la reconstrucción de un sistema judicial efectivo e independiente, así como unas fuerzas policiales y un sistema de prisiones que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos. Estas peticiones aparecen reflejadas en el informe de Amnistía Internacional “Haití Romper el ciclo de violencia: ¿Última oportunidad para Haití?” publicado hoy, donde la organización denuncia el clima de inseguridad y el miedo profundos que siguen atenazando al país después de transcurridos casi cuatro meses de la última crisis política que sumió Haití prácticamente en un estado de anarquía; y en el que se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que coopere con la nueva Misión de Naciones Unidas. El informe se muestra crítico con la presencia en el país de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) con mandato de la ONU, que duró tres meses. “La Fuerza Multinacional Provisional no hizo mucho por ayudar a la Policía Nacional de Haití a imponer seguridad en el país y mantener el orden público, y prácticamente no hizo nada para poner en marcha un plan general de desarme”. Ahora le corresponde a la nueva Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) asistir a la policía haitiana en la tarea de desarmar a todos los grupos armados, proteger a la población civil y ayudar a reconstruir la administración de justicia. “La comunidad internacional debe estar dispuesta a aportar personal, formación, experiencia y fondos a esta nueva misión. Para obtener éxito, el compromiso debe ser a largo plazo y desde luego rebasar el actual mandato de seis meses de la misión. Sin embargo, este apoyo debe ser correspondido con un compromiso idéntico por parte de las autoridades haitianas, quienes han de demostrar a los ciudadanos de su país que tienen derecho a que se imparta justicia y que nadie está por encima de la ley” ha señalado Amnistía Internacional. Basado en las conclusiones de la primera delegación de Amnistía Internacional que visitó Haití desde la marcha del ex presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero, el informe señala los problemas fundamentales a los que se enfrentan tanto el gobierno provisional de Haití como la nueva Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). En vista de que unos 25.000 haitianos, según cálculos, poseen un arma y los grupos armados aún tienen el control de gran parte del territorio, Amnistía Internacional ha pedido un programa global de desarme en todo el territorio nacional. “Es preciso romper el ciclo de impunidad. Los sucesivos gobiernos haitianos han permitido que los autores de abusos contra los derechos humanos eludan la acción de la justicia. Rara vez se investigan debidamente los delitos contra los derechos humanos, aún son menos las ocasiones en que se procesa a los culpables, y la situación en Haití demuestra con toda claridad que lo que se hace impunemente puede repetirse sin miedo”. Para acabar con la impunidad se debe aplicar y hacer respetar con imparcialidad el Estado de derecho. El gobierno provisional ha comenzado enseguida a detener a miembros del partido del ex presidente Aristide -Familia Lavalas- sospechosos de cometer actos de violencia o corrupción.  Sin embargo, no ha actuado contra diversos autores de graves violaciones de derechos humanos que habían sido condenados por ello y que fueron liberados de prisión con anterioridad o durante los recientes actos de insurgencia, algunos de los cuales han reaparecido como jefes de grupos rebeldes. Ninguno de ellos ha vuelto a ser detenido y, según los informes recibidos, algunos están atemorizando a sus víctimas y a otros implicados en su procesamiento. Dado el historial de abusos contra los derechos humanos del ejército en el pasado, existe gran inquietud por la decisión del gobierno provisional haitiano de incorporar a antiguos miembros del ejército a la Policía Nacional de Haití. La inseguridad, la impunidad y la parcialidad han fomentado los ataques contra la libertad de prensa y las amenazas contra defensores de los derechos humanos. Varios periodistas han sido detenidos y golpeados en antiguas zonas rebeldes de Haití tras denunciar abusos cometidos por los rebeldes, y se han clausurado medios de comunicación favorables a Aristide como Radio y Tele Timoun. “Si Haití no es capaz de demostrar que nadie está por encima de la ley, y que la ley se aplica imparcialmente tanto a partidarios como a detractores del gobierno, la impunidad seguirá reinando y no tendrán fin la violencia y la inestabilidad que asolan Haití desde hace tanto tiempo” ha afirmado Amnistía Internacional.