El Gobierno español exporta obuses a 10 países africanos como si fueran munición para caza

España exporta a países africanos armamento que el Gobierno asegura que es para caza y tiro deportivo. Sin embargo, según una investigación reciente de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, las exportaciones a 10 países africanos son, en realidad, obuses. Esta es una de las conclusiones principales del informe sobre Exportaciones de Armas Españolas 2002, divulgado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la propia Escuela de Cultura de Paz. ¿Cazando leones a cañonazos? El Gobierno español asegura que las municiones exportadas a Ghana, Guinea Conakry, República Centroafricana, Mauritania, Costa de Marfil, Senegal, Guinea Bissau, Angola, Burkina Faso y Camerún no es material militar. La Escuela de Cultura de Paz ha podido saber, a través del Registro de Aduanas de la Agencia Tributaria, que cada uno de estos cartuchos exportados pesa una media de 40 kilos y tienen un importe de 120 euros la unidad. Daniel Luz, investigador de la Escuela de Cultura de Paz y experto en armas, explica que "no existe munición de caza o tiro deportivo con ese peso y ese precio. El cartucho de caza más pesado, para cazar jabalíes o ciervos, es de 60 gramos. Sin duda, si hablamos de 40 kilos de peso por unidad, tiene que tratarse de obuses". Estas exportaciones de municiones a países africanos ascendieron a algo más de 4 millones de euros en 2002, de los cuales 2,7 millones se exportaron a un solo país: Ghana. Se da la circunstancia, además, que 8 de estos 10 países pertenecen a la Comunidad Económica de Estados del África del Oeste (ECOWAS), organismo que decidió establecer por propia voluntad de sus gobiernos una moratoria -aún en vigor- en las importaciones de armas ligeras y municiones. El problema de fondo estriba en que el Gobierno español, contrariamente a los criterios de la Unión Europea, no considera armamento distintos productos como las municiones, los aviones de transporte militar o los aparatos de entrenamiento militar. Al no quedar catalogados como armamento, estas exportaciones evitan los controles, eximen al Gobierno de dar explicaciones sobre ellas al Congreso, y dificultan la labor de investigación. Las exportaciones reconocidas crecen casi un 20% Por otro lado, según cifras aportadas por el Gobierno, las exportaciones españolas de armamento en 2002 ascendieron a un total de 274,7 millones de euros, lo cual supone un incremento del 18,8% respecto al año anterior. A parte del caso de las municiones vendidas supuestamente como material de caza, Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Escuela de Cultura de Paz señalan cuatro puntos negros de las exportaciones españolas: •  El Gobierno reconoce haber exportado armamento a países en conflicto, en situación de posguerra o que no respetan los derechos humanos, como India, Pakistán, Israel, Sri Lanka, Marruecos y Angola, por un valor global de 14 millones de euros, lo cual contraviene el Código de Conducta de la UE. Especial atención merece el caso de Angola, país al cual España vendió obuses precisamente en los días -abril de 2002- en que se estaban llevando a cabo las negociaciones internas de paz que debían concluir con 40 años de guerra en el país. Además, España también vendió a Angola 8 helicópteros por valor de 1,1 millones de euros. •  El Gobierno no contempla en su informe anual otras exportaciones de armamento que se llevaron a cabo durante el 2002, y que también afectan a países en conflicto o sin garantías para los derechos humanos. Destacan la exportación de dos aviones CN-235 a Colombia por valor de 11 millones de dólares, la venta de 6 aviones a Turquía por un valor de más de 100 millones y municiones por valor de 3 millones de euros, y la exportación de 200.000 euros en pistolas a Filipinas. •  El informe de las ONG señala también que "se aprecia un importante retroceso en la información facilitada por el Gobierno español" y que se agudiza "la situación de falta de transparencia" . Este proceso de falta de transparencia se percibe también en los datos de las empresas españolas de armamento y del Instituto de Crédito Exterior (ICEX). Además, el retraso con el que el Gobierno informa al Congreso de los Diputados aborta cualquier intento de llevar a cabo una política preventiva.