Madrid.- El Gobierno español margina los derechos humanos en sus relaciones con países como Rusia, China, Estados Unidos y Colombia, primando intereses políticos, estratégicos y económicos, e incluso, en algunos casos, además presta apoyo político a acciones que puedan acabar en vulneraciones de derechos humanos. Ésta es la principal conclusión del Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno Español 2006-2007 “¿Hasta dónde llega el compromiso con los derechos humanos en el exterior?”, publicado hoy por Amnistía Internacional (AI). Como hecho positivo de la política exterior española en los dos últimos años, la organización valora favorablemente el apoyo del Ejecutivo a la defensa de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, que ha quedado plasmado por ejemplo, en el aumento de la contribución española a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, convirtiéndose en el cuarto país donante. “Sin embargo, aunque hay una apoyo por parte del Gobierno español al sistema internacional de derechos humanos, con aquellos países en los que el ejecutivo tiene intereses económicos como en China, energéticos como en la Federación Rusa, o cuando el interés es mejorar las relaciones bilaterales como con Estados Unidos, los derechos humanos en este tipo de relaciones están ausentes”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Relaciones con países con graves violaciones de derechos humanos Amnistía Internacional ha analizado las relaciones bilaterales de los dos últimos años del Gobierno español con algunos países en los que se producen graves violaciones de derechos humanos.
- China. En un contexto en el que las exportaciones españolas a China crecieron en 2005 y 2006 más del 40%, y en 2005 se firmó el acuerdo de Asociación Estratégica Integral hispano-china, con el que se han firmado convenios como el Tratado de Extradición con China, las preocupaciones de Amnistía Internacional son grandes. Aunque el Gobierno español se comprometió a no realizar extradiciones para aquellos delitos penados con pena de muerte, preocupa cómo lo pueden garantizar, si las estadísticas de pena de muerte no son públicas, y muchas condenas se dictan en juicios injustos. La organización no sólo constata la falta de acciones claras y visibles por parte del Gobierno español destinadas a promover los derechos humanos en China, sino que a veces sus decisiones indican todo lo contrario, como por ejemplo, el rechazo a una solicitud para que dos defensores de derechos humanos chinos pudieran residir en España temporalmente y evitaran ser detenidos entre la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular en marzo de 2007 y el aniversario de las protestas de Tiananmen en junio.
- Rusia. En un contexto en el que durante los últimos 5 años, Rusia ha sido el principal suministrador de crudo a España. En 2006, suministró el 19’5% del total del crudo importado. Los activistas de derechos humanos y periodistas son hostigados, amenazados, sometidos a procesos judiciales infundados, y en algún caso hasta asesinados, como ocurrió con Anna Politkovskaya en octubre de 2006. Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno español no sólo no pone en marcha ninguna acción para exigir el respeto de los derechos humanos en este país, sino que además, a petición del Gobierno ruso, el pasado mes de septiembre, durante una reunión sobre víctimas del terrorismo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), presidida por España, negó a la ONG de derechos humanos Sociedad de Amistad Ruso-Chechena su participación en el evento, pese a tratarse de una organización internacionalmente reconocida por su labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos en el conflicto checheno.
- Estados Unidos. Amnistía Internacional dio la bienvenida a la petición del cierre de Guantánamo por parte de la Vicepresidenta de Gobierno, al destacar que “...la lucha contra el terrorismo sólo puede llevarse desde el respeto escrupuloso al Estado de Derecho”. Pero más de 350 personas siguen encerradas sin juicio en este centro de detención, algunas desde hace seis años. Más de 39 personas siguen “desaparecidas” en el marco de la “guerra contra el terror”, entre ellas el español Setmarian Nasar. Y se ha desvelado complicidad y tolerancia de Gobiernos europeos con las “entregas extraordinarias” a través de vuelos secretos de la CIA, que también pasaron por España. Y sin embargo, el pasado 23 de septiembre, los Gobiernos de Estados Unidos y España firmaron un protocolo clasificado para intercambiar información sobre la detención de “terroristas y sospechosos de participar en actividades terroristas”.
- Colombia. Se trata del país del mundo, donde más sindicalistas son asesinados. En los últimos 20 años, se han cometido más de 2000 homicidios y al menos 138 “desapariciones”. En 2002, se puso en marcha la Ley de Justicia y Paz, una ley que está permitiendo la supuesta desmovilización de más de 30.000 miembros de grupos militares, sin que respondan ante la justicia por las violaciones de derechos humanos. Sólo 2.600 paramilitares del total tendrían derecho a que se les aplique esta ley. El resto se está beneficiando de una amnistía de facto. Amnistía Internacional ha denunciado claros indicios de que estos paramilitares siguen cometiendo violaciones de derechos humanos. Pese a ello, el Gobierno español, no sólo no condena esta ley que fomenta la impunidad, sino que sigue defendiéndola ante la Unión Europea, y en cumbres iberoamericanas.
¿Y el Plan Nacional de Derechos Humanos? A punto de terminar la legislatura, y pese a tratarse de una promesa electoral, Amnistía Internacional se encuentra decepcionada por la ausencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos que dé respuesta a los retos de España en política interior y exterior. “Si no hay un cambio radical en este sentido, esta omisión puede ser uno de los mayores incumplimientos del Gobierno en materia de derechos humanos. Es alarmante que se hayan impulsado planes de actuación en numerosos sectores de la política exterior y la cooperación, pero no en derechos humanos. La ausencia de un plan, impide la evaluación del impacto real de la política exterior española sobre los derechos humanos, si ésta tiene efectos concretos o se basa en una mera declaración de intenciones”, asegura Esteban Beltrán. Aspectos positivos de la política exterior Amnistía Internacional valora positivamente diversas acciones del Gobierno español en el ámbito multilateral, como son el aumento de la contribución a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o su firme posición a favor de abolir la pena de muerte, apoyando en la Asamblea General de Naciones Unidos una moratoria mundial para establecer el fin de las ejecuciones. Igualmente, Amnistía Internacional valora positivamente que el Gobierno español apoye el sistema de protección de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, con acciones como la firma de la Convención de Desapariciones Forzadas, la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, y el apoyo a la resolución de Naciones Unidas para impulsar un Tratado Internacional para el Control del Comercio de Armas.
Recomendaciones de Amnistía Internacional En el informe presentado hoy, Amnistía Internacional propone al Gobierno 44 medidas a tener en cuenta en la política exterior, las más urgentes y necesarias son:
- Que el Gobierno presente un borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos a los organismos de la sociedad civil antes de que acabe la legislatura, en el que se incluyan las metas de la política exterior e interior en materia de derechos humanos.
- Que todos los acuerdos bilaterales con países con graves violaciones de derechos humanos, incluyan cláusulas de derechos humanos y mecanismos de evaluación periódicos que permitan verificar mejoras objetivas de la situación de los mismos.
