El gobierno español debe mejorar su historial en lo que respecta a la protección de los derechos de las mujeres. Cuando el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se dispone a examinar el quinto informe periódico de España, Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno del país que se ocupe de la cuestión de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Más de dos millones de mujeres han sufrido últimamente en España violencia física, psicológica o de ambas clases a manos de su pareja, y el 97 por ciento de las mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito familiar no lo denuncian. Este año han muerto ya 32 mujeres a causa de esta violencia. “El Comité de la ONU ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia en el ámbito familiar que parece haberse producido en años anteriores”, ha manifestado Amnistía Internacional. “En los dos últimos años las autoridades españolas no han hecho lo suficiente con respecto a los motivos de preocupación de la ONU. El nuevo gobierno, que comenzó su mandato en marzo de 2004, debe intensificar sus esfuerzos en este sentido.” En el informe España: Resumen informativo de Amnistía Internacional con relación al quinto informe periódico que presenta España ante el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, Amnistía Internacional examina cómo y en qué medida han cumplido las autoridades españolas su obligaciones internacionales en los últimos dos años. La organización se sirve de él para presentar al Comité de la ONU diversas recomendaciones que las autoridades españolas deben aplicar para combatir de manera más eficaz la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Amnistía Internacional sigue recibiendo información sobre falta de medidas efectivas de protección de los derechos humanos de las mujeres. Este hecho es especialmente manifiesto en el caso de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, como demuestran los ejemplos siguientes: “Alicia Aristegui, residente en Villava, Navarra, fue apuñalada por su marido el 9 de abril de 2002, por no haberse comunicado nunca a la Policía Local para su ejecución la orden de alejamiento dictada contra él. Tras 14 años de abusos, Alicia había buscado refugio en un centro de acogida público. Tanto ella como sus familiares habían informado de que su marido había amenazado repetidas veces con matarla”. “Mar Herrero fue asesinada el 13 de octubre de 1999 en Madrid por su ex compañero, que había sido puesto en libertad condicional en contra de la opinión del psicólogo de la prisión donde cumplía condena por haber intentado matar a otra mujer de la que había sido pareja anteriormente. Mar Herrero había informado a la policía de que estaba siendo acosada y amenazada, y la fiscalía había solicitado la anulación de la libertad condicional, que fue denegada siete días antes del asesinato”. En ambos casos, las autoridades negaron toda responsabilidad por falta de protección a las víctimas. En el de Mar Herrero, en mayo de 2003 el Tribunal Supremo anuló una orden de indemnización a la familia de la víctima. “El gobierno español debe tomar medidas para prevenir tales hechos –ha señalado Amnistía Internacional–. Tiene que garantizar que los funcionarios del Estado asumen su responsabilidad en vez de eludirla alegando deficiencias burocráticas. Si no protegen a las víctimas de violencia contra las mujeres se les deben exigir responsabilidades.”
- Falta de investigaciones sobre las necesidades de las víctimas de violencia contra las mujeres y de los grupos más vulnerables de mujeres, como las inmigrantes, las mujeres objeto de trata, las mujeres de zonas rurales y las mujeres con discapacidad.
- Falta de coordinación entre las autonomías y el gobierno central.
- Falta de centros de acogida públicos.
- Falta de medios para la aplicación de medidas con que combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, distribución desigual entre las regiones de los medios disponibles y falta de transparencia en su uso.
- Falta de medidas para erradicar estereotipos tradicionales que perpetúan directa e indirectamente la violencia contra las mujeres.
- Falta de participación de las mujeres y las organizaciones no gubernamentales en el proceso de elaboración de políticas sobre la violencia contra las mujeres.
- Falta de formación de los profesionales de la salud en el trabajo con víctimas de violencia contra las mujeres.
- Falta de medidas efectivas de protección de las mujeres que presentan denuncias y falta de reparación a las víctimas.
- Impunidad de los funcionarios del Estado y falta de asistencia legislativa a las víctimas.
