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El Gobierno debe asegurar un futuro para las personas desplazadas

Niño recogiendo agua de un grifo comunal en un asentamiento para desplazados internos en Tsilkani, Georgia, julio de 2009 © Amnistía Internacional

Llevo 20 años de mi vida en esta habitación diminuta en condiciones terribles […] Mi esposo y yo seguimos esperando y nadie nos ha dicho nada. Puede que no me queden muchos años de vida, pero quiero pasar por lo menos el resto de mi vida en condiciones decentes.
Izolda, de 69 años, residente de un centro colectivo de Tiflis
Tiflis.- Las autoridades georgianas deben hacer más que el mínimo indispensable para proporcionar una vivienda adecuada, empleo y acceso a la atención para la salud a las personas desplazadas por los conflictos de la década de 1990 y la guerra con Rusia de agosto de 2008, ha declarado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.  

El informe, titulado “In the waiting room: Internally displaced people in Georgia”, documenta la lucha de miles de personas desplazadas durante los conflictos para tener acceso a servicios básicos.

“Las personas desplazadas necesitan algo más que un techo. Necesitan que el Gobierno garantice empleo, acceso a la atención para la salud y prestaciones. También necesitan que se las consulte y poder tomar las decisiones que afectan a su vida”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Las personas desplazadas tienen derecho a regresar a su hogar con dignidad y sin riesgos. Sin embargo, el Gobierno tiene la obligación de reintegrar o reasentar en otras partes del país a quienes no pueden o no desean hacerlo.”

Cerca del 6 por ciento de la población de Georgia (unas 246.000 personas) son desplazadas internas. De ellas, alrededor de 220.000 abandonaron sus hogares durante los conflictos que afectaron al país a principios de la década de 1990.

Otras 128.000 personas huyeron de Osetia del Sur y del Kodori Gorge de Abjazia durante la guerra entre Georgia y Rusia de agosto de 2008 y posteriormente. La mayoría de ellas ha regresado a sus casas, pero todavía hay 26.000 personas que no pueden retornar y que no podrán hacerlo en un futuro próximo.

En 2007, el Gobierno de Georgia comenzó a elaborar y a implantar, con la ayuda internacional, programas destinados a proporcionar una vivienda duradera a las personas desplazadas.

Sin embargo, muchas de las personas que huyeron de sus hogares hace casi dos décadas siguen viviendo en hospitales o barracones militares, sin unas condiciones higiénicas básicas y sin privacidad. Algunos de los nuevos asentamientos están en zonas rurales que carecen de infraestructuras esenciales.

La ayuda del Gobierno no ha llegado aún a quienes viven con familiares o en apartamentos de alquiler. Muchos se quejan de que no se les ha consultado sobre medidas que afectan directamente a su vida.

“Todas las personas desplazadas siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. Las personas desplazadas necesitan soluciones duraderas y con rapidez, para poder reanudar su vida”, ha afirmado Nicola Duckworth.

Las personas desplazadas sufren una tasa elevada de desempleo y sigue sin haber programas gubernamentales completos que aborden este problema.

La precariedad de las condiciones de vida y la pobreza debilitan la salud de estas personas, mientras la falta de información y los costes de los tratamientos médicos dificultan aún más su acceso a la atención para la salud.

“El Gobierno de Georgia ha adoptado medidas importantes, pero las soluciones relativas a la vivienda tienen que ir acompañadas de atención para la salud, empleo y oportunidades para encontrar medios de subsistencia. Este es el único modo de integrar plenamente a las decenas de miles de ciudadanos que siguen viviendo en el limbo”, concluyó Nicola Duckworth.

Como dijo a Amnistía Internacional Iza, desplazada que vive en un centro colectivo de Kutaisi:

Hace diecisiete años, cuando estalló la guerra, estudiaba lenguas extranjeras en la universidad estatal, pero nunca terminé. Ahora mi hijo está en la escuela secundaria, pero no tengo medios para pagar sus estudios universitarios. No puedo reconstruir mi futuro, quizá ya no tenga nunca más perspectivas de encontrar empleo, pero pido al Gobierno que por lo menos dé más perspectivas a mis hijos para que tengan un futuro mejor.

Para más información, véase:

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