El gobierno tailandés debe eliminar las restricciones a la libertad de expresión contenidas en el decreto de emergencia hecho público hoy, 2 de septiembre. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
“El gobierno es responsable, en última instancia, de la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Tailandia, independientemente de las opiniones políticas que profesen”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia. “Pero el gobierno no debe aprovechar este estado de emergencia para silenciar la libre expresión o para violar otros derechos humanos.”
“El derecho internacional establece claramente que, incluso bajo un estado de emergencia, las personas tienen derecho a manifestar su opinión sobre todas las cuestiones que les afectan –incluido el propio decreto de emergencia– y a expresar puntos de vista distintos de los del gobierno o los grupos a los que se oponen.”
Además, el gobierno debe limitar las actuales restricciones que el decreto impone a la libertad de reunión, y debe aplicarlas únicamente a las zonas de Bangkok más afectadas por las protestas y los enfrentamientos entre los distintos grupos políticos.
“Estas manifestaciones y contramanifestaciones demuestran que muchos habitantes de Tailandia se sienten frustrados por la ausencia de respeto por el Estado de derecho y la ausencia de rendición de cuentas. Así, lo que en última instancia se necesita es una mayor rendición de cuentas, un Estado de derecho que no se vea cuestionado, y un mayor respeto por los derechos civiles y políticos”, ha manifestado Benjamin Zawacki.
Los violentos enfrentamientos que estallaron ante la sede del gobierno en Bangkok entre manifestantes progubernamentales y el grupo antigubernamental Alianza Popular por la Democracia se saldaron con una persona muerta y más de 40 heridas, y provocaron la declaración hoy, 2 de septiembre, de un estado de emergencia.
Amnistía Internacional insta a todos los líderes políticos, incluidos los de la Alianza Popular por la Democracia, a respetar los derechos humanos.
Información complementaria Los miembros de la Alianza Popular por la Democracia ocuparon la televisión estatal tailandesa (NBT) el 26 de agosto, y miles de ellos siguen ocupando desde ese día la sede del gobierno, que incluye la oficina del primer ministro. El 29 de agosto hubo estallidos de violencia tanto en la sede del gobierno como en la jefatura de la Policía Metropolitana, y el 1 de septiembre se produjo una explosión ante un cuartel. Decenas de manifestantes y policías resultaron heridos, y casi un centenar de manifestantes han sido detenidos.
La sección 9.3 del Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en Situaciones de Emergencia de Tailandia (2005) prohíbe publicar comunicados de prensa o distribuir o difundir cartas, publicaciones o cualquier otro medio de comunicación que contengan textos que puedan crear miedo entre la población, o que busquen distorsionar la información o establecer nociones de la situación de emergencia que afecten a la seguridad del Estado, al orden público o a la moral de la población de todo el reino.
El gobierno tailandés no ha invocado todas las disposiciones del decreto de emergencia y, por ejemplo, se ha abstenido de imponer el toque de queda en Bangkok. También ha indicado que dicho decreto sólo permanecerá en vigor mientras sea necesario.
