Amnistía Internacional pide a los líderes del G20 que cumplan compromisos previos de financiación climática que hasta ahora no han cumplido y adopten otros nuevos, incluido el alivio sustancial de la deuda de los países sobreendeudados. La crisis de la deuda amenaza los derechos de las personas a alimentación, ropa y vivienda adecuadas, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la crisis climática supone una amenaza extrema para el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
“La cumbre del G20 se celebra con el mundo en el filo de la navaja. La crisis climática está infligiendo un inmenso daño a las personas y, al mismo tiempo, muchos países vulnerables al clima están inmersos en una crisis de deuda. Los derechos humanos de miles de millones de personas están amenazados. El coste de la inacción será catastrófico”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La subida de los precios de los alimentos básicos, las convulsiones económicas y la crisis climática plantean retos sin precedentes que muchos países —y no precisamente los que más contribuyeron a la creación de estas amenazas globales— no están bien preparados para afrontar. Desde la pandemia de COVID-19 ha aumentado a 42 el número de países de bajos ingresos sobreendeudados, una situación que dificulta su capacidad para salvaguardar los derechos de la población, sobre todo porque muchos se enfrentan a reiteradas perturbaciones climáticas.
“Es fundamental que el G20 reconozca la magnitud y la urgencia de estas crisis y actúe con rapidez para detener la escalada de los desastres del clima y la deuda.”
Una deuda inabarcable
La cifra de personas que viven en situación de pobreza extrema, con menos de 2,15 dólares estadounidenses al día, creció en 2021 por primera vez desde que comenzaran las reuniones del G20, en 1999. La proporción de su renta nacional total que los países de bajos ingresos dedican a devolver la deuda es mayor que en cualquier otro momento de, como mínimo, los últimos 30 años. Es prácticamente seguro que el objetivo de erradicar la pobreza extrema para 2030, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU acordados en 2015, no se cumplirá.
El G20, que trabaja en estrecha relación con instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, puede ayudar a cambiar esta situación garantizando que los procesos de alivio de la deuda son justos, sólidos y suficientemente rápidos para países que se enfrentan a múltiples crisis.
Esto incluye estar dispuestos a considerar la opción de cancelar más deuda. Los acuerdos sobre la deuda impulsados por el Fondo Monetario Internacional y otras entidades crediticias multilaterales incluyen con demasiada frecuencia condiciones que imponen cargas adicionales a los países pobres y vulnerables y carecen del necesario marco de derechos humanos que ayudaría a garantizar una salida de los onerosos círculos viciosos deudores.
El G20 necesita apoyar una reforma radical de la arquitectura financiera internacional existente cambiando a un sistema más inclusivo que represente los intereses de los países deudores, especialmente los de bajos ingresos, y no sólo de los acreedores.
Esta reforma debe contemplar la devastación que producen las perturbaciones climáticas; no se puede permitir que los países se endeuden cada vez más mientras sufren fenómenos meteorológicos extremos recurrentes, ocasionados por un cambio climático al que apenas han contribuido.
Efectos perniciosos del clima
Amnistía Internacional pide al G20 que apoye una actuación drástica para evitar el agravamiento de los desastres climáticos, especialmente acordando la rápida eliminación gradual de todos los combustibles fósiles. Se está produciendo un rápido aumento de las temperaturas medias globales y, si no se toman ya medidas enérgicas, sobrepasarán con creces el límite de aumento de 1,5˚C sobre los niveles preindustriales que, según ha indicado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es crucial respetar para proteger a la humanidad de los efectos más devastadores del cambio climático.
Agnès Callamard ha afirmado: “La eliminación gradual de todos los combustibles fósiles debe ser una prioridad global para evitar que se produzca una catástrofe climática y haya más abusos contra los derechos humanos. El mundo se encamina hacia un desastre climático y las señales de peligro son obvias. Las personas sufren mientras los ecosistemas y la biodiversidad se destruyen.”
Este año, el Cuerno de África ha sufrido una grave sequía, en gran parte de Asia se han dado temperaturas récord, se han incendiado enormes extensiones de América del Norte y Europa, julio fue el mes más caluroso jamás registrado, las temperaturas de los océanos alcanzan máximos históricos, los casquetes polares están desapareciendo y lluvias sin precedentes han causado letales inundaciones en Europa y China.
No es razonable esperar que los países con menores ingresos cumplan el compromiso de dejar de usar combustibles fósiles si países más ricos continúan incumpliendo sus propias promesas y obligaciones y no proporcionan suficiente financiación climática y alivio de la deuda a naciones que son más vulnerables.
Las naciones más ricas deben cumplir, e incrementar de forma sustancial, su compromiso de proporcionar anualmente al menos 100 mil millones de dólares estadounidenses para ayudar a que los Estados mitiguen el cambio climático y se adapten a él. El fondo internacional para pérdidas y daños acordado el año pasado debe dotarse de fondos adecuados y estar operativo para ofrecer a los grupos más afectados un acceso real a sus recursos y otras formas de reparación.
India, país anfitrión de la cumbre del G20, debe respetar los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, y proteger el derecho a la protesta. En los últimos años, las autoridades indias han intensificado la represión de defensores y defensoras de los derechos humanos —activistas, periodistas, estudiantes, yfiguras académicas— y deorganizaciones de la sociedad civil, sometiéndolos a diversas violaciones de los derechos humanos. El país debe permitir que la sociedad civil funcione libremente y que las voces disidentes puedan ser oídas.
India ha señalado la crisis climática como la prioridad más urgente del G20. India, el país más poblado del mundo, cuyas emisiones crecen rápidamente, debe aprovechar la oportunidad para desempeñar un papel de liderazgo en una transición energética global justa, al tiempo que aborda su propio historial de dependencia de los combustibles fósiles. El país ha sufrido olas de calor abrasador, sequías e inundaciones, así como niveles de contaminación del aire peligrosos para la salud en diversas zonas en los últimos meses y años, causados por la quema de combustibles fósiles.
Información complementaria
La 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 20 se celebrará del 9 al 10 de septiembre en Nueva Delhi (India). Participarán en ella 19 países y la Unión Europea, incluidas la mayoría de las principales economías mundiales y los principales acreedores estatales, así como países con funciones clave e influencia sobre importantes organizaciones financieras multilaterales.
Los Principios Rectores de la ONU sobre la Deuda Externa y los Derechos Humanos contienen una orientación específica sobre las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos de todas las entidades deudoras y prestamistas estatales y no estatales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo.
El derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible fue reconocido universalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022, y está vinculado a otros derechos consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos los derechos a la salud y a la vida.
Tras esta cumbre del G20 se celebrará la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU y la Cumbre sobre la Ambición Climática convocada por el secretario general de la ONU, ambas en septiembre, así como la conferencia sobre el clima (COP28), que comienza el 30 de noviembre en Dubái.
