Después de que el Consejo Militar de Transición de Sudán admitiera que sus integrantes se reunieron con los responsables de seguridad del país el 2 de junio, y, tras recibir asesoramiento sin determinar del fiscal general y el presidente de la Magistratura, ordenó que las personas que protestaban pacíficamente fueran dispersadas el 3 de junio, lo cual ocasionó “por error” la muerte de más de un centenar de personas y heridas a cientos más, la directora adjunta regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, Sarah Jackson, ha declarado:
“Resulta totalmente indignante e inaceptable que se admita que el ataque contra manifestantes mientras dormían fue planificado y que al mismo tiempo el hecho se reduzca a un ‘error’.
“Se debe poner fin de inmediato al homicidio insensato de manifestantes, y los responsables de la matanza, incluidos los mandos, deben rendir cuentas de sus actos.
El fiscal general y el presidente de la Magistratura deben aclarar de inmediato cuál fue el consejo que dieron antes de abandonar la reunión en la que se tomó la decisión. El mundo necesita saber hasta qué punto asesoraron a las fuerzas de seguridad respecto a la legalidad y proporcionalidad de la fuerza letal empleada.
“Tras admitir esta actuación, ahora es más urgente que nunca, en aras de la rendición de cuentas y la transparencia, que las autoridades militares permitan el escrutinio internacional y las investigaciones de la ONU y la Unión Africana sobre la escalada de violaciones de derechos humanos perpetradas bajo su responsabilidad.”
Información complementaria
El portavoz del Consejo Militar de Transición, teniente general Shams Al Deen Al Kabashi, hizo el 13 de junio una declaración sobre la reunión del 2 de junio en la que se tomó la decisión de despejar la zona donde tenía lugar la sentada de manifestantes, en las inmediaciones del cuartel general del ejército en Jartum. En esta declaración afirma:
“La noche previa a aplicarse la decisión de despejar la zona de la sentada convocamos una reunión, a la que asistieron todos los miembros del Consejo Militar de Transición, el jefe de Inteligencia Militar, el jefe del Estado Mayor (ejército), el director y el subdirector de la Seguridad Nacional, el director y el subdirector de la policía y el jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). También convocamos a la reunión al presidente de la Magistratura y al fiscal general para que nos asesoraran legalmente sobre la forma de abordar la situación. Una vez que lo hubieron hecho, les agradecimos su asesoramiento y abandonaron la reunión.”
