Londres.- Amnistía Internacional ha pedido hoy al Consejo de Seguridad de la ONU que rechace las iniciativas de suspender la investigación y el enjuiciamiento de crímenes cometidos en Darfur por la Corte Penal Internacional durante 12 meses, que podrían renovarse con posterioridad, posiblemente de forma indefinida cada año.
En respuesta al anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional hace dos semanas de que tenía la intención de pedir una orden de detención para el presidente sudanés Omar al Bashir, la Organización de la Conferencia Islámica, la Liga de los Estados Árabes y la Unión Africana han hecho llamamientos políticos al Consejo de Seguridad para que suspenda la investigación del caso, en aplicación del artículo 16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma). Las peticiones de suspensión podrían referirse al caso concreto contra el presidente al Bashir o extenderse a todos los casos e investigaciones de la Corte Penal Internacional en Darfur.
Amnistía Internacional se opuso en su día a la inclusión del artículo 16 en el Estatuto de Roma por considerar que permitía la injerencia política del Consejo de Seguridad de la ONU en la importante labor de la Corte destinada a garantizar la justicia, la verdad y las reparaciones por las peores violaciones de derechos humanos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En consecuencia, la organización pide al Consejo de Seguridad que en ningún caso obstruya la justicia ejerciendo la facultad de suspender una investigación o un enjuiciamiento de la Corte en ninguna situación
Existen otras opciones para que el gobierno de Sudán impugne la admisibilidad de la causa o la competencia de la Corte Penal Internacional sin conceder impunidad. En virtud del artículo 19 del Estatuto de Roma, los acusados o el gobierno pueden impugnar la competencia de la Corte alegando que los acusados van a ser enjuiciados por los tribunales nacionales. De hecho, las informaciones procedentes de la Liga de los Estados Árabes indican que el gobierno sudanés accedió a su propuesta de establecer tribunales nacionales bajo supervisión regional para juzgar crímenes cometidos en Darfur. No obstante, puesto que hay defectos graves en el sistema de justicia nacional existente y otros tribunales especiales establecidos en el ámbito nacional —como la falta de independencia del poder judicial, la inmunidad para autores de crímenes de alto nivel y personas afiliadas al gobierno, la no investigación y enjuiciamiento de violaciones graves de derechos humanos, la ausencia de juicios justos y el trato precario de las víctimas—, no es probable que esta impugnación tenga éxito.
Resulta preocupante que, a pesar de que la Sala de Cuestiones Preliminares todavía no ha examinado la petición del fiscal de dictar una orden de detención para el presidente al Bashir, ya se hayan formulado ante el Consejo de Seguridad propuestas de aplicar el artículo 16, en el contexto de la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), que expira el 31 de julio.
Esta suspensión podría tener efectos desastrosos para la Corte y convertirse en un precedente en todas las situaciones que investigue su fiscal. También dejaría abierta la posibilidad de que el Consejo de Seguridad esté sometido permanentemente al chantaje del gobierno de Sudán, que podría amenazar con un amplio abanico de medidas de represalia, como la reanudación de las hostilidades, si el Consejo de Seguridad pone fin a la suspensión y la Corte reanuda el examen de la petición de una orden de detención.
Es vergonzoso que casi la mitad de los miembros del Consejo —entre los que hay Estados parte del Estatuto de Roma— que dicen respaldar la resolución de la crisis de Darfur haya amenazado con oponerse a la renovación de la UNAMID a menos que se incluya la suspensión en las resoluciones, lo que proporcionaría impunidad durante 12 meses como mínimo, y posiblemente mucho más tiempo, si se renueva la suspensión.
Estos esfuerzos en el Consejo de Seguridad menoscaban los esfuerzos internacionales para desplegar la UNAMID en toda su capacidad, lo que es vital para garantizar la protección de la población civil.
En el último año, Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación porque la comunidad internacional no garantiza que la UNAMID reciba todo el complemento de fuerzas para el mantenimiento de la paz, así como todos los recursos necesarios para garantizar la protección de la población civil. El Consejo de Seguridad debe asimismo adoptar medidas para garantizar la plena colaboración de Sudán en el establecimiento de la misión y su funcionamiento.
Amnistía Internacional considera que la justicia es esencial para garantizar una paz significativa y duradera y para que se respeten los derechos de las víctimas en situaciones en las que se cometen violaciones graves de derechos humanos. El debate en el Consejo de Seguridad menoscaba los esfuerzos encaminados a garantizar la justicia, la verdad y las reparaciones por los terribles crímenes que se han cometido y que hoy se siguen cometiendo.
La organización insta al Consejo de Seguridad a que se comprometa a trabajar para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Darfur, concretamente mediante la operación efectiva de la UNAMID, y a garantizar la justicia respaldando la labor de la Corte Penal Internacional y exigiendo la plena colaboración de Sudán.
