Londres.- El acuerdo alcanzado con Sudán para que acceda al despliegue de la fuerza híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas es un paso en la dirección correcta, pero se necesita mucho más para garantizar que la población civil está protegida de las violaciones de derechos humanos y el derecho humanitario perpetradas por las partes beligerantes de Darfur.
Aunque se trata de un avance positivo, Amnistía Internacional considera que un acuerdo sobre el papel no protegerá al pueblo de Darfur. Todas las partes del conflicto deben cesar de inmediato los ataques contra civiles, unos ataques que incluyen el uso, como arma de guerra, de la violación, la tortura, los saqueos y los desplazamientos forzados en masa.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán que garantice que pone en práctica medidas para proteger a todos los civiles afectados por el conflicto; esas medidas deben incluir el desarme de las milicias yanyawid. Tras este acuerdo, Amnistía Internacional pide especialmente al gobierno de Sudán que garantice que facilita el despliegue rápido de la fuerza híbrida de mantenimiento de la paz de la UA y la ONU en Darfur.
La organización pide asimismo a la ONU, la UA y el gobierno de Sudán que adopten un calendario claro para el despliegue de la fuerza híbrida de mantenimiento de la paz. La organización insta al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de Paz y Seguridad de la UA que adopten cuanto antes las resoluciones necesarias para proporcionar a la fuerza híbrida un mandato enérgico y recursos suficientes para proteger a la población civil. En particular, esas resoluciones deben garantizar, entre otras cosas, que la fuerza híbrida cuenta con:
• la capacidad de utilizar todos los medios necesarios, respetando plenamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para proteger de forma efectiva y proactiva a los civiles en peligro; • un sólido componente de derechos humanos con el mandato y la capacidad necesarios para observar, investigar y denunciar públicamente todos los abusos contra los derechos humanos, incluidos todos los casos de violación y otras formas de violencia sexual; • un mandato de cooperar con la Corte Penal Internacional, en particular respecto a la detención y entrega de sospechosos sudaneses contra los que la Corte haya dictado órdenes; • el mandato y la capacidad para supervisar el desarme y la desmovilización de las milicias yanyawid respaldadas por el gobierno y de los grupos armados de oposición; • el mandato y los recursos necesarios para tomar medidas sólidas y efectivas encaminadas a disuadir y prevenir las incursiones transfronterizas en Chad de los yanyawid y los grupos armados de oposición.
Información complementaria En los cuatro años de conflicto en Darfur han muerto más de 200.000 personas, y más de 2 millones se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares. En 2007, las milicias yanyawid, respaldadas por el gobierno sudanés, y las fuerzas armadas sudanesas siguieron utilizando como arma de guerra los asesinatos, la violación, los saqueos y los desplazamientos forzados en masa. Los grupos armados de oposición también han sido responsables de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El 30 de noviembre de 2006, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana aprobó un plan de tres fases que incluía el establecimiento de una operación híbrida de la UA y la ONU. Pese a ello, y hasta que se alcanzó el actual acuerdo sobre el despliegue de la fuerza, el gobierno de Sudán ha frustrado sistemáticamente el despliegue de esa fuerza híbrida.
