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El acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo sigue siendo una carrera de obstáculos

Madrid.- En vísperas del 1 de abril, aniversario del final de la Guerra Civil, y el año en que se cumple el setenta aniversario del comienzo de la contienda, Amnistía Internacional recuerda que las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista siguen a la espera de que se reconozcan sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y ser reparadas por los daños sufridos. En el informe “Víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad” presentado hoy, la organización documenta los principales obstáculos que  impiden a estas víctimas acceder a sus derechos y pide al Gobierno español que el anteproyecto de Ley que se está elaborando aborde de forma integral su reconocimiento.

 

“A pesar de existir una Comisión Interministerial que lleva casi dos años trabajando y del compromiso del presidente Rodríguez Zapatero de priorizar este asunto, no ha habido ningún avance sustantivo hacia la reparación de las víctimas; y sí muchos retrasos y obstáculos, así como poca información sobre el desarrollo de los trabajos realizados hasta ahora”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

 

El desastre de los archivos
La organización constata que no se ha tomado ninguna medida de envergadura  para facilitar el acceso a los archivos oficiales, un elemento fundamental cuando se trata de reparar los daños sufridos por víctimas de crímenes contra el derecho internacional y establecer la verdad sobre lo sucedido.

 

Las víctimas y sus familiares siguen teniendo que recurrir a asociaciones privadas para encontrar orientación sobre cómo emprender la búsqueda de información y el proceso para obtenerla puede prolongarse durante meses o años. Las inadecuadas condiciones de almacenamiento, la ausencia de personal archivero y de sistemas que faciliten el acceso, así como la arbitrariedad en los criterios para facilitar la consulta y gestionar las solicitudes son características comunes de algunos de los archivos más relevantes para las víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista. Tampoco ha habido avances con relación a una futura Ley de Archivos que sustituya el Reglamento de Archivos del Estado de 1901, con más un siglo de antigüedad, que sigue siendo la norma legal vigente para regular la actividad archivística.

 

Como ejemplo, Amnistía Internacional aporta el caso de alrededor de cuatrocientos ex presos o sus familiares que solicitaron al Archivo del Juzgado Militar Togado de Cartagena  certificación del tiempo que estuvieron en prisión para acceder a las compensaciones que merecían, y no pudieron obtenerla por no encontrarse los expedientes correspondientes debido a la mala conservación y las dificultades de acceso. Con ello, estas personas pueden haber quedado sin acceso a las indemnizaciones a que tienen derecho.

 

“Privatización” de la responsabilidad del Estado
La novedad respecto a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales ha sido la Orden del Ministerio de la Presidencia de 16 de diciembre de 2005, por la que se establece un proceso de concesión de subvenciones para diversas actividades relacionadas con la “recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento moral a las víctimas”.

 

Conforme al Artículo 5 de la Orden, son proyectos subvencionables “la investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, a cargo de los particulares o agrupaciones de particulares que ostenten interés legítimo”. También la “recopilación de testimonios orales de las víctimas directas de la guerra civil y del franquismo” así como la recopilación de documentos relativos a la guerra civil o al franquismo.

 

“Esta Orden “privatiza” de facto, haciendo responsables a los particulares, obligaciones que competen al Estado en virtud del derecho internacional. Es inconcebible que la obligación del Estado de investigar, exhumar e identificar a los desaparecidos se traslade al ámbito privado y recaiga en las asociaciones de víctimas, alejando tales actividades del contexto judicial en el que deberían enmarcarse”, afirma Beltrán.

 

Condenas a muerte tras juicios injustos: ni medidas ni anulaciones
No se ha tomado ninguna medida legislativa para la anulación de las sentencias a muerte dictadas durante el régimen franquista tras juicios injustos, tal como recomendaba Amnistía Internacional, ni ninguno de los casos de revisión llevados a los tribunales ha tenido como final la anulación.

 

La organización ha tenido acceso a 46 autos dictados desde el año 2000 por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los que se pedía la revisión de condenas de muerte dictadas en juicios sumarísimos después de la Guerra Civil. En todos ellos y de manera sistemática el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la revisión de los mismos.

 

Ninguna información a Naciones Unidas sobre los desaparecidos
Además, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha indicado que no ha recibido contestación alguna del Gobierno español con relación a los casos de desaparecidos durante el régimen franquista sobre los que ha solicitado información.

 

Por último, Esteban Beltrán afirmó: “La Comisión Interministerial ha anunciado su intención de enviar directamente al Congreso el anteproyecto de ley que está elaborando. En opinión de AI, es esencial que previamente la Comisión comparta y presente a las organizaciones interesadas el alcance de esa iniciativa y no pierda la oportunidad de escuchar a los principales afectados”.

 

La organización pide al gobierno que el anteproyecto de Ley que debe estar concluido antes del próximo 30 de junio incluya, entre otras, las siguientes recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra civil y el franquismo:

 

· Medidas para preservar los archivos y otras pruebas relativas a crímenes contra el derecho internacional con medios adecuados a la tecnología actual.


· La creación de un órgano oficial temporal de carácter no judicial con el mandato de investigar los abusos graves.


· El reconocimiento por parte del Estado de que privó a ciertas víctimas de recursos efectivos.


· Medidas expresas con relación a las víctimas de abusos por razones políticas, religiosas, étnico raciales, o por orientación sexual real o presunta, así como medidas para abordar el impacto que la Guerra Civil y el régimen franquista ocasionaron sobre las mujeres, sus derechos y libertades fundamentales.


· El establecimiento de normas reglamentarias para la localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a las familias.


· La creación de una Fiscalía Especializada para asegurar la colaboración activa de todas las instituciones públicas para impulsar la investigación de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.


· Medidas dirigidas a la anulación de las sentencias dictadas tras juicios injustos en el marco de la represión franquista.

 

Información adicional
El 18 de julio de 2005 Amnistía Internacional hizo público el informe “España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista”, desde la perspectiva de que los crímenes contra la humanidad no pueden ser borrados por actos de perdón u olvido, que los derechos de las víctimas de abusos graves contra los derechos humanos deben reconocerse y que es necesario poner fin a la doble injusticia que se produce cuando un Estado que viola derechos humanos priva a determinadas víctimas o sus familiares de verdad, justicia y reparación.

 

En este periodo también ha tenido lugar la condena internacional del régimen franquista. La  Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobaba el pasado 17 de marzo por unanimidad una propuesta de condena internacional de las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975”.