Las autoridades egipcias deben poner fin a la represión implacable que ejercen contra los medios de comunicación y garantizar la libre circulación de información, que es especialmente importante durante la actual emergencia de salud pública por la COVID-19. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización ha publicado una nueva perspectiva general de los ataques de Egipto contra periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, en la que se presentan indicios de censura gubernamental, intromisión en las salas de redacción de periodistas y bloqueo de publicaciones y sitios web.
“Desde 2016, las autoridades de Egipto han sometido a decenas de periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación a un repertorio de violaciones de derechos humanos sólo por hacer su trabajo o expresar su opinión. Decenas de periodistas han sufrido detenciones arbitrarias por cargos falsos de ‘terrorismo’ o registros en su lugar de trabajo”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades egipcias deben permitir a las personas que ejercen el periodismo llevar a cabo su labor sin miedo a represalias. También deben poner en libertad inmediata e incondicional a todos los periodistas que están detenidos exclusivamente por realizar su trabajo o ejercer su derecho a la libertad de expresión, e investigar todas las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos infligidos a periodistas.
En marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron a un periodista egipcio por cuestionar en su página personal de Facebook las estadísticas oficiales relativas a la propagación de la COVID-19. El periodista pasó casi un mes recluido en un lugar desconocido y sin contacto con el exterior, y luego compareció ante la fiscalía acusado de “difundir noticias falsas” y “unirse a una organización terrorista.”
En los últimos años, al menos cinco medios de comunicación han sido allanados o cerrados, y cientos de sitios web —entre ellos sitios de noticias locales o internacionales— han sido bloqueados. Al menos 37 periodistas están actualmente en prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y 20 de estos casos están directamente relacionados con el trabajo periodístico de estas personas.
Amnistía Internacional ha hablado con 32 personas, entre las que figuran periodistas y sus abogados y abogadas, familiares y amistades. En el informe publicado se destaca que las autoridades egipcias no dudan en catalogar las críticas a las autoridades como “uso indebido” de las plataformas sociales, y la información contraria al discurso gubernamental como “noticias falsas”.
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), una fuerza policial especializada, suele interrogar a periodistas acusados de delitos de “terrorismo” sobre los contenidos que publican, sus fuentes y la financiación, lo que demuestra que las autoridades tratan la oposición o crítica pacífica como un asunto de “terrorismo”.
Desde que el presidente Abdel Fatah al Sisi llegó al poder, los ataques contra periodistas y medios de comunicación —especialmente los que se consideran favorables a la Hermandad Musulmana— han aumentado vertiginosamente. Sin embargo, tras las críticas de los medios de comunicación a su decisión de ceder las islas de Tirán y Sanafir (mar Rojo) a Arabia Saudí en 2016, las autoridades parecen haber adoptado técnicas más omnipresentes en un intento de erradicar cualquier tipo de crítica. Este ataque constante contra la libertad de expresión de los medios de comunicación se produce en el contexto de la compra de la mayoría de las redes sociales privadas egipcias por parte de empresas pertenecientes al Servicio General de Seguridad (GIS, por sus siglas en inglés) desde 2017, según las investigaciones del medio informativo independiente Mada Masr.
“Las autoridades egipcias han dejado muy claro que se castigará severamente a cualquiera que ponga en duda el discurso oficial”, ha afirmado Philip Luther.
“Las autoridades egipcias deben poner fin a todas las formas de censura, hostigamiento e intimidación de periodistas, y reducir el control absoluto que tienen sobre el acceso de la población a la información.”
Las autoridades egipcias deben poner fin a la represión implacable que ejercen contra los medios de comunicación y garantizar la libre circulación de información, que es especialmente importante durante la actual emergencia de salud pública por la COVID-19. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización ha publicado una nueva perspectiva general de los ataques de Egipto contra periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, en la que se presentan indicios de censura gubernamental, intromisión en las salas de redacción de periodistas y bloqueo de publicaciones y sitios web.
“Desde 2016, las autoridades de Egipto han sometido a decenas de periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación a un repertorio de violaciones de derechos humanos sólo por hacer su trabajo o expresar su opinión. Decenas de periodistas han sufrido detenciones arbitrarias por cargos falsos de ‘terrorismo’ o registros en su lugar de trabajo”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades egipcias deben permitir a las personas que ejercen el periodismo llevar a cabo su labor sin miedo a represalias. También deben poner en libertad inmediata e incondicional a todos los periodistas que están detenidos exclusivamente por realizar su trabajo o ejercer su derecho a la libertad de expresión, e investigar todas las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos infligidos a periodistas.
En marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron a un periodista egipcio por cuestionar en su página personal de Facebook las estadísticas oficiales relativas a la propagación de la COVID-19. El periodista pasó casi un mes recluido en un lugar desconocido y sin contacto con el exterior, y luego compareció ante la fiscalía acusado de “difundir noticias falsas” y “unirse a una organización terrorista.”
En los últimos años, al menos cinco medios de comunicación han sido allanados o cerrados, y cientos de sitios web —entre ellos sitios de noticias locales o internacionales— han sido bloqueados. Al menos 37 periodistas están actualmente en prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y 20 de estos casos están directamente relacionados con el trabajo periodístico de estas personas.
Amnistía Internacional ha hablado con 32 personas, entre las que figuran periodistas y sus abogados y abogadas, familiares y amistades. En el informe publicado se destaca que las autoridades egipcias no dudan en catalogar las críticas a las autoridades como “uso indebido” de las plataformas sociales, y la información contraria al discurso gubernamental como “noticias falsas”.
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), una fuerza policial especializada, suele interrogar a periodistas acusados de delitos de “terrorismo” sobre los contenidos que publican, sus fuentes y la financiación, lo que demuestra que las autoridades tratan la oposición o crítica pacífica como un asunto de “terrorismo”.
Desde que el presidente Abdel Fatah al Sisi llegó al poder, los ataques contra periodistas y medios de comunicación —especialmente los que se consideran favorables a la Hermandad Musulmana— han aumentado vertiginosamente. Sin embargo, tras las críticas de los medios de comunicación a su decisión de ceder las islas de Tirán y Sanafir (mar Rojo) a Arabia Saudí en 2016, las autoridades parecen haber adoptado técnicas más omnipresentes en un intento de erradicar cualquier tipo de crítica. Este ataque constante contra la libertad de expresión de los medios de comunicación se produce en el contexto de la compra de la mayoría de las redes sociales privadas egipcias por parte de empresas pertenecientes al Servicio General de Seguridad (GIS, por sus siglas en inglés) desde 2017, según las investigaciones del medio informativo independiente Mada Masr.
“Las autoridades egipcias han dejado muy claro que se castigará severamente a cualquiera que ponga en duda el discurso oficial”, ha afirmado Philip Luther.
“Las autoridades egipcias deben poner fin a todas las formas de censura, hostigamiento e intimidación de periodistas, y reducir el control absoluto que tienen sobre el acceso de la población a la información.”
