Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata a 24 activistas nubios detenidos después de que la policía dispersara violentamente su protesta pacífica en la gobernación de Asuán el 3 de septiembre, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Los activistas detenidos, que protestaban en apoyo a los derechos culturales del pueblo indígena nubio y para pedir su retorno a su tierra de origen en el sur de Egipto, comparecerán ante un tribunal mañana, 13 de septiembre.
Sucesivos gobiernos egipcios han desplazado forzosamente a la población nubia de sus tierras ancestrales para llevar a cabo proyectos de desarrollo, lo que representa una amenaza para la preservación de su identidad cultural, histórica y lingüística. Tras el alzamiento de 2011, los activistas nubios empezaron a organizarse y a articular mejor sus demandas. Su labor de cabildeo desembocó en la introducción en la Constitución egipcia de 2014 de una nueva disposición que reconoce su derecho a retornar.
“Las autoridades egipcias marginan desde hace tiempo a la población nubia, ignorando sus demandas de retornar a sus tierras históricas y tratando al activismo nubio con suspicacia por motivos de seguridad”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“En lugar de violar de forma flagrante los derechos de la población nubia a la libertad de expresión y de reunión deteniendo a sus miembros por sus protestas pacíficas, las autoridades deben poner en libertad de inmediato a estos 24 activistas.”
Activistas de la comunidad nubia de Asuán convocaron una protesta bajo el lema de “Día de la Asamblea Nubia” el 3 de septiembre. Durante el acto, las personas congregadas cantaron canciones y pidieron la implementación del derecho a regresar a sus tierras históricas tras las oleadas de desplazamiento interno producidas entre 1912 y 1964. También pidieron a las autoridades la derogación del decreto presidencial (número 444 de 2014) que clasifica 16 localidades situadas en tierras ancestrales nubias de zonas militares y prohíbe a sus residentes vivir en ellas.
Los manifestantes se acababan de reunir y marcharon 500 metros en la plaza de Al Guzzayra, en el centro de Asuán, cuando las fuerzas de seguridad los rodearon, golpeando tanto a hombres como a mujeres. La policía detuvo a 24 hombres y se los llevó al campo de las fuerzas de seguridad de Al Shalal, en Asuán. No se les permitió acceder a sus familias ni a sus abogados. Al día siguiente de la detención, llegaron los fiscales al campo e interrogaron a los detenidos sin que estuvieran presentes sus abogados. Los fiscales ordenaron cuatro días de reclusión por los cargos de “participar en una protesta no autorizada” y “posesión de publicaciones perjudiciales para la unidad nacional y la seguridad del público”, este último en referencia a los folletos y pancartas que llevaban los activistas.
El 6 de septiembre estaba previsto que un juez revisara la orden de reclusión, pero la policía no llevó a los 24 activistas ante el tribunal y la vista se aplazó al 13 de septiembre. Como protesta por el aplazamiento, los detenidos anunciaron una huelga de hambre del 6 al 9 de septiembre. El 7 de septiembre se impidió a los detenidos recibir visitas de sus familiares y abogados.
La activista nubia Ayat Osman dijo a Amnistía Internacional que sus padres, junto con otros familiares de los detenidos, habían conseguido un permiso de los fiscales para visitar a sus familiares. Sin embargo, el 7 de septiembre, cuando llegaron al centro de detención para visitar a su hermano, un policía se negó a dejarles visitarlo y les ordenó que se marcharan.
Esta no es la primera vez que las fuerzas de seguridad han dispersado reuniones pacíficas de activistas nubios. El 19 de noviembre de 2016, la policía detuvo una marcha pacífica de apoyo a los derechos humanos de la comunidad y rodeó a los manifestantes durante varias horas, sin agua ni comida, hasta que éstos se vieron obligados a marcharse.
El desplazamiento de la población nubia ha tenido enormes consecuencias socioeconómicas para la comunidad, impidiendo muchas veces a sus miembros vivir de la agricultura al ser desplazados forzosamente de sus pueblos a orillas del río Nilo a zonas desérticas que carecen del agua y las tierras fértiles necesarias.
El Ministerio de Educación egipcio tampoco ha permitido que las escuelas del lejano sur de Egipto enseñen la lengua nubia a pesar de las peticiones de los residentes nubios. La activista de los derechos nubios Fatma Emam ha declarado a Amnistía Internacional que la asimilación forzada de la población nubia en comunidades de habla árabe ha impedido que la comunidad conserve en la práctica su lengua.
La Constitución egipcia de 2014 reconoce el “derecho a retornar” a sus tierras ancestrales del pueblo indígena nubio. El artículo 236 obliga al gobierno a diseñar un plan de desarrollo económico para las zonas fronterizas marginadas, incluida Nubia, cerca de la frontera meridional egipcia. La disposición también obliga al gobierno a llevar a cabo proyectos para facilitar el retorno de la población nubia a sus tierras ancestrales y el desarrollo de éstas.
“Las autoridades llevan años despojando a la población nubia, desplazándola de sus tierras históricas e interfiriendo en su disfrute de sus derechos culturales. Estas prácticas y la reticencia de las autoridades egipcias a permitir que esta comunidad retorne a sus tierras son contrarias a la propia Constitución del país, así como a sus obligaciones internacionales”, ha concluido Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
