“Las autoridades egipcias deben permitir que todas las personas detenidas —incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y otras personas críticas con el gobierno— reciban visitas de familiares y se comuniquen periódicamente, incluso por teléfono, con sus seres queridos y abogados y abogadas”, ha declarado Amnistía Internacional.
El 15 de agosto, el Ministerio del Interior anunció la reanudación de las visitas familiares a las prisiones el 22 de agosto tras cinco meses de suspensión debido a la COVID-19, pero Amnistía Internacional teme que puedan ser excluidas las personas encarceladas en casos de motivación política.
El Ministerio del Interior publicó los números de teléfono de 44 prisiones de Egipto, entre los que no figuraban los de algunas de las prisiones de peor reputación, como la Prisión de Máxima Seguridad Tora Uno (conocida como Al Aqrab) y la Prisión de Máxima Seguridad Tora Dos, ambas pertenecientes al Complejo Penitenciario de Tora, donde están recluidos defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y otros disidentes por cargos falsos de terrorismo. Familiares de personas recluidas en estas dos prisiones dijeron a Amnistía Internacional que cuando llamaron al Departamento Penitenciario del Ministerio del Interior tras el anuncio o acudieron al Complejo Penitenciario de Tora, los funcionarios dijeron que no tenían conocimiento de ninguna orden de reanudar las visitas familiares en las prisiones de Máxima Seguridad Tora Uno y Dos.
“La decisión de reanudar las visitas ofrece cierto alivio a unas familias que han vivido meses sumidas en la angustia con poca o ninguna información sobre la salud y el bienestar de sus seres queridos. Sus temores se han visto exacerbados por los informes sobre la propagación de la COVID-19 en las cárceles de Egipto, conocidas por sus condiciones de hacinamiento y falta de higiene, en un contexto de apagón informativo”, dijo Lynn Maalouf, directora regional en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Sin embargo, Amnistía Internacional teme que algunas personas detenidas por cargos infundados de ‘terrorismo’, entre las que hay defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas políticos, sean excluidas de las visitas a las prisiones. Nuestra preocupación se debe a que las autoridades tienen un historial de denegación a decenas de personas recluidas en casos de motivación política de las visitas familiares y otros contactos con el mundo exterior durante meses o años, incluso antes de la pandemia. Las autoridades deben cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales de garantizar el derecho de las personas reclusas a comunicarse con el mundo exterior”.
La denegación de visitas familiares y otros contactos con el mundo exterior por parte de las autoridades egipcias es anterior a la crisis de la COVID-19. Las autoridades llevan años impidiendo que decenas de personas encarceladas, entre las que figuran oponentes políticos, personas críticas con el gobierno y abogados y abogadas de derechos humanos, tengan contacto con sus familiares o abogados. Por ejemplo, según su familia, a Hoda Abdelmoniem, abogada de derechos humanos de 61 años recluida arbitrariamente en la Prisión de Mujeres de Al Quanater, no se le ha permitido recibir ni una sola visita desde su detención el 1 de noviembre de 2018. Al parecer, las autoridades imponen estas restricciones discriminatorias con la intención de castigar a las personas afectadas por sus convicciones políticas o por ejercer pacíficamente sus derechos.
Después de que las autoridades suspendieran las visitas familiares en marzo de 2020, las administraciones penitenciarias también impidieron que algunas personas recluidas en relación con casos políticos intercambiasen correspondencia con sus familiares.
Las autoridades egipcias siguen incumpliendo las normas penitenciarias que prescriben llamadas telefónicas quincenales para las personas detenidas. La ausencia de comunicación telefónica afecta especialmente a las personas detenidas más pobres y a quienes están en prisiones alejadas de su domicilio cuyos familiares no pueden permitirse hacer viajes largos y costosos.
“Pedimos a las autoridades de Egipto que garanticen que todas las personas recluidas pueden contactar con sus seres queridos mediante llamadas telefónicas gratuitas. También deben garantizar que todas las personas recluidas, con independencia de los cargos formulados contra ellas, pueden recibir visitas periódicas de sus seres queridos sin discriminación”, concluyó Lynn Maalouf.
Las visitas que se reanudan serán también objeto de diversas restricciones, pues deberán reservarse con antelación, y cada persona detenida podrá recibir a una sola persona visitante durante 20 minutos al mes.
Aunque las autoridades afirman que restringir las visitas familiares es una medida necesaria para proteger la salud pública, se han mostrado reticentes a tomar medidas para reducir el hacinamiento, especialmente en relación con las personas detenidas en casos de motivación política.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades egipcias para que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas activistas y defensoras de los derechos humanos detenidas únicamente por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. También deben considerar la posibilidad de poner en libertad a las personas menores de edad, a los presos y presas detenidos en espera de juicio y a las personas detenidas especialmente vulnerables a las enfermedades, como las de más edad y las que tienen afecciones médicas subyacentes, para reducir la población reclusa y evitar daños. Asimismo, deben considerar la posibilidad de adoptar medidas no privativas de libertad para personas acusadas de delitos no violentos.
Información complementaria
El anuncio de la reanudación de las visitas familiares se produce pocos días después de la muerte bajo custodia, el 13 de agosto de 2020, de Essam el Erian, exvicepresidente del disuelto Partido de la Libertad y la Justicia, vinculado a la Hermandad Musulmana. Desde la suspensión de las visitas en marzo de 2020, las autoridades del pabellón penitenciario de Mazra, en Tora, no permitieron que sus familiares contactaran con él por teléfono ni por carta.
Aunque las autoridades dijeron que habían tomado medidas activas para mitigar la propagación de la COVID-19 en los centros de detención, las organizaciones de derechos humanos han informado de la muerte de personas detenidas y de personal penitenciario en cárceles y comisarías de policía por presuntas complicaciones de la COVID-19. El apagón informativo derivado de la suspensión de las visitas familiares, la represión de todas las informaciones críticas sobre la gestión por el gobierno de la crisis sanitaria y la práctica de las administraciones penitenciarias de censurar las cartas que contienen información sobre la COVID-19 en las prisiones han causado una gran ansiedad entre las familias, que no han sabido nada de la salud y el bienestar de sus seres queridos en medio de la pandemia.
