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Deben tomarse medidas para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos secuestrados

Londres.- La labor de los defensores de derechos humanos debe ser respetada por todas las partes del conflicto, ha declarado Amnistía Internacional ante el secuestro de cinco activistas de derechos humanos que trabajan con la comunidad de afrodescendientes de Jiguiamiandó y Curvaradó, en el departamento de Chocó.

 

Según informes, el 31 de marzo, un grupo de hombres armados secuestró a los activistas, miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de los poblados de Pueblo Nuevo y Bella Flor Remacho, en la cuenca del río Jiguiamiandó, departamento de Chocó. Al parecer, los hombres se identificaron como miembros del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

 

Amnistía Internacional pide a las FARC que digan públicamente si los cinco activistas de derechos humanos han sido secuestrados por sus fuerzas. Si es así, deben ser liberados inmediatamente, con arreglo a las obligaciones contraídas por las fuerzas guerrilleras en virtud del derecho internacional humanitario de poner fin a su práctica de cometer secuestros y tomas de rehenes.

 

Las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguiamiandó y Curvaradó intentan defender su derecho como civiles a no ser arrastrados al conflicto insistiendo en que los grupos armados permanezcan fuera de las áreas donde viven, que han declarado "zonas humanitarias de refugio".

 

En los últimos años, a pesar de la gran presencia de las fuerzas de seguridad en la zona, miembros de estas comunidades han sido objeto de reiteradas amenazas de muerte y de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas paramilitares apoyadas por el ejército y las fuerzas guerrilleras que operan en la región.

 

Los secuestros se han producido días después de que Justicia y Paz recibiese una amenaza de muerte por escrito que calificaba a sus miembros de colaboradores con la guerrilla, y de que varios altos cargos del gobierno emitiesen declaraciones que llegan a cuestionar la legitimidad de la postura adoptada por estas comunidades civiles de permanecer al margen del conflicto.

 

Según los informes, miembros de la XVII Brigada del ejército colombiano, que tiene jurisdicción sobre la zona donde están ubicadas las comunidades, han acusado a los activistas de Justicia y Paz de colaborar con la guerrilla. En febrero de 2005, Amnistía Internacional recibió informes que indicaban que los paramilitares habían penetrado en el territorio de la cuenca del Jiguiamiandó y habían establecido un campamento temporal frente a la comunidad de Pueblo Nuevo. El 26 de marzo, varios testigos afirmaron haber visto cuatro camiones de los grupos paramilitares respaldados por el ejército que salían del municipio de Belén de Bajirá en dirección a la cuenca del río Jiguiamiandó. Al parecer, la ruta escogida por los paramilitares les obligaba a pasar delante de un puesto de la XVII Brigada del ejército. Según los informes, los soldados abandonaron el puesto poco antes de que pasaran los paramilitares.

 

"La situación de los cinco activistas suscita una profunda preocupación. Hayan sido los autores los guerrilleros o los paramilitares, las autoridades colombianas deben adoptar medidas concretas, que Justicia y Paz y las comunidades de Jiguiamiandó y Curvaradó consideren apropiadas, para lograr la liberación sanos y salvos de los cinco defensores de derechos humanos. Pero estas acciones no deben poner en peligro la seguridad de los cinco secuestrados."

 

El gobierno de Colombia debe consultar con las comunidades las medidas para garantizar su seguridad, de conformidad con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, que pide también a las autoridades colombianas la adopción de medidas de protección especiales para las "zonas humanitarias de refugio" de Jiguiamiandó y Curvaradó y el reconocimiento de la población de estas comunidades como "civiles ajenos al conflicto armado interno".

 

El 2 de abril, una delegación, entre cuyos integrantes había miembros de organizaciones de derechos humanos, un representante de la Vicepresidencia de Colombia y de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos viajó a la zona para esclarecer la suerte que han corrido los cinco activistas de derechos humanos.

 

Información complementaria

Enrique Chimonja, Edwin Mosquera, Johana López, Mónica Suárez y Fabio Ariza son activistas de derechos humanos que trabajan para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, acompañando a comunidades de afrodescendientes que viven en las cuencas de los ríos Jiguiamiandó y Curvaradó.

 

Los secuestros se han producido unos días después de que la organización Justicia y Paz interviniese en la audiencia de marzo de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos humanos de la Organización de Estados Americanos pidiendo seguridad para las comunidades de Jiguiamiandó y Curvaradó. La organización había denunciado que las comunidades indígenas, de afrodescendientes y de campesinos estaban siendo expulsadas de sus tierras por las acciones del ejército y de sus aliados paramilitares en las comunidades de Curvaradó y Jiguiamiandó del departamento de Chocó.