Londres.- La víspera del primer aniversario del asesinato del periodista turco-armenio Hrant Dink, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades turcas que condenen todas las formas de intolerancia y que hagan que todas las personas implicadas en el homicidio respondan de sus actos ante la justicia, con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal.
"El ámbito de la investigación debe ampliarse para examinar todas las circunstancias del homicidio, incluido el papel desempeñado por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que no actuaron ante los avisos de que el periodista iba a ser asesinado", declaró Andrew Gardner, investigador de Turquía de Amnistía Internacional.
Hrant Dink había denunciado amenazas contra su vida ante el fiscal de Şişli. Según el acta de acusación formal del juicio por asesinato, uno de los procesados actuó también como informador de la policía y comunicó a ésta los planes de asesinar a Hrant Dink varios meses antes de que se produjeran los hechos. Sin embargo, no se adoptaron medidas para garantizar su protección. Posteriormente, dos agentes de la gendarmería fueron acusados formalmente de omisión; no obstante, los abogados de la familia han pedido que comparezcan ante la justicia más agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Las declaraciones iniciales del jefe de la Policía de Estambul, que afirmó que el homicidio había sido obra de un pistolero que trabajaba solo, y las fotografías de la policía militar con el presunto asesinato como si fuera un "héroe" ilustran la reticencia oficial a examinar todo el alcance del crimen y contribuyen a la percepción de que ciertas partes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían no ser imparciales.
Amnistía Internacional considera que Hrant Dink murió por disparos el 19 de enero de 2007 debido a su trabajo como periodista que defendía la libertad de expresión y promovía la universalidad de los derechos humanos.
"Los activistas pro derechos humanos tienen derecho a que el Estado les proteja como a cualquier otro ciudadano. No haber impedido el asesinato de Hrant Dink y los posteriores defectos de la investigación son hechos que no deben repetirse –afirmó Andrew Gardner–. El caso de Hrant Dink no es una excepción. En Turquía, muchas personas siguen siendo enjuiciadas por la expresión pacífica de sus opiniones no violentas. Esto se debe tanto a la existencia de una legislación defectuosa como a la aplicación arbitraria de la ley por parte de jueces y fiscales."
Hrant Dink había sido procesado varias veces en virtud del artículo 301 del Código Penal turco, que penaliza "menospreciar lo turco". Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente la abolición del artículo 301 porque representa una grave amenaza para la libertad de expresión, debido a su formulación, genérica y poco precisa. A la organización le preocupa el hecho de que, aparentemente, los casos abiertos en aplicación de este artículo hayan aumentado en el 2007, y observa que el pasado año, las violaciones de derechos humanos se incrementaron y que las medidas para combatirlas siguieron siendo insuficientes.
"La continua represión de la libertad de expresión en Turquía ha creado una atmósfera de enorme intolerancia que ha culminado en el homicidio de Hrant Dink", manifestó Andrew Gardner.
En un memorándum dirigido al gobierno a principios de esta semana, la organización le recordaba su compromiso, reiterado tras las elecciones del año pasado, de seguir con la reforma legislativa y potenciar garantías para los derechos humanos y las libertades. Amnistía Internacional considera que el actual gobierno debe tomar medidas sobre varias cuestiones a fin de lograr mejoras duraderas y sustanciales. Estas cuestiones incluyen la tortura y los malos tratos en detención y la impunidad para los perpetradores, la imparcialidad procesal, los obstáculos que menoscaban la labor de los activistas pro derechos humanos y la libertad de expresión.
"Además de aplicar las actuales reformas legales, debe llevarse a cabo una reforma legislativa urgente. Las autoridades han de aprovechar la ocasión para promover la protección de los derechos y las libertades fundamentales para todos los ciudadanos en la nueva constitución que se está redactando", añadió Andrew Gardner.
