Las autoridades libias deben investigar con urgencia la muerte de un soldado que fue torturado la semana pasada, tras ser interrogado durante 10 horas por su propia unidad del ejército; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Hussein Radwan Raheel, de 37 años, quien servía en la Saiqa –unidad de élite del ejército dependiente del Ministerio de Defensa–, recibió fuertes golpes y descargas eléctricas, según contaron miembros de su familia a Amnistía Internacional. Un informe pericial y fotografías del cadáver que ha podido ver la organización también indican que fue torturado.
“El Estado recurría habitualmente a la tortura y otros malos tratos para aterrorizar a la población libia durante el brutal régimen de Gadafi. Las autoridades libias deben demostrar que el país ha roto definitivamente con el pasado transmitiendo con firmeza el mensaje de que ya no se tolerarán las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Debe haber una investigación independiente e imparcial dirigida por autoridades civiles sobre la muerte de Hussein Radwan Raheel, y los resultados deben hacerse públicos. Para demostrar que hoy en Libia los torturadores no tienen carta blanca es preciso obligar a los responsables a rendir cuentas de sus actos”.
Amnistía Internacional considera que una investigación militar carecería de transparencia e independencia y sólo serviría para encubrir los abusos.
“Desde la sublevación en Libia hace dos años, las autoridades han cerrado los ojos ante los abusos cometidos por las milicias, reforzando la impunidad. No castigar las violaciones de derechos humanos cometidas por organismos del Estado sólo puede tener como consecuencia la tortura institucionalizada” ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
Según un informe pericial, Hussein Radwan Raheel murió tras ser golpeado repetidamente y recibir descargas eléctricas que le causaron fallo circulatorio y cardiaco. Presentaba hematomas en la nariz, el rostro, el pecho, la espalda y las extremidades, así como marcas de descargas eléctricas en los brazos.
Tras ser torturado, parece ser que Hussein fue introducido en un contenedor de mercancías sin manta ni colchón y no tuvo acceso a asistencia médica. Apareció muerto a la mañana siguiente y su cadáver fue trasladado al Centro Médico de Trípoli.
La familia de Hussein Radwan Raheel tuvo conocimiento de su detención por un amigo, según el cual miembros de su unidad lo habían arrestado cuando se presentó en el Complejo Militar de la Saiqa en Trípoli sobre las 11 de la mañana del 1 de diciembre. Uno de sus superiores confirmó a la familia que Hussein Radwan Raheel había sido interrogado sobre la desaparición de un vehículo militar del recinto. En ningún momento se permitió a los familiares visitarlo o hablar con él por teléfono mientras estuvo detenido.
Al día siguiente se enteraron de que Hussein Radwan Raheel había muerto a través de contactos personales. Tras confirmar su identidad, la familia denunció su muerte ante la policía de Hadba. El cadáver fue remitido por orden de la fiscalía para practicar el examen forense.
Otros dos miembros de la Saiqa –uno de ellos Mohammad Faraj Tarhouni, de 23 años– fueron detenidos el mismo día e interrogados durante una semana. Ambos fueron remitidos a la fiscalía militar el 8 de diciembre y en la actualidad están recluidos en una prisión militar en Trípoli. Amnistía Internacional cree que ellos también podrían haber sufrido tortura u otros malos tratos.
En septiembre de 2013, el primer ministro de Libia elogió a las fuerzas de la Saiqa y aseguró que iban a representar “el nacimiento del nuevo ejército de Libia”.
“Cuando la población libia sale a la calle para reclamar el retorno de la policía y el ejército nacional para que restablezcan el orden público, las autoridades deben garantizar que el 'nuevo ejército de Libia’ es un organismo responsable y profesional que sirve para reforzar el Estado de derecho y no para debilitarlo más”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
Toda iniciativa internacional para apoyar la reconstrucción del sector de la seguridad en Libia o entrenar a soldados libios debe asimismo poner el énfasis en el respeto de los principios de derechos humanos.
Información complementaria
En abril, el Congreso Nacional General promulgó una ley sobre tortura, desaparición forzada y discriminación que establece una pena mínima de cinco años de cárcel para quien resulte culpable de infligir sufrimiento físico o mental a cualquier persona detenida bajo su autoridad con el propósito de obtener una confesión forzada. Esta ley dispone la cadena perpetua para los casos de tortura con resultado de muerte.En una reunión celebrada en agosto de 2013, representantes del Ministerio de Justicia reconocieron a Amnistía Internacional que no se había procesado a nadie en aplicación de la citada ley de tortura desde su promulgación en abril de 2013.
La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia ha documentado 11 casos en los que existen indicios de tortura a detenidos hasta la muerte entre enero y octubre de 2013. Entre septiembre de 2011 y julio de 2012, Amnistía Internacional documentó 20 casos de muerte bajo custodia sustentados en historiales médicos e informes periciales. En 2013, la organización visitó 27 centros penitenciarios en todo el país, incluidas prisiones estatales, centros bajo supervisión nominal del Estado y centros dirigidos por milicias. Amnistía Internacional concluyó que en unos lugares de detención la tortura y otros malos tratos siguen siendo generalizados y en otros son sistemáticos. Los detenidos están especialmente expuestos a sufrir abusos en los primeros días de la detención.
La unidad de la Saiqa son las fuerzas especiales del Ejército de Libia, formadas por comandos que dependen directamente del jefe del Estado Mayor del Ejército y del Ministerio de Defensa. La Saiqa se constituyó en Bengasi en 2010 y empezó a actuar en la parte occidental del país una vez concluido el conflicto armado de 2011. Está integrada por ex soldados de Gadafi, pero también por ex miembros de milicias a quienes se permitió integrarse en la institución al término del conflicto.
