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Deben anularse las condenas a "los cinco de EAU"

Activistas de la Sección Británica de Amnistía Internacional en un acto para pedir la liberación de "los cinco de los EAU". © Amnesty International UK

Aunque la decisión de conmutar las penas impuestas a cinco activistas reconoce que éstos no debían haber sido nunca enjuiciados, las autoridades deben también anular las declaraciones de culpabilidad de sus antecedentes, ha declarado hoy una coalición internacional de siete organizaciones de derechos humanos.

El 28 de noviembre de 2011, el presidente de Emiratos Árabes Unidos conmutó las penas impuestas por el Tribunal Supremo Federal a cinco hombres por "insultar públicamente" a los gobernantes del país.

Aunque la conmutación es un paso positivo, las autoridades de EAU deben ahora proteger a los activistas, conocidos por sus simpatizantes como “los cinco de EAU”, así como a las personas asociadas a ellos, de los grupos parapoliciales gubernamentales, e investigar inmediatamente las numerosas amenazas que han recibido, ha manifestado la coalición, integrada por Alkarama (Dignidad), Amnistía Internacional, la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos (ANHRI), Front Line Defenders, el Centro de Derechos Humanos del Golfo, Human Rights Watch e Index on Censorship.

Las autoridades deben realizar una revisión judicial independiente sobre sus detenciones y su juicio, en los que se incumplieron las normas internacionales sobre el debido proceso, e indemnizarles por los más de siete meses que han estado en prisión, añadió la coalición.

“La liberación de los cinco de EAU es un paso positivo, pero nunca deberían haber pasado un solo día entre rejas, no digamos siete meses”, dijo Sarah Leah Whitson, directora del Programa de Oriente Medio de Human Rights Watch. “Una conmutación no deshará por sí sola la errónea y terrible forma en que el gobierno ha manejado este caso.”

El 27 de noviembre, un tribunal de cuatro magistrados declaró culpables a los cinco procesados y condenó a Ahmed Mansoor, destacado reformista de EAU, a tres años de prisión, y al resto a penas de dos años. En violación de las normas internacionales de imparcialidad procesal, los procesados no tuvieron derecho de apelación porque el caso fue juzgado en virtud de procedimientos relacionados con la seguridad del Estado.

Los cinco hombres fueron excarcelados la noche del 28 de noviembre, una vez que el presidente de EAU, Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, conmutó sus penas. Los representantes de la coalición de derechos humanos que se entrevistaron con Mansoor tras ser puesto en libertad dijeron que éste parecía débil y delgado al salir de la cárcel, en la que mantuvo una huelga de hambre de dos semanas. Mansoor dijo que había perdido 24 kilos durante su estancia en prisión.

Sin embargo, puede que la conmutación de las penas no anule sus antecedentes penales, ha afirmado un abogado de los procesados.  Las autoridades de EAU deben exonerarles y eliminar la declaración de culpabilidad de sus antecedentes, pues en caso contrario los afectados tendrán dificultades para encontrar trabajo y para viajar, ha declarado la coalición.

La excarcelación de estos hombres no impedirá que vuelva a producirse esta parodia de la justicia —ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional—. Para que esta excarcelación sea algo más que una maniobra de relaciones públicas, ha de ir unida a la despenalización inmediata de la difamación y a una revisión general del sistema de justicia.”

La coalición dice que EAU debe invitar a los expertos de la ONU sobre la libertad de expresión y la independencia de magistrados y abogados. El informe de una observadora que asistió al juicio en representación de la coalición concluyó que hubo defectos flagrantes en la gestión de este caso. Entre las recomendaciones de la observadora figuraba la anulación de los cargos formulados contra los cinco encausados.

Los activistas y sus familias vienen siendo objeto de una despiadada y calumniosa campaña de amenazas, difamación e intimidación que las autoridades no han investigado ni juzgado, añadió la coalición. En el incidente más reciente, ocurrido el 27 de noviembre, un seguidor del gobierno agredió al familiar de uno de los detenidos y profirió amenazas y obscenidades frente a la sala del juicio, pese a la gran presencia de fuerzas de seguridad tras dictarse el fallo.

Un informe independiente de 25 de noviembre, redactado para el Centro de Derechos Humanos del Golfo con la ayuda de la investigación de Human Rights Watch, documentaba las amenazas de los simpatizantes del gobierno y la atmósfera de impunidad en la que se están haciendo.

“Puede que los cinco de EAU sean por fin libres, pero su seguridad personal sigue estando en peligro debido a una campaña de calumnias realizada con impunidad —declaró Rachid Mesli, director del Departamento Jurídico de Alkarama—. Las autoridades deben dejar de mirar hacia otro lado y empezar a enjuiciar a los autores de las amenazas de muerte.”

Los cinco activistas fueron detenidos en abril. El juicio se inició el 14 de junio en Abu Dhabi. Los encausados eran Ahmed Mansoor, ingeniero y bloguero, así como miembro del Comité Asesor para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch y de ANHRI; Nasser bin Ghaith, economista y profesor de la universidad de la Sorbona en Abu Dhabi; y los ciberactivistas Fahad Salim Dalk, Ahmed Abdul-Khaleq y Hassan Ali al-Khamis.

Los cinco fueron procesados en aplicación del artículo 176 del Código Penal, que considera delito insultar públicamente a altos cargos, y acusados de usar el foro político en Internet UAE Hewar, prohibido.  Los grupos de la coalición estudiaron los mensajes presuntamente publicados por los acusados, ninguno de los cuales hace más que criticar la política del gobierno o a algunos líderes políticos.

No hay indicios de que los activistas emplearan la violencia o incitaran a su uso en el curso de sus actividades políticas. La coalición afirmó que el enjuiciamiento de estos cinco hombres viola el derecho a la libertad de expresión, consagrado tanto en la Constitución de EAU como en el derecho internacional de derechos humanos.