Las autoridades egipcias deben poner fin a la demolición arbitraria de centenares de viviendas y los desalojos forzosos masivos que se están llevando a cabo en Rafá, en el norte del Sinaí, para crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, ha manifestado Amnistía Internacional ante las indicaciones de que la operación podría ampliarse.
“La magnitud de los desalojos forzosos es impresionante –ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. En cuestión de días, las autoridades han echado de sus hogares a más de 1.000 familias, haciendo caso omiso de la legislación nacional y del derecho internacional. Se han visto terribles escenas de viviendas de Rafá demolidas por las excavadoras o con explosivos, edificios enteros reducidos a escombros y familias desalojadas a la fuerza.
Han sido destruidas al menos 800 viviendas y se calcula que se ha desalojado de sus hogares a 1.165 familias desde que el ejército egipcio comenzó a despejar la zona tras un mortal ataque llevado a cabo el 24 de octubre de 2014 contra un puesto de control militar del norte del Sinaí, que mató al menos a 33 soldados, según declaraciones oficiales.
Las autoridades han procedido a efectuar los desalojos haciendo por completo caso omiso de salvaguardias clave, garantizadas por el derecho internacional, como consultar con las personas afectadas, dar el debido aviso previo, ofrecer una indemnización suficiente por las pérdidas causadas y proporcionar una vivienda alternativa a quienes no tengan medios de sustento, por lo que los desalojos son ilegítimos.
El mismo día del mortal ataque, el presidente Abdel Fattah al Sisi declaró el estado de excepción en el norte del Sinaí, desde Al Arish hasta Rafá, e impuso en la zona el toque de queda de 17:00 a 7:00 horas, advirtiendo que todo el que lo incumpla se enfrenta a 15 años de prisión.
Las autoridades egipcias han anunciado que van a ampliar la anchura la zona de seguridad 500 metros más, por lo que se teme que en las próximas semanas aumente el número de desalojos forzosos.
El plan de ampliar la zona de seguridad no debe ser causa de nuevos desalojos forzosos –ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui–. No pueden pisotearse sin más los derechos humanos de la población del norte del Sinaí en nombre de la seguridad.
Las demoliciones de viviendas se están llevando a cabo en el contexto de crecientes ataques de grupos armados contra las fuerzas de seguridad egipcias en el norte del Sinaí, al menos 238 miembros de las cuales han muerto desde el 3 de julio de 2013, según los medios de comunicación oficiales.
Durante el mismo periodo, el ejército ha efectuado en el norte del Sinaí varias operaciones militares contra los grupos armados. Según las autoridades, la población se ha visto atrapada en medio de los enfrentamientos y algunas personas han resultado muertas. También han muerto en el mismo periodo decenas de presuntos miembros de grupos armados, según fuentes militares.
Aunque las autoridades están en todo su derecho a proteger las fronteras del país y tienen el deber de garantizar la seguridad de toda persona que se encuentre en su territorio, deben hacerlo cumpliendo siempre las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Según han contado a Amnistía Internacional habitantes de la zona, muchas de las personas desalojadas a causa de la operación han recibido sólo una indemnización insignificante. De acuerdo con el gobernador del norte del Sinaí, se entrega a las personas desalojadas una cantidad de 900 libras egipcias (125 dólares estadounidenses) para ayudarles a pagar un alquiler durante tres meses, hasta que reciban una indemnización completa. El gobernador ha afirmado también que se ofrecerá a las familias una indemnización más por la pérdida de sus viviendas, que será de entre 700 y 1.200 libras (97 y 167 dólares) por metro cuadrado, pero la gente ha dicho a Amnistía Internacional que esta suma no equivale en absoluto al valor de sus casas.
Días después del ataque del 29 de octubre al puesto de control, el primer ministro egipcio, Ibrahim Mahlab, dictó un decreto ley (núm. 1975/2014) para la creación de una zona de seguridad y la evacuación de la zona de Rafá. El artículo 3 de esta ley dispone que todo el que se niegue a abandonar su casa será desalojado a la fuerza, lo que cual contraviene tanto el derecho internacional como la Constitución egipcia, que prohíbe terminantemente los desalojos forzosos.
Muchos habitantes de la zona han contado a Amnistía Internacional que no recibieron notificación oficial de su desalojo y que se enteraron del plazo de 48 horas para abandonar sus casas por las noticias. “Jamás me comunicaron los planes de desalojo –ha explicado a la organización una de las personas afectadas–. Me enteré por la televisión. Ni un solo funcionario se ha dirigido a mí ni a mi familia para informarnos de cómo solicitar la indemnización.
Otra ha dicho: “No supe que tenía que abandonar mi casa hasta que una excavadora derribó la verja. Entonces vino un militar y me dijo que tenía que marcharme enseguida por que iban a demoler la casa al día siguiente. Toda la zona de alrededor de mi casa estaba atestada de vehículos blindados y tanques y había también helicópteros sobrevolando.”
Los habitantes de la zona han explicado también que han visto a vecinos desalojados a la fuerza tras amenazarlos los militares con perros.
“Mis vecinos se negaron a marcharse –cuenta uno de ellos–. Los vi discutiendo con los militares, pero luego irrumpieron en la casa unos soldados con perros y la familia tuvo que huir. ¿Quién va decir que no a los militares con todas las armas que llevan? Luego demolieron la casa con todos los muebles y las cosas de la familia dentro.”
“En su intento de conjurar la amenaza que plantean los grupos armados del Sinaí, las autoridades egipcias incumplen por completo sus obligaciones para con la población”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.
Los habitantes de la zona han expresado su temor de que, aunque lleven generaciones viviendo allí, tengan problemas para solicitar la indemnización al gobierno, pues no son propietarios de la tierra ni tienen documentos oficiales de propiedad. En el Sinaí la tierra se considera propiedad pública, y la propiedad privada está prohibida.
Aparte de las consecuencias económicas, las demoliciones han tenido profundos efectos psicológicos en los habitantes. Tras el acuerdo de paz de Egipto con Israel, la localidad de Rafá de dividió en dos partes. Muchas de las personas que viven en la parte egipcia tienen familia en la parte palestina y ahora se las obliga a mudarse lejos de ella.
La rápida transformación del Sinaí en un “agujero negro” Se ha impuesto también en todo el norte del Sinaí un bloqueo informativo para que los medios de comunicación no hablen de las demoliciones y los desalojos forzosos ni de ninguna otra operación militar.
Periodistas afectados han explicado a Amnistía Internacional que han tenido problemas para informar de las violaciones de derechos humanos cometidas en Rafá debido al toque de queda, que restringe gravemente su libertad de circulación. “Incluso si llegas allí, los habitantes se niegan a hablar, porque temen que el ejército los persiga o los amenace”, ha explicado un reportero a Amnistía Internacional.
El Consejo de Estado está examinando, para su aprobación por el gobierno, un nuevo proyecto de ley que prohíbe publicar noticias sobre el ejército, así como divulgar documentos o estadísticas de índole militar sin consentimiento previo por escrito, con que queda totalmente al margen del escrutinio público.
Todo aquél que infrinja la ley se enfrentará hasta a cinco años de cárcel. Y se impondrán penas aún más severas, de hasta 15 años, si el “delito” se comente en tiempo de guerra o de estado de excepción.
“Esta ley representará un duro golpe a la libertad de prensa en Egipto –ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui–. Los medios de comunicación son una de las pocas formas que tienen los habitantes de la zona para denunciar libremente las injusticias o los abusos de las autoridades. El Sinaí se está transformando rápidamente en un agujero negro donde cometer violaciones de derechos sin temor a que se sepa.
El gobierno egipcio tiene un lamentable historial de juicios de civiles ante tribunales militares, en muchos casos de periodistas que informaban sobre el Sinaí. En septiembre de 2013 fue detenido Ahmed Abu Deraa, corresponsal del periódico egipcio Al Masry Al Youm, y en enero de 2013, Mohamed Sabry, periodista independiente que estaba haciendo un reportaje para la agencia de noticias Reuters. Ambos fueron juzgados ante tribunales militares, que les impusieron sendas condenas condicionales de seis meses de prisión.
En virtud de una nueva ley aprobada el mes pasado, los bienes públicos clave se consideran instituciones militares, y todo delito contra ellos se enjuiciará ante tribunales militares. La ley prepara el terreno a la celebración de juicios militares masivos de civiles, entre ellos manifestantes pacíficos, estudiantes universitarios y, posiblemente, periodistas.
Información complementaria
Desde julio de 2013, el ejército ha llevado a cabo varias operaciones contra grupos activos en el Sinaí, a lo que las autoridades califican de “extremistas”.En los últimos meses han aumentado en el norte del Sinaí los ataques de grupos armados contra las fuerzas de seguridad, que han sufrido 238 bajas mortales en la zona desde el 3 de julio de 2013, según declaraciones oficiales.
El homicidio de al menos 33 soldados en el puesto de control de Qaram Al Qawadis, en el norte del Sinaí, el 24 de octubre de 2014, ha sido el más mortal de los ataques efectuados desde julio de 2013. El grupo armado Ansar Bait al Maqdishas se ha atribuido la responsabilidad, así como la de otros ataques contra militares. Al menos 22 miembros de grupos armados han muerto y 193 han sido detenidos en operaciones efectuadas por las fuerzas de seguridad egipcias tras el ataque, según un portavoz militar.
El gobernador del norte del Sinaí, general Abdel Fattah Harhour, manifestó el 21 de noviembre en una entrevista de televisión que alrededor de 1.165 familias de la zona habían sido desalojados de 802 casas demolidas para crear la zona de seguridad. Añadió que se había despejado una superficie de 500 metros de ancho y 13,8 kilómetros de largo al oeste de Rafá. Mencionó que quizá se ampliara a lo ancho hasta los 5 kilómetros para destruir los túneles que comunican con Gaza, que tienen una longitud de 1,75 kilómetros.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Egipto es Estado Parte, define los desalojos forzosos como la expulsión temporal o permanente de sus hogares o de las tierras que ocupan de personas, familias o comunidades en contra de su voluntad y sin proporcionarles acceso a medios adecuados de protección jurídica o de otra índole. El Comité, que examinó el año pasado el historial de Egipto en materia de derechos humanos, ha expresado su preocupación por los desalojos forzosos generalizados en el país.
