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Cinco años de matanza y desesperación

Londres.- Cinco años después de que las fuerzas encabezadas por Estados Unidos derrocaran a Sadam Husein, Irak sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo en lo que se refiere a los derechos humanos, según ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

En un nuevo informe titulado Matanzas y desesperación, la organización describe el devastador impacto –con más de cuatro millones de personas desplazadas de sus hogares– que han tenido los ataques y homicidios sectarios perpetrados por grupos armados, la tortura y los malos tratos infligidos por las fuerzas gubernamentales iraquíes, y la prolongada detención de miles de sospechosos a manos de fuerzas estadounidenses e iraquíes. Muchos de los detenidos permanecen recluidos sin cargos ni juicio, algunos de ellos durante años.

Se han dedicado millones de dólares a la seguridad pero, a día de hoy, dos de cada tres iraquíes siguen sin tener acceso a agua potable, y casi un tercio de la población –es decir, unos ocho millones de personas– necesita ayuda de emergencia para sobrevivir.

“El gobierno de Sadam Husein era sinónimo de abusos contra los derechos humanos –ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de  Amnistía Internacional–, pero su sustitución no ha proporcionado en absoluto un respiro a la población iraquí.”

Miles de personas han muerto o han quedado mutiladas, y comunidades que antes vivían en relativa armonía se han visto arrojadas a un conflicto declarado. La población civil es la que ha soportado la mayor parte de la carga. Las condiciones de muchas mujeres, ahora en peligro a causa del integrismo religioso, se han deteriorado respecto a la época de Sadam Husein.

Según el informe, ni siquiera en la región kurda relativamente pacífica del norte de Irak las mejoras económicas se han visto acompañadas de un aumento del respeto por los derechos humanos.

“Siguen recibiéndose informes de detenciones arbitrarias, reclusiones y tortura incluso en las provincias kurdas –ha manifestado Malcolm Smart– y la disidencia política pacífica apenas se tolera. Se ha detenido sin cargos a opositores políticos, y los homicidios por motivos de ‘honor’ (mujeres que mueren a manos de sus familias) siguen siendo un problema muy arraigado que las autoridades critican pero no han abordado adecuadamente.”

Nadie sabe con exactitud cuántas personas han muerto en Irak desde la invasión encabezada por Estados Unidos en marzo de 2003. Según el estudio más amplio, realizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno iraquí y publicado el pasado mes de enero, más de 150.000 personas habían muerto hasta junio de 2006. La ONU informó de que en 2006 –el último año del que se dispone de estas cifras– habían muerto casi 35.000 personas.

El problema constante de la inseguridad ha obstaculizado los esfuerzos por restaurar el orden pero, incluso cuando las autoridades iraquíes se han visto en situación de defender los derechos humanos, rara vez lo han hecho. Los juicios son sistemáticamente injustos, con condenas basadas en declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura, y centenares de personas han sido condenadas a muerte.

“Este es uno de los aspectos más preocupantes de cara al futuro –ha manifestado Malcolm Smart–. Las autoridades iraquíes, incluso cuando han tenido ante ellas pruebas fehacientes de torturas infligidas bajo su custodia, han optado por no hacer rendir cuentas a los responsables, y Estados Unidos y sus aliados han optado por no pedirles que lo hagan.”