En respuesta a otra filtración de documentos oficiales del gobierno chino (los llamados “Cables de China”), en los que se explica detalladamente el marco de las estructuras que condujeron a abusos contra cientos de miles de personas grupos étnicos predominantemente musulmanes en campos de detención de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (Sinkiang), Lisa Tassi, directora de Campañas para Asia Oriental de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“El que China siga negando la existencia de centros de detención en Sinkiang es cada vez más inútil ante la acumulación de evidencias. Esta última filtración es una prueba más de su persecución sistemática de las minorías étnicas y religiosas en China a una espeluznante escala.
“Los abusos que se describen en estos documentos filtrados coinciden con los desgarradores testimonios que Amnistía Internacional ha recibido de personas que estuvieron detenidas en campos de internamiento masivos de Sinkiang, y de los familiares de otras que aún siguen desaparecidas.
“Cada semana que pasa, el mundo sabe más sobre el horror que China está desatando sobre su propia ciudadanía en Sinkiang. Es hora de que el gobierno chino deje a un lado su frágiles contrargumentos, incluida la afirmación de que las personas que están en los campos reciben “formación profesional”. En lugar de eso, deberían ofrecer de inmediato respuestas a los cientos de miles de personas que están desesperadas por conseguir información sobre sus seres queridos.
“Si China no tiene nada que ocultar, debe permitir que observadores de derechos humanos verdaderamente independientes accedan de inmediato y sin trabas a Sinkiang, algo a lo que se ha negado firmemente hasta ahora, a pesar de las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional, entre otras instancias.
“Estas desfavorables filtraciones deberían actuar de catalizador para que la comunidad internacional incremente la presión sobre las autoridades chinas para acabar con esta catástrofe de derechos humanos.”
Información complementaria
El informe de Amnistía Internacional de 2018 titulado ‘Where Are They?’ documentó la intensificación de la campaña gubernamental de internamiento masivo, vigilancia invasiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra las personas de etnias uigur y kazaja y los miembros de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes que viven en Sinkiang.
La mayoría de las familias de las personas detenidas desconocen la suerte de sus seres queridos y a menudo tienen miedo de alzar la voz.
El internamiento de grupos étnicos predominantemente musulmanes en Sinkiang se ha intensificado desde marzo de 2017, cuando se aprobó la “Normativa sobre Desradicalización” en la región. Las muestras públicas —o incluso privadas— de afiliación religiosa y cultural, como llevar una barba “extraña”, cubrirse la cabeza con un velo o un pañuelo, orar a intervalos regulares, ayunar o evitar el alcohol, o tener libros o artículos sobre el islam o la cultura uigur pueden considerarse conductas “radicales” en virtud de esta normativa.
Las autoridades han justificado estas medidas extremas basándose en la necesidad de luchar contra lo que afirman que es “terrorismo” y garantizar la seguridad nacional.
Los documentos filtrados conseguidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) el domingo, y compartidos con 17 medios de comunicación asociados, revelaron el marco establecido por el gobierno chino para crear las estructuras que condujeron al abuso contra cientos de miles de personas de grupos étnicos predominantemente musulmanes, a quienes se somete a un lavado de cerebro y otros malos tratos en campos de detención en Sinkiang. Esto ocurrió tras la filtración de 400 páginas de documentos internos al New York Times la semana pasada.
