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Chile: La Corte Suprema resuelve a favor de una aplicación restrictiva de la justicia militar

La Corte Suprema de Chile ha dictaminado que la investigación y juicio del caso de Jorge Aravena Navarrete –fallecido el 17 de febrero en un furgón policial–, debe ser visto ante la justicia ordinaria. © AI Chile

Amnistía Internacional valora muy positivamente la reciente decisión de la Corte Suprema que establece que la investigación y juicio del caso de Jorge Aravena Navarrete –fallecido el 17 de febrero en un furgón policial–, debe ser visto ante la justicia ordinaria.

Jorge Aravena falleció tras permanecer al menos ocho horas encerrado en un furgón policial en condiciones deficientes y con una clara falta de ventilación. Su cuerpo fue encontrado sin vida a las 23:00 horas, pese a que el fiscal ordenó su libertad alrededor de las 15:00 horas.

En el año 2010 Chile realizó una modificación al Código de Justicia Militar para excluir a los civiles y menores de la competencia de tribunales militares, pero no especificó que las personas civiles quedarían fuera de la justicia militar cuando fueran víctimas de delitos cometidos por militares. Ahora, sin embargo, el fallo dictado por la Corte Suprema señala que la reforma de 2010 también debe excluir a menores y civiles cuando sean víctimas de delitos cometidos por militares y cuando no hayan cometido delitos propiamente militares.


Diversos organismos internacionales han instado al Estado de Chile a reformar la justicia militar. También Amnistía Internacional ha pedido durante años que la jurisdicción militar se aplique solo a cuestiones administrativas y disciplinarias de carácter militar, y que los juicios por violaciones de derechos humanos sean llevados a cabo por tribunales ordinarios.

Si bien Amnistía Internacional valora el fallo de la Corte Suprema, la organización recuerda que hay casos que sí han sido sometidos a la justicia militar, por lo que pide la modificación del Código de Justicia Militar para que no haya duda sobre la competencia de la justicia ordinaria y evitar interpretaciones judiciales. Amnistía Internacional tiene conocimiento de que el actual Gobierno tiene previstas reformas legales en esta materia, por lo que espera que los cambios se implementen lo antes posible, en estricto alineamiento con la normativa internacional.