Ante las repatriaciones sin garantías de menores marroquíes que están teniendo lugar en Ceuta desde el pasado viernes 13 de agosto, más de 25 ONG han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar su paralización inmediata. Las organizaciones firmantes han trasladado en esta carta al presidente Sánchez su profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada.
Las organizaciones insisten en que estas expulsiones están vulnerando los derechos de estos menores, contraviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional, tal y como ya han alertado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.
La carta recoge como ayer mismo y a pesar de las dificultades existentes para la defensa jurídica de estos niños y niñas, se produjeron dos pronunciamientos muy relevantes que ponen en evidencia la ilegalidad de estas actuaciones e imponen la necesidad de suspenderlas de manera inmediata. En el ámbito nacional, un juzgado de Ceuta ha paralizado cautelarmente la repatriación de 9 de 12 niños que iban a ser expulsados esa misma mañana (3 ya habían sido expulsados), ante la medida cautelarísima solicitada por considerar acreditada la falta de garantías de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno y la Policía de Ceuta, ya que “ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores” En el ámbito internacional, el propio Comité de los Derechos del Niño ha solicitado como medida provisional la paralización de la expulsión de 10 niños, aunque 4 de ellos ya habían sido expulsados, ante la presentación de una comunicación individual que alega la violación de varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Las organizaciones recuerdan que tras la llegada de un niño o niña migrante no acompañada, las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen. Por ello, el retorno al país de origen sólo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen tres requisitos: es en el interés superior del niño, se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que tanto la Ley de Extranjería y su Reglamento, así como la Ley de Protección Jurídica del Menor requieren.
Las organizaciones señalan, además, que estas actuaciones contravienen lo establecido por el Tribunal Constitucional español en dos sentencias del 22 de diciembre de 2008, en las que reconoció el derecho de un menor marroquí a oponerse judicialmente a su repatriación a Marruecos, considerando que tenía “capacidad y madurez suficientes” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses. Desde entonces, nuestro ordenamiento garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los menores extranjeros tutelados por la Administración Pública, reconociéndoles capacidad procesal suficiente para recurrir por sí mismos o mediante el nombramiento de defensor judicial, las decisiones contrarias a sus intereses, incluso, sin el consentimiento de sus tutores legales. Este derecho está siendo sistemática y gravemente vulnerado por el Estado español a las decenas de niños marroquíes que ya han sido repatriados a Marruecos sin las debidas garantías, entre ellas, sin haber sido escuchados y sin asistencia letrada.
Por todo ello, las organizaciones solicitan al presidente Sánchez que suspenda de manera inmediata estas repatriaciones, que impulse desde el Gobierno los mecanismos de reparto para evitar la saturación del sistema de protección ceutí, y garantice que se inician los procedimientos legales de evaluación del interés superior de estos menores, con todas las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para determinar cuál es la solución duradera que más se ajusta a sus necesidades.
Las organizaciones de infancia y de derechos humanos firmantes son:
Plataforma de Organizaciones de Infancia, Save The Children, Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Coordinadora de Barrios, Proyecto Solidario por la Infancia, Maakum Ceuta, Unicef Comité Español, Red Acoge, Andalucía Acoge, Voluntarios por Otro Mundo, Médicos del Mundo, Asociación Rumiñahui, Asociación Colectivo Agar – Red interlavapies,Valiente Bangla, Senda de Cuidados, Territorio Doméstico, Asociación Geum Dodou (Melilla), Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos, Asamblea 8M de Lavapiés, Red Solidaria de Acogida (RSA), UMOYA- Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, Servicio Jesuita a Migrantes, Gentium, Cáritas, EDUCO, ACCEM, Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife, Fundación Raíces, No Name Kitchen y Amnistía Internacional.
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