Londres.- En las ocho semanas transcurridas desde las elecciones presidenciales del 12 de junio hasta la investidura de Mahmoud Ahmadineyad el 5 de agosto para cumplir su segundo mandato como presidente, se ha observado un alarmante aumento de las ejecuciones llevadas a cabo por las autoridades iraníes, según afirmó Amnistía Internacional el 7 de agosto. “En poco más de 50 días hemos documentado no menos de 115 ejecuciones, lo que significa un promedio de más de dos ejecuciones diarias –señaló Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional–. Se trata de un aumento muy significativo, incluso con respecto al índice de ejecuciones escandalosamente alto que hasta el momento caracterizaba la situación de los derechos humanos en Irán.” Desde el comienzo de 2009 hasta el 12 de junio, Amnistía Internacional ha documentado al menos 196 ejecuciones, cifra que sitúa a Irán en el segundo puesto mundial, detrás de China, en cuanto al número de ejecuciones realizadas. De las 115 ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional desde las elecciones presidenciales del 12 de junio, 14 se llevaron a cabo el 2 de julio, 20 el 4 de julio, 13 el 14 de julio y 24 el 5 de agosto, día de la investidura. “En las últimas semanas, la atención mundial se ha centrado, comprensiblemente, en los brutales intentos por parte de las autoridades de Teherán de reprimir las manifestaciones masivas y en gran medida pacíficas que sucedieron al resultado oficial de la votación presidencial, cuestionado por una mayoría –afirmó Irene Khan–. Sin embargo, como demuestran estos datos tan grotescos, otros patrones de abuso contra los derechos humanos existentes desde hace tiempo tampoco han cesado; más bien todo lo contrario.” Amnistía Internacional reconoce que el número real de ejecuciones debe ser, casi con toda seguridad, muy superior incluso al que la organización ha podido documentar basándose en fuentes oficiales iraníes, medios de comunicación y otras fuentes. Al parecer, la mayoría de las personas ejecutadas habían sido declaradas culpables de contrabando de drogas o delitos relacionados. Se piensa que los ejecutados por ahorcamiento eran hombres, la mayoría de entre 20 y 50 años, pero al menos hubo dos mujeres entre ellos. Sólo se conoce la identidad de algunas víctimas. En concreto, las autoridades no facilitaron el nombre de ninguno de los 24 presos ejecutados el 5 de agosto en la cárcel de Rejai Shahr, en Karaj; sólo dijeron que habían sido ejecutados por delitos relacionados con drogas.
“Es una situación terrible, y más si cabe por el hecho de que probablemente todas o la mayoría de las personas ejecutadas no fueron juzgadas con las debidas garantías, lo que supone un grave quebrantamiento del derecho internacional” afirmó Irene Khan. Por lo general, las personas acusadas de delitos de drogas u otros delitos graves permanecen recluidas durante largos periodos en detención preventiva, son objeto de malos tratos sistemáticos y no tienen acceso a un abogado hasta el mismo momento de ir a juicio, si es que éste se celebra. “En 2008, una mayoría abrumadora de los Estados miembros de la ONU pidió una moratoria global de las ejecuciones, como reflejo de la creciente tendencia mundial a la abolición de la pena de muerte –señaló Irene Khan–. Por tanto, ya va siendo hora de que las autoridades iraníes dejen de oponerse a la tendencia global y empiecen a cumplir con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos.” Información complementaria La adopción de la resolución 62/149 en diciembre de 2007 y de la resolución 63/168 en diciembre de 2008 para pedir una moratoria de las ejecuciones en los períodos de sesiones núms. 62 y 63 de la Asamblea General de la ONU significa que una gran mayoría de los Estados miembros de la ONU de todas las regiones del mundo están a favor de la suspensión del uso de la pena de muerte. En 2008, 89 Estados presentaron a votación la resolución y hubo 106 votos a favor, 46 en contra y 34 abstenciones. Ocho miembros de la Liga de los Estados Árabes se abstuvieron.
