Londres.- Amnistía Internacional siente honda preocupación por el repentino aumento de las ejecuciones en Irak, a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional para que se decrete la abolición de la pena de muerte en este país. El 19 de diciembre, la oficina del primer ministro iraquí anunció que habían sido ejecutados otros 13 presos, lo que hace de 2006 el año con el mayor número de ejecuciones desde que Irak reinstauró la pena capital en el 2004. Desde que las autoridades reanudaron las ejecuciones, en septiembre de 2005, han sido ejecutadas por lo menos 60 personas y, según los informes, se ha ejecutado a alrededor de 53 desde que comenzó el presente año.
Según el gobierno, los 13 hombres ejecutados el 19 de diciembre habían sido declarados culpables de asesinato, violación y tortura. Los informes indican que uno de ellos confesó ser el autor de la muerte de 10 personas. Sin embargo, no se ha hecho pública la identidad de los ahorcados y el gobierno no facilitó datos de sus juicios, lo que suscita preocupación por la posibilidad de que al menos algunos de ellos hayan sido condenados en juicios injustos.
Según la prensa, tras las ejecuciones las autoridades dieron a conocer un cortometraje en el que se muestra a un grupo de hombres encapuchados y con las manos atadas a la espalda, que se cree que eran los 13 hombres antes de su ejecución.
Amnistía Internacional es muy consciente de la gravedad de la situación de la seguridad que se vive actualmente en Irak y reconoce plenamente que el gobierno tiene la responsabilidad de hacer respetar el Estado de derecho y de garantizar que los autores de asesinatos y otros delitos comparezcan ante la justicia. Sin embargo, al hacerlo, las autoridades iraquíes deben cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, que incluyen garantizar juicios justos, y no deben recurrir a la pena de muerte. La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia. El uso de esta pena extrema no resolverá la grave situación de los derechos humanos en Irak y sólo sirve para devaluar aún más el derecho a la vida.
La organización reitera su llamamiento a las autoridades iraquíes para que conmuten todas las condenas a muerte y procedan a abolir la pena capital en la ley y en la práctica.
