Aumenta la intimidación de periodistas y manifestantes

Londres.- Amnistía Internacional ha denunciado la escalada de abusos contra los derechos humanos en Honduras y ha instado a las fuerzas de seguridad a que respeten el Estado de derecho y los derechos humanos cuando el presidente regrese al país el fin de semana. Informes recientes indican que periodistas que han publicado artículos en los medios de comunicación sobre la crisis o que han cubierto las protestas y las decenas de detenciones han sido intimidados. Los fiscales también han informado de amenazas por sus intentos de verificar abusos contra los derechos humanos durante las protestas. En otro caso, seis manifestantes fueron detenidos y puestos en libertad condicional acusados de rebelión en El Progreso. Amnistía Internacional considera que eran manifestantes pacíficos y que los cargos contra ellos sólo pretenden castigarlos por protestar. La organización ha recibido también informes de ataques contra emisoras de radio nacionales y locales. En las instalaciones de Radio América se encontró una granada, y una emisora de radio local recibió al menos 15 impactos de bala, motivo por el cual tuvo que interrumpir sus emisiones. Muchas emisoras parecen haber cerrado temiendo por su seguridad. Otras, como Canal 36, han sido clausuradas por las fuerzas de seguridad y, según los informes, hay soldados vigilando sus instalaciones. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que investiguen estos ataques y se aseguren de que las emisoras pueden funcionar con seguridad y sin temor. "Restringir la libertad de expresión sólo servirá para aumentar la frustración y la ira”, ha dicho Kerrie Howard, subdirectora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. “El ejército y la policía deben asegurarse de que durante las operaciones destinadas a mantener el orden público se hace un uso de la fuerza proporcionado y acorde con las normas de la ONU. Debe permitirse a la ciudadanía manifestarse pacíficamente sin temor a ser encarcelada, ser acusada de cargos penales o sufrir otras represalias”, ha añadido Howard. Amnistía Internacional cree asimismo que el decreto presidencial que formaliza el estado de emergencia, y que incluye el toque de queda y la suspensión de ciertas garantías y libertades individuales, podría abrir la puerta a otras violaciones de derechos humanos si se aplica irrazonablemente. Según la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de las circunstancias excepcionales, el Estado de Honduras sigue estando estrictamente obligado a proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a no ser sometido a torturas ni malos tratos, así como a respetar las garantías judiciales fundamentales para la protección de tales derechos, en particular el derecho al recurso de hábeas corpus. La suspensión de algunas garantías, en concreto –según los informes– la restricción de los derechos al debido proceso, podría equivaler en algunos casos a violaciones de los tratados de derechos humanos regionales e internacionales en los que Honduras es Estado Parte. La Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que en ninguna circunstancia podrá derogarse el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de conciencia y religión, a la protección de la familia o a la participación en el gobierno, ni suspenderse las garantías judiciales necesarias para la protección de estos derechos.