Amnistía Internacional ha recibido nuevos informes de tortura y abusos infligidos a un grupo de activistas saudíes de derechos humanos que permanecen en detención arbitraria desde mayo de 2018. Estos informes vinieron precedidos de testimonios similares de noviembre de 2018 sobre la tortura de una serie de activistas, y destacan la necesidad urgente de llevar a cabo una investigación independiente sobre las denuncias. Así lo ha afirmado hoy la organización.
Según los testimonios, un total de diez defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron tortura, abusos sexuales y otras formas de malos tratos durante sus tres primeros meses de detención, cuando permanecieron recluidos en un centro informal de detención en un lugar no identificado.
A una activista, uno de los interrogadores le mintió y le dijo que unos familiares suyos habían muerto, y le hizo creer esa mentira durante un mes entero. Según otro relato, dos activistas tuvieron que besarse mutuamente mientras los interrogadores miraban. Una activista informó de que los interrogadores le habían llenado la boca de agua cuando gritaba mientras la torturaban. Otros informaron de que los habían torturado con descargas eléctricas.
“Nos preocupa enormemente el bienestar de estas personas activistas, que llevan en detención arbitraria unos nueve meses simplemente por defender los derechos humanos”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio.
“Las autoridades saudíes han demostrado en repetidas ocasiones que no están dispuestas a proteger de forma efectiva frente a la tortura a las personas detenidas, ni a llevar a cabo investigaciones imparciales sobre las denuncias de tortura bajo custodia. Por eso pedimos a Arabia Saudí que permita a órganos de observación independientes acceso inmediato y sin trabas a las personas activistas detenidas.”
En noviembre de 2018, Amnistía Internacional documentó la manera en que varios activistas de ambos sexos que permanecían en detención arbitraria desde mayo de 2018 habían sufrido torturas reiteradas con descargas eléctricas y flagelamiento; a consecuencia de esas torturas, algunos no podían caminar o mantenerse de pie adecuadamente. Los nuevos testimonios revelan que más activistas de este grupo fueron objeto de este tipo de tortura.
En diciembre de 2018, Amnistía Internacional escribió a las autoridades saudíes para pedirles que se permitiera a órganos de observación independientes, incluidas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o los mandatos de derechos humanos de la ONU, acceder a los defensores y defensoras de los derechos humanos, pero la organización no ha recibido respuesta hasta la fecha.
Después de que Amnistía Internacional y otros informaran sobre las denuncias de tortura y acoso sexual en noviembre, el Ministerio de Medios de Comunicación saudí rechazó las denuncias, calificándolas de “infundadas”. En diciembre, Amnistía Internacional recibió información que indicaba que la Comisión de Derechos Humanos, alineada con el gobierno saudí, se había reunido con las mujeres detenidas y les había preguntado sobre las denuncias de tortura. Tras la visita de la Comisión, unos miembros de la fiscalía saudí visitaron también en prisión, según se ha informado, a las personas activistas detenidas para investigar las denuncias de tortura.
“Pedimos a las autoridades de Arabia Saudí que pongan en libertad inmediata e incondicional a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que permanecen detenidos exclusivamente por su labor pacífica de derechos humanos”, ha manifestado Lynn Maalouf.
La organización ha pedido también a las autoridades que permitan que observadores independientes investiguen estas denuncias, para determinar los hechos de manera imparcial e identificar a los responsables.
Información complementaria
Varios activistas de ambos sexos que fueron detenidos arbitrariamente en la represión de mayo de 2018 y que sufrieron tortura, acoso sexual y otros malos tratos durante sus tres primeros meses de reclusión, permanecen privados de libertad sin cargos y sin asistencia letrada.
En diciembre, varios fueron trasladados de la prisión de Dhahban, en Yidda, donde permanecían recluidos desde agosto, a la prisión de Al-Ha’ir, en Riad. Entre ellos se encontraban Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Shadan al-Anezi y Nouf Abdulaziz.
Samar Badawi y Amal al-Harbi se encuentran actualmente recluidas en la prisión de Dhahban, en Yidda. Nassima al-Sada, detenida también desde junio de 2018, está ahora recluida en la prisión de Al-Mabahith, en Dammam. Hasta el momento, ninguno de los defensores y defensoras de los derechos humanos ha sido acusado oficialmente o remitido a juicio.
Entre los que se encuentran detenidos arbitrariamente sin cargos desde la oleada de arrestos de mayo de 2018 se encuentran Abdulaziz al-Mish’al y Mohammad al-Rabe’a. Mohammad al-Bajadi, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, y Khalid al-Omeir, activista que ha cumplido una pena de prisión por su activismo de derechos humanos, también permanecen detenidos sin cargos. Los activistas han informado asimismo de la detención de otros activistas de los derechos de las mujeres y de intelectuales, incluidas Mayaa al-Zahrani, la Dra. Abir Namankani, la Dra. Ruqayyah al-Mharib y la Dra. Hatoon al-Fassi. En diciembre, el Dr. Ibrahim al-Modeimigh, destacado abogado y defensor de los derechos humanos detenido en la represión de mayo de 2018, fue puesto en libertad. Se desconocen las condiciones de su puesta en libertad.
