Madrid.-El pasado jueves 31 de julio, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) decidió suspender temporalmente la exportación de armas a Israel. España ha sido el primer país en adoptar esta medida. “Acogemos con satisfacción esta decisión del Gobierno español, coherente con lo establecido en la legislación española, europea e internacional sobre transferencia de armas”, ha señalado Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España. La organización recuerda además que es necesario que España mantenga esta decisión hasta la imposición de un embargo de armas global por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea a Israel, Hamás y otros grupos palestinos armados y que promueva que otros países también la adopten, tal y como AI pidió a la JIMDDU el pasado 10 de julio. “Hasta que se establezcan mecanismos efectivos que garanticen que las armas no se emplean para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ningún país debería enviar armas a Israel”, ha asegurado Ana Rebollar. Estados Unidos, el principal exportadorAmnistía Internacional ha pedido reiteradamente a EE.UU., principal suministrador de armas a Israel, que suspenda las transferencias de armas al país y se ha dirigido también a Colombia, Italia, Austria, Corea del Sur e India, que han exportado importantes cantidades de armas a Israel en los últimos cinco años. Por otro lado, Irán ha suministrado asistencia técnica sobre fabricación de armas a Hamás en Gaza. Igualmente, la organización ha hecho un llamamiento urgente al gobierno de EE.UU. para que pare inmediatamente la transferencia de un envío de combustible que actualmente es transportado en barco a Israel para ser utilizado por el ejército israelí. El 23 de julio de 2014 el petrolero de bandera estadounidense “Overseas Mykonos” dejó el Puerto de Corpus Christi, Texas, después de salir de Houston hacia su destino declarado de Ashkelon, donde se encuentra una terminal petrolífera importante al norte de la Franja de Gaza. Exportaciones españolas Según datos oficiales, entre 2003 y 2012, España realizó operaciones con Israel por valor de 8,9 millones de euros. En 2013 realizó exportaciones por valor de 4,88 millones y autorizó operaciones por importe de 5,9 millones de euros. Entre los productos exportados por España entre 2010 y 2013 figuran vehículos todo terreno, componentes de pistolas deportivas para su reexportación a EE.UU., componentes de un misil para el Ejército de Tierra, espoletas de granadas de morteros, sistemas electroópticos de morteros para su reexportación al Ejército de Tierra español y un prototipo de un sistema de dirección de tiro para su reexportación a Indonesia, así como tarjetas electrónicas de procesado de imágenes para ser incorporadas en equipos con destino a aeronaves de las Fuerzas Aéreas de países de la UE. La legislación sobre comercio de armas La Ley 53/2007 sobre el control del material de defensa y de doble uso permite denegar, suspender o revocar una solicitud de autorización cuando “el material de defensa, otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”. España ratificó el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA), aprobado por la Asamblea General de la ONU el 2 de abril de 2013, que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales, municiones y componentes a países cuando tienen conocimiento de que esas transferencias podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Asimismo, el TCA obliga a España a evaluar el riesgo de transferir armas a otro país y a no autorizar la transferencia si existe un riesgo preponderante de que las armas contribuyan o menoscaben la paz y la seguridad, se puedan utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, un delito de terrorismo o de delincuencia organizada transnacional. Los gobiernos deben denegar las autorizaciones si hay un riesgo “preponderante” de esas graves violaciones que no pueda mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen para cometer actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños. En junio de 2013, al firmar el TCA, España hizo una declaración aceptando aplicar las disposiciones de derechos humanos del TCA incluso antes de su entrada en vigor, que se producirá a los 90 días de que lo ratifique el país número 50. Hasta ahora hay 41 países y se prevé que hacia finales de 2014 se consigan los nueve países que faltan. Esta decisión de suspensión primando los derechos humanos a los intereses comerciales va en línea con esa declaración.
