Bruselas.- Los líderes políticos europeos deben adoptar una postura contra las entregas y las detenciones secretas, dondequiera que se produzcan. Aunque los hechos se han comprobado una y otra vez, los órganos de toma de decisiones del Consejo de Europa y la Unión Europea aún no han condenado públicamente el programa de entregas y detención secreta de Estados Unidos, y mucho menos se han mostrado comprometidos con la tarea de poner fin a la complicidad de Europa en las violaciones de derechos humanos que son consecuencia de prácticas contraterroristas ilegales. Si bien se han realizado verdaderos esfuerzos para investigar violaciones cometidas en el pasado y garantizar que se rinden cuentas por ellas, casi todos estos esfuerzos han tenido lugar a pesar de los gobiernos, no con su apoyo pleno.
Seguir negando lo que es cada vez más evidente socava la credibilidad de gobiernos y altos cargos europeos. Su silencio y el hecho de que no tomen medidas en el marco del Consejo de Europa es una traición de los objetivos fundacionales de esta organización: la protección de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia pluralista.
Los Estados están obligados a tomar medidas lícitas para proteger de ataques terroristas a la población. Las entregas y las detenciones secretas desvirtúan estas medidas, al limitar la capacidad de los Estados para poner a disposición judicial a los responsables de actos de terrorismo. El apoyo a actividades concebidas para escapar del examen de la opinión pública debilita el Estado de derecho, fundamento de la verdadera seguridad. Esto constituye una traición no sólo a los valores sobre los que se basa Europa, sino a las propias víctimas del terrorismo.
La evidencia respecto a los vuelos de la CIA y los centros secretos de detención de Polonia y Rumania –que se reveló en el informe aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa el 8 de junio de 2007– debe ser afrontada de forma plena y transparente no sólo por estos dos gobiernos, sino por todos los Estados miembros. Los desmentidos que esta semana publicaron ambos gobiernos no convencen a nadie en ausencia de unas investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre los nuevos datos expuestos en el informe. Amnistía Internacional insta a los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, su Comité de Ministros y sus 47 Estados miembros a que tomen medidas concretas para garantizar que se da a conocer a la opinión pública su participación en detenciones secretas y transferencias ilegales de detenidos, que los responsables de perpetrar violaciones de derechos humanos son puestos a disposición judicial y que se establece un control eficaz sobre los servicios de seguridad nacionales y extranjeros para que este tipo de abusos nunca vuelvan a suceder.
En concreto, Amnistía Internacional pide que se tomen las siguientes medidas:
- El 27 de junio de 2007, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa deberá adoptar sin modificaciones importantes el proyecto de resolución y recomendación sobre las entregas y las detenciones secretas que acompaña al último informe de su relator, senador Dick Marty (http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf). - Los gobiernos deben asegurarse de que sale a la luz la verdad sobre las actividades ilegales llevadas a cabo por agentes nacionales y extranjeros en su territorio o en cualquier otro lugar en el marco del programa de entregas y detención secreta dirigido por Estados Unidos. Los desmentidos generalizados y la obstrucción de investigaciones judiciales o parlamentarias, bien por los Estados o por la OTAN, deben ser sustituidos por investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas. Las nociones de secreto de Estado y de seguridad nacional no pueden utilizarse como pretexto para impedir que se revelen indicios de implicación oficial en graves violaciones de derechos humanos. Los Estados miembros del Consejo de Europa deben asegurarse de que los acuerdos multilaterales y bilaterales y las medidas tomadas para ponerlos en práctica, incluidas las que se tomen en el marco de la OTAN, sean coherentes con su obligación de respetar y proteger los derechos humanos.
- El Comité de Ministros del Consejo de Europa y el Consejo de la Unión Europea deben poner fin a su silencio ante la información desvelada por las investigaciones llevadas a cabo por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el secretario general del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo de la Unión Europea.
- Deben condenar públicamente las entregas, las detenciones secretas, las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos. Deben exigir que los Estados miembros abran investigaciones independientes, imparciales y eficaces, pongan a disposición judicial a quienes hayan cometido ilegalidades y garanticen una reparación adecuada para las víctimas de entrega y detención secreta.
- El Comité de Ministros también debe actuar para abordar las lagunas existentes en el derecho internacional que hayan podido facilitar tales prácticas. En concreto, los ministros deben dar instrucciones inmediatamente a los grupos para que redacten de forma transparente las normas recomendadas hace un año por el secretario general. El objetivo de estas normas propuestas es garantizar la supervisión y rendición de cuentas democrática y eficaz de todos los servicios de información: civiles, militares, nacionales y extranjeros; lograr el respeto de los derechos humanos por parte de las aeronaves en tránsito, civiles y estatales; y crear un marco para retirar la inmunidad a los funcionarios sobre quienes haya sospechas razonables de su implicación en graves violaciones de derechos humanos.
- El Consejo de Europa debe también desarrollar normas que establezcan claramente que la información relacionada con la participación de agentes del Estado en graves violaciones de derechos humanos no puede protegerse como “secreto de Estado” ni por motivos de seguridad nacional.
- El Comité de Ministros debe asimismo tomar medidas para aplicar la Recomendación 1754 (2006), sobre la participación de los Estados europeos en entregas y detenciones secretas, aprobado hace un año por la Asamblea Parlamentaria.
- El Consejo de Europa debe crear un mecanismo de investigación parlamentaria europeo, dotado de los recursos adecuados, para investigar violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas, como las que han ocurrido en el marco de los programas de entregas y detención secreta dirigidos por Estados Unidos.
Estas medidas son fundamentales para demostrar el compromiso real, tanto de palabra como de hecho, del Consejo de Europa y sus Estados miembros con los principios fundacionales del Consejo de Europa. Es lo menos que exigen el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho. Nuestra seguridad futura, tanto individual como colectiva, depende de ello.
