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A tres años de su entrada en vigor, la ley integral no tiene el impacto esperado

Amnistía Internacional pide al Gobierno más prioridad en la lucha contra la violencia de género

La falta de evaluación de los efectos de la ley impide tomar medidas eficaces para garantizar la protección de las mujeres

Madrid.- Tres años después de la plena entrada en vigor de la Ley Integral (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), Amnistía Internacional pide al Gobierno que la lucha contra la violencia de género gane prioridad. Amnistía Internacional presenta hoy el informe, Obstinada realidad, derechos pendientes, donde se evalúan los efectos de la Ley Integral en su tercer aniversario.

 

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la aprobación por parte del Estado español de una legislación específica para combatir la violencia contra las mujeres a manos de la pareja o ex pareja, y medidas dentro de esta ley como la aprobación del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención (2007-2008), que estableció entre sus objetivos algunas de las recomendaciones formuladas por la organización, como lograr la equidad territorial de la respuesta sanitaria y de atención, o proporcionar formación al conjunto de profesionales de los ámbitos implicados. O la iniciativa de evaluar los efectos de la puesta en marcha de esta ley, como la creación del Observatorio Estatal sobre Violencia contra la Mujer.

 

“Sin embargo, Amnistía Internacional quiere poner de relieve que a más de tres años de su entrada en vigor, pese a los avances realizados, la ley integral ha tenido poco impacto en aspectos fundamentales del recorrido que deben realizar las mujeres que sobreviven a la violencia de género, como la atención sanitaria de calidad, el acceso a recursos de atención integral, la asistencia letrada o la consolidación del principio de no discriminación. Todos ellos siguen siendo compromisos sin cumplir”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

 

Igualmente, la organización sigue viendo un déficit en el desarrollo de la Ley Integral en el hecho de que no se hayan producido evaluaciones y seguimientos del impacto de la ley, con vistas a detectar las lagunas en su desarrollo. Evaluaciones que no deben obviar las cifras oficiales de la violencia de género. Datos como que entre enero de 2005 y el 26 de junio de 2008 fueron asesinadas 224 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, que en 2007 el riesgo de las mujeres extranjeras de ser víctima de homicidios de género fue seis veces superior al de las españolas, y el incremento en estos tres años del número de mujeres asesinadas que habían denunciado (el 30% de las mujeres asesinadas en 2007) y el de aquellas que murieron a pesar de tener una orden de protección en vigor (12 fueron asesinadas en 2007) no pueden quedar fuera de ninguna investigación sobre este fenómeno. “Amnistía Internacional emplaza al Gobierno español a que cumpla con su obligación en el tercer aniversario de la norma y realice una completa evaluación que ponga de relieve no sólo las medidas puestas en marcha durante estos años, sino el impacto  de las mismas en la vida de las mujeres, así como las medidas que quedan por desarrollar”, señaló Virginia Álvarez.


Motivos de preocupación de Amnistía Internacional
En este informe, la organización quiere llamar la atención sobre la falta de cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, que constituye la base de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional:

 

  • No se cumple la ley en el ámbito sanitario. Un ámbito fundamental en cuanto a la detección de la violencia de género y la atención a la mayor parte de las víctimas. Amnistía Internacional ha comprobado que la mayor parte de sus resultados previstos en este ámbito siguen en el papel. A seis meses de que finalice la vigencia del Plan Nacional (2007-2008), que establecía la formación de “todos” los profesionales del ámbito sanitario, no existe un plan de formación con acciones, calendario, y presupuesto. Y aunque se lanzó el  Protocolo Común de Actuación Sanitaria, no se han evaluado las necesidades profesionales para su correcta aplicación.
  • La asistencia integral sigue siendo insuficiente y desigual en función de la Comunidades Autónoma y no se garantiza a todas las mujeres. La Ley Integral estableció el derecho de las víctimas a la “asistencia social integral”. Sin embargo, este derecho continúa sin ser una realidad para todas las mujeres y en todo el territorio estatal, ya que no existe un compromiso interinstitucional de mínimos, ni una financiación suficiente y estable.  Por un lado, sigue sin existir un centro de recuperación integral en todas las Comunidades Autónomas, se sigue haciendo uso de hostales y albergues como “centros de emergencia” y las mujeres extranjeras carecen de intérpretes en todo el proceso de asistencia. Y por otro, se ha reducido el presupuesto destinado a Comunidades Autónomas y Corporaciones locales casi a la mitad. En 2006, el presupuesto destinado a éstas era de 12 millones de euros, pero un cambio de criterio que actualmente sólo apoya “proyectos innovadores”, ha limitado el presupuesto en 2007 y 2008 a 6,5 millones de euros cada año.

 

Además Amnistía Internacional ha podido comprobar que sigue sin haber recursos   especializados para atender a mujeres con dificultades añadidas (mujeres víctimas con enfermedad mental, drogodependencias o alcoholismo), que en general no son admitidas en los recursos establecidos para víctimas de violencia de género. Y con carácter general, se sigue negando el acceso de las mujeres inmigrantes en situación irregular a las ayudas económicas dispuestas para las víctimas. 

 

  • La asistencia letrada inmediata y especializada no se garantiza. En estos tres años no se ha logrado garantizar la asistencia letrada especializada ni desde el momento de interponer una denuncia o solicitar la orden de protección, debido a la inexistencia de “turnos de guardia 24 horas” en numerosos colegios de abogados, o a la escasez de personal previsto en los colegios profesionales que sí prevén turno de este tipo.
  • Obstáculos para la interposición de la denuncia. Pese a los avances, se siguen detectando casos de falta de diligencia y trato policial inadecuado a las víctimas de violencia de género. A Amnistía Internacional le preocupa que esto sea debido a la falta de formación adecuada de los agentes policiales no pertenecientes a “unidades especializadas” que muy a menudo son quienes toman el primer contacto con la víctima, y a que no se incrementen las plantillas de las “unidades especializadas”.
  • Especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes. En el caso de las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular y a causa de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, la organización expresa preocupación porque, salvo en el País Vasco, el trámite de la denuncia supone para ellas el riesgo de que se les incoe un expediente sancionador o incluso una orden de expulsión si no consiguen una orden de protección y una sentencia que acredite la violencia sufrida. Para Amnistía Internacional esta medida puede tener un efecto disuasorio a la hora de denunciar y hacer visibles los abusos sufridos.
  • Medidas de protección poco efectivas. En los últimos tres años el número de mujeres asesinadas con orden de protección en vigor haya ido en ascenso. Sin embargo, sigue siendo escaso el número de efectivos de las fuerzas de seguridad encargados de realizar el seguimiento y la protección de las víctimas sujetas a este tipo de medidas. 
  • Falta de formación del personal de los Juzgados. Pese a que la creación de juzgados especializados en violencia de género ha supuesto un importante avance, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de estos juzgados inciden en la revictimización de las víctimas y los obstáculos para la obtención de justicia. Amnistía Internacional sigue detectando falta de formación adecuada por parte de las plantillas de estos juzgados. No existe una previsión de formación obligatoria de todos los jueces con competencias en esta materia.
  • Déficit en la persecución e investigación de estos delitos. Para Amnistía Internacional es preocupante que la puesta en marcha de los juzgados especializados no haya mejorado la persecución e investigación de estos delitos. Por un lado, la organización ha constatado el incremento de la cifra de sobreseimientos de los casos, en una proporción sensiblemente superior al incremento de las denuncias. En los últimos tres años, el número de causas sobreseídas o archivadas en estos juzgados creció anualmente un 67,3%, es decir, seis veces más que el número de denuncias. En esta línea, llama la atención la inacción del Ministerio Fiscal, que en muchos casos sin entrevistarse con la víctima solicita el archivo de las actuaciones. Por otro lado, Amnistía Internacional ha comprobado la falta de coordinación entre estos juzgados ante los casos de denuncias cruzadas. Y por último, las Unidades de Valoración Integral Forense que asisten estos juzgados no siempre cuentan con personal con experiencia o formación previa en esta materia. Todos estos puntos son claves para la revictimización de las mujeres que sobreviven a la violencia de género. 
  • La reparación a las víctimas sigue esperando. En lo que se refiere a la reparación de las víctimas, una de las lagunas que quedaron pendientes en la Ley Integral, sigue sin encontrar cauces ágiles y accesibles. Para Amnistía Internacional es necesario asegurar una reparación justa, especialmente en los casos en los que el Estado no ha actuado con la debida diligencia.

 

Amnistía Internacional sigue reclamando un enfoque de derechos humanos para afrontar la violencia de género, contrario a cualquier tipo de desigualdad territorial y discriminación basada en circunstancias personales. La organización insta al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y al Poder Judicial a que pongan todos los medios a su alcance para garantizar que los derechos recogidos en esta ley sean una realidad, y dejen de ser una declaración de intenciones.