Londres.- Amnistía Internacional pide al presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que trabaje para combatir la discriminación contra las personas romaníes y nómadas (gens du voyage) en Francia en vísperas de una reunión para tratar los “problemas” relacionados con su “comportamiento”.
El miércoles, el mandatario francés afirmó que celebraría una reunión especial la semana próxima para tratar los “problemas que plantea el comportamiento de determinados romaníes y nómadas” en Francia y para “decidir sobre el cierre de todos los campamentos irregulares”.
El anuncio del presidente Sarkozy tuvo lugar después de las protestas violentas de personas nómadas en Saint-Aignan, valle del Loira, desencadenadas por la muerte por disparos de la policía de un joven nómada que viajaba en el asiento del pasajero de un automóvil que según los informes se negó a detenerse cuando se le dio el alto.
“Nos preocupa que la reacción del presidente de Francia ante un conjunto muy concreto de incidentes parezca dirigirse contra las personas romaníes y nómadas en general y perpetuar los estereotipos negativos sobre estas personas.
Por el contrario, las autoridades francesas deberían tratar de combatir la discriminación legal y social a la que estas personas se enfrentan desde antiguo, al tiempo que garantizan que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las circunstancias en que se produjeron los disparos y sobre cualquier delito cometido como respuesta”, ha afirmado David Díaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Unos 400.000 nómadas franceses itinerantes están ya sometidos al requisito discriminatorio de presentarse periódicamente a la policía y estar registradas en un municipio con una antigüedad de tres años antes para adquirir el derecho de voto.
Las personas nómadas sufren también escasez de lugares autorizados para detenerse en su camino que les permitan mantener sus estilos de vida y profesiones tradicionales.
Se calcula que unas 20.000 personas romaníes procedentes de Europa oriental y central residen actualmente en Francia, muchas de ellas en campamentos no autorizados.
Amnistía internacional ha instado también a las autoridades francesas a respetar el derecho internacional durante los desalojos de romaníes o nómadas.
Los desalojos, incluso de asentamientos ilegales, sólo deben tener lugar una vez agotadas todas las demás alternativas, tras consultar con todos los residentes afectados y haberles ofrecido alojamiento alternativo adecuado.
“Nadie debe quedar sin hogar como consecuencia de un desalojo, y los desalojos no deben llevarse a cabo en modo alguno para impulsar a las personas migrantes a abandonar el país”, ha afirmado David Díaz-Jogeix.
