En muchos lugares del mundo, el color de piel o el origen étnico aún pueden ser un motivo para vivir con miedo a ser detenido en la calle. Los controles raciales, una práctica que discrimina a las personas en función de su aspecto, son una realidad persistente y suponen una amenaza para la igualdad y la justicia social.
Aunque en teoría están diseñados para reforzar la seguridad; en la práctica son una muestra de racismo estructural que afecta de manera desproporcionada a las comunidades racializadas, generando desconfianza hacia las autoridades y reforzando estereotipos negativos. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España es uno de los países junto con Alemania y Suecia, que realiza más controles policiales de identidad con sesgo racial.
La policía comprueba los documentos de identidad de varios migrantes en la plaza de Tirso de Molina, Madrid. © Edu León / Fronteras Invisibles
1. ¿Qué son los controles raciales?
Los controles de identidad con sesgo racial son detenciones o identificaciones en la vía pública realizadas por agentes de seguridad, en los que el criterio principal para seleccionar a una persona es su color de piel, su apariencia física o su posible origen étnico, en lugar de indicios concretos de actividad delictiva. Esta práctica se fundamenta en un perfil racial preconcebido, y aunque es ilegal en muchos países, sigue ocurriendo de manera habitual.
Estos controles se suelen justificar como parte de estrategias de seguridad o prevención de delitos, argumentando que ayudan a identificar a posibles delincuentes. Sin embargo, esta lógica presenta graves sesgos, pues parte de la suposición errónea de que ciertos grupos étnicos son más propensos a la actividad delictiva.
El problema radica en que estos controles no solo fallan en su supuesta eficacia, sino que además perpetúan la discriminación y refuerzan estereotipos dañinos sobre las comunidades afectadas.
Tensión en Mallorca entre los manteros y la policía. © Joan Llado / GTRES
2. Impacto en las comunidades racializadas
Los controles raciales tienen un gran impacto en la vida diaria de las comunidades racializadas, afectando no solo su relación con el espacio público, sino también su bienestar emocional y psicológico. Para muchas personas, el simple hecho de salir a la calle se puede convertir en una experiencia cargada de tensión. Hay estudios que demuestran cómo las personas sometidas a esta práctica tienden a experimentar altos niveles de ansiedad, estrés e incluso síntomas de depresión. Cada detención o identificación en la vía pública genera una sensación de humillación y desconfianza, alimentando un círculo de discriminación que afecta su autoestima y percepción de pertenencia. Estos encuentros pueden ser especialmente traumáticos para la gente joven, quienes, a una edad temprana, aprenden a percibirse como “diferentes” o “peligrosos” a los ojos de la autoridad.
Además del impacto psicológico, los controles raciales limitan el acceso de estas comunidades a espacios públicos y servicios. Muchas personas evitan frecuentar ciertos lugares donde saben que es más probable ser detenidas, reduciendo su libertad de movimiento y participación en la vida cotidiana. De acuerdo con un estudio realizado en varios países europeos, las personas racializadas tienden a modificar su comportamiento —como cambiar de ruta o evitar ciertas actividades— para evitar ser interceptadas. Esto no solo restringe su derecho a la libertad, sino que también impacta negativamente en sus oportunidades de trabajo, educación y socialización.
En el reciente informe publicado por Amnistía Internacional: “La privación de libertad. El oscuro método de gestión migratoria” se recogen testimonios que avalan estos hechos, como el de Lamine Sarr, senegalés y cofundador del Sindicato de Manteros de Barcelona: “Las identificaciones raciales están normalizadas, si no se ven es porque solo las sufren las personas negras o inmigrantes. Estar en El Raval, ser negro y tener una mochila significa que te va a parar la policía, que te van a pedir papeles y te van a abrir la mochila. Una persona blanca no sabe su NIE [documento de identificación] porque nunca se lo piden, en cambio a una persona negra se lo piden cada día. La policía te para porque eres migrante, si caminas con personas blancas no te paran, pero si vas solo sí”.
Samuel Batindi, originario de Camerún, viviendo más de una década en España, también compartió su experiencia diaria con los controles:"Yo creo que algunos policías incluso te conocen. Dicen que es rutina, pero si te niegas a mostrarles documentación o protestas, corres el riesgo de acabar en el calabozo".
Mohamed Mboirick, mauritano que lleva más de 22 años viviendo en España y portavoz de la Asociación Africana de Valencia, relató una experiencia cotidiana que refleja el sesgo racial en los controles:"Si vas con un smartphone, te hacen apagarlo y encenderlo de nuevo para comprobar que no lo has robado".
“Cuando preguntas, siempre tienen excusa, están buscando a un negro, alguien que ha robado. Para la policía todos los negros somos iguales. Da igual tu aspecto, si tienes un coche de lujo, piensan que lo has robado, es pura discriminación racial.”
Lamine Sarr también habló de esta sensación de hipervigilancia: “Cuando preguntas, siempre tienen excusa, están buscando a un negro, alguien que ha robado. Para la policía todos los negros somos iguales. Da igual tu aspecto, si tienes un coche de lujo, piensan que lo has robado, es pura discriminación racial”.
“Cuando se organizan lo que se denomina como macro vuelos de deportación a determinados países. En estos casos hay redadas masivas en los días previos, donde la policía incrementa los controles sobre personas con un determinado sesgo racial, especialmente cuando son personas de nacionalidades cuyos gobiernos cooperan en las deportaciones, como es el caso de Marruecos. Se ve claramente por ejemplo en algunas bocas de metro: pueden salir a la vez diez personas, pero la policía solo pedirá documentación a aquel que sospeche que es inmigrante”.
Finalmente, Nicole Ndongala, congoleña y directora general de la asociación africana Karibu, advierte: "Se ve claramente por ejemplo en algunas bocas de metro: pueden salir a la vez diez personas, pero la policía solo pedirá documentación a aquel que sospeche que es inmigrante”.
Al final, los controles raciales no solo perpetúan estereotipos negativos sobre ciertos grupos, sino que también erosionan la cohesión social y refuerzan barreras que alejan a estas comunidades de un trato justo y equitativo.
3. Racismo institucional y los controles raciales
Los controles raciales son una manifestación clara de racismo institucional y estructural, en el que la discriminación se encuentra integrada en las normas, políticas y prácticas de ciertas instituciones. Este tipo de racismo va más allá de prejuicios individuales y se sostiene en sistemas que, de manera intencional o no, perpetúan la desigualdad y el trato injusto hacia ciertos grupos que son convertidos en objetivo de vigilancia y sospecha por el mero hecho de su apariencia o ascendencia.
La discriminación institucionalizada es lo que permite que estos controles ocurran con impunidad. Aunque la práctica de detener y pedir documentos a personas basándose en su perfil racial es cuestionable desde el punto de vista ético y legal, en la práctica es común que estas acciones no tengan consecuencias claras para los agentes involucrados. Esto se debe en parte a que existen lagunas en los procedimientos de supervisión y rendición de cuentas que deberían evitar abusos de poder. Cuando las personas afectadas intentan denunciar estos actos, suelen enfrentarse a un sistema que minimiza sus testimonios y no sanciona las prácticas discriminatorias.
En algunos países, existen políticas o protocolos que regulan los controles de identidad y supuestamente prohíben el uso del perfil racial como criterio de selección para detener a una persona. Sin embargo, en la práctica, estas normativas son ambiguas y no siempre protegen a las personas afectadas. En España aunque la Ley de Seguridad Ciudadana establece que los controles de identidad deben estar basados en motivos razonables, la falta de protocolos específicos y de una supervisión rigurosa permite que continúen. De hecho, la Comisión Europea y también desde Amnistía Internacional hemos señalado repetidamente que el uso de perfiles raciales es una violación de derechos humanos, instando a los gobiernos a implementar políticas más transparentes y a sancionar estas prácticas discriminatorias.
En países donde sí se han establecido protocolos más estrictos, la efectividad de estas medidas depende del compromiso y la formación de los cuerpos policiales, así como de la voluntad política de erradicar el racismo institucional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la falta de consecuencias para los agentes que llevan a cabo estos controles raciales demuestra que el problema es sistémico. El racismo institucional sigue presente mientras los individuos no se enfrenten a responsabilidades y mientras el sistema continúe reproduciendo prácticas que legitiman la discriminación, perpetuando un ambiente de desconfianza y exclusión hacia las comunidades racializadas.
Dos policias nacionales detienen a un hombre subsahariano por no tener documentacion. © Olmo Calvo / Fronteras Invisibles
4. Consecuencias a nivel social y cultural
Los controles raciales tienen un impacto profundo en el tejido social y en la cultura de convivencia, ya que refuerzan estereotipos negativos y ahondan las divisiones entre distintos grupos. Al ser objeto de sospecha simplemente por su apariencia o ascendencia, las personas racializadas se ven etiquetadas como "potenciales amenazas" en la narrativa pública, lo que fortalece prejuicios y estigmas en la sociedad en general.
A largo plazo, estos controles afectan la cohesión y deterioran la confianza en las autoridades, especialmente en la policía y otras instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La consecuencia es una sociedad más fragmentada y menos inclusiva.
Para las generaciones más jóvenes de comunidades racializadas, los efectos son aún más preocupantes. El sentimiento de exclusión y vulnerabilidad deja una huella profunda en su autoestima y en su sentido de pertenencia, afectando su desarrollo personal y social.
Youssef Ouled, periodista e investigador sobre el racismo, compartió cómo los controles raciales afectan incluso a personas racializadas nacidas en España: "El control policial a determinados colectivos termina afectando a la propia lógica de la identidad de las personas. Chavales con 15 o 16 años, nacidos aquí, descubren que son moros o negros. Esto también termina afectando a su espacio, a su libertad de movimiento, limitan desplazarse a lugares donde no se espera que encajen".
A nivel cultural, estos jóvenes también se ven atrapados entre el deseo de integrarse y la necesidad de reafirmar su identidad frente a una sociedad que les hace sentir que no pertenecen completamente. Esta dualidad puede generar tensiones en sus relaciones y en sus oportunidades de desarrollo, perpetuando un ciclo de desventaja y desigualdad.
Los controles raciales tienen un impacto profundo en el tejido socia. © SOPA Images/SIPA/2107181324
5. Amnistía Internacional pide:
En el informe “La privación de libertad. El oscuro método de gestión migratoria”, Amnistía Internacional expone una serie de medidas concretas para abordar y erradicar los controles de identidad basados en perfiles raciales, una práctica discriminatoria que sigue siendo frecuente en España. Estas recomendaciones buscan garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y combatir el racismo estructural presente en las actuaciones policiales. Entre las propuestas destacan las siguientes:
Prohibición expresa del perfil racial:
Reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para definir y prohibir explícitamente el uso de perfiles raciales en las actuaciones policiales.
Incorporar la definición de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que describe el perfil racial como el uso injustificado de la raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen étnico en actividades policiales.Establecer mecanismos de control y rendición de cuentas:
Implementar sistemas que permitan supervisar y evaluar las actuaciones policiales para garantizar que no se basen en sesgos raciales.
Incluir medidas disciplinarias y correctoras frente a posibles abusos.Capacitación en derechos humanos:
Asegurar la formación continua de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, discriminación y perfil racial, para evitar prejuicios y prácticas discriminatorias.Protección de las víctimas de controles raciales:
Garantizar que las personas que denuncian estas prácticas puedan acceder a mecanismos efectivos de justicia sin temor a represalias.
Implementar medidas que faciliten las denuncias y aseguren la reparación para las víctimas.Transparencia en los datos:
Publicar datos desglosados sobre los controles de identidad, incluyendo los criterios utilizados y los resultados de dichas intervenciones, para analizar posibles patrones discriminatorios.Cumplimiento de estándares internacionales:
Alinear las prácticas policiales con las recomendaciones de organismos internacionales, como la prohibición estricta de los controles basados en perfiles raciales establecida por el Comité contra la Tortura de la ONU y otros organismos de derechos humanos.
Amnistía Internacional resalta que estas medidas no solo buscan eliminar el racismo estructural en la actuación policial, sino también fomentar la confianza de las comunidades racializadas en las instituciones públicas y promover una sociedad más inclusiva y justa.
