Madrid, 28 de abril.- Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras han pedido hoy al nuevo Gobierno un giro radical en la política de transferencia de armas, durante la presentación en Madrid del anuario de la Escuela de Cultura de Paz, Alerta 2004! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Con este estudio, las ONG ponen a disposición del nuevo Gobierno una herramienta útil para contribuir al necesario cambio en la política española de transferencias de armas, entre otras cuestiones de política exterior. Las organizaciones consideran que el control de las exportaciones de armamento es un asunto pendiente que no han sabido resolver los anteriores gobiernos. El programa electoral del nuevo Gobierno, entre otras promesas, incluye un compromiso de “ impulso a la negociación y puesta en práctica de acuerdos globales de desarme y control de toda clase de armamentos ”. Para cumplir con este compromiso, el Gobierno debe reforzar los mecanismos nacionales e internacionales de control de transferencias de armamento y comprometerse con el cumplimiento estricto de los mismos, y en especial, del Código de Conducta de la Unión Europea. Este Código establece una serie de criterios que deben tenerse en consideración a la hora de aprobar y autorizar las ventas de armas, como son el cumplimiento de las sancionesinternacionales, el respeto de los derechos humanos, la existencia de tensiones o conflictos armados , el comportamiento del país comprador frente a la comunidad internacional (especialmente, el respeto del Derecho Internacional), la probabilidad de que la venta se desvíe o se reexporte en condiciones no deseadas y según la capacidad económica y técnica del país receptor. En los últimos años, las organizaciones han denunciado numerosas ventas de armas españolas a países que violaban estos principios, como Angola, Colombia, India, Israel o Ghana. La actual ausencia de controles estrictos y eficaces del comercio internacional de armas tiene consecuencias nefastas en la vida de millones de personas, ya que contribuye a la expansión de la violencia armada, a las violaciones de derechos humanos y a la perpetuación de la pobreza, mermando las posibilidades de desarrollo. La política en materia de trasferencias que desarrolle el Gobierno deberá tener en cuenta esta realidad si quiere ser coherente con el compromiso genérico que recoge su programa electoral. El estudio elaborado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Alerta 2004! , presenta un diagnóstico sobre el estado del mundo que ofrece datos útiles que deben guiar la política española sobre transferencia de armas:
- Al finalizar el año existían 23 conflictos armados , casi la mitad en África, de los que sólo en 5 se había mejorado su situación respecto a 2002.
- Hay que añadir 52 situaciones de tensión (muchos son contextos posbélicos), sobre todo por motivos de fragilidad democrática y debilidad institucional. La nota positiva es que están en marcha unos 20 procesos de paz.
- Se contabilizaron 37 crisis humanitarias. La ayuda de los países donantes no sólo es insuficiente sino que también está fuertemente politizada. Iraq, por ejemplo, ha concentrado el 64% de los fondos mundiales.
- 19 países están sometidos a embargos de armas. En 22 países, el gasto militar es superior al de sanidad y educación .
- Según el Banco Mundial, hay 23 países con mala gobernabilidad.
- La situación mundial de los derechos humanos se ha deteriorado gravemente por las legislaciones antiterroristas adoptadas tras el 11 de septiembre.
- Los países que más se han opuesto a cuestiones de desarme en la Asamblea General de la ONU han sido EE.UU. e Israel.
- Un compromiso verdadero con las normas y principios del Derecho Internacional y de Derechos Humanos en el ámbito de las trasferencias de armas, así como el cumplimiento estricto de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea.
- El desarrollo de la legislación española relativa a las transferencias de armas, con el fin de garantizar la máxima transparencia y control de las exportaciones españolas de armas. Actualmente, el retraso con el que el Ejecutivo informa al Congreso aborta cualquier intento de llevar a cabo una política preventiva.
- El apoyo a iniciativas internacionales que impulsen la adopción de una normativa internacional que regule el comercio de armas.
- Una vuelta a los principios de la desmilitarización, promoción de los derechos humanos, denuncia de la injusticia social y desarrollo sostenible en la política exterior.
- Un compromiso con los principios del Derecho Internacional Humanitario y la definición de la ayuda humanitaria en función de las necesidades de la población y no de la agenda política.
- Un decidido apoyo a las diplomacias de paz.
