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Amnistía Internacional, escandalizada por los informes sobre lapidación, teme por la vida de la otra persona condenada

AI vuelve a llamar a la movilización a través de una ciberacción en su web www.actuaconamnistia.org hacia las autoridades iraníes que ya ha recogido más de 800.000 firmas

Londres.- Amnistía Internacional ha expresado su indignación por los informes que indican que Ja’far Kiani fue lapidado el 5 de julio de 2007 en el pueblo de Aghche-kand, cerca de Takestán, en la provincia iraní de Qazvin. La organización ha pedido al presidente de la magistratura, el Ayatolá Hashemi Shahroudi, que intervenga de inmediato para evitar la ejecución por lapidación de Mokarrameh Ebrahimi, mujer condenada en la misma causa.

Ja’far Kiani y Mokarrameh Ebrahimi fueron condenados a morir por lapidación tras ser declarados culpables de adulterio. Según el artículo 83 del Código Penal iraní, la pena prevista para el adulterio cometido por un varón casado o una mujer casada es la ejecución por lapidación. En virtud del derecho iraní, el adulterio sólo puede probarse mediante el testimonio de testigos presenciales –el número exigido varía según los diferentes tipos de adulterio–, una confesión de la persona enjuiciada –repetida cuatro veces– o el “conocimiento” del juez de que se ha producido el adulterio. En este caso, la declaración de culpabilidad de adulterio se fundó en el “conocimiento” del juez de que el adulterio se había producido. La pareja ha permanecido encarcelada durante 11 años en la prisión de Choubin. Se cree que sus dos hijos viven en la cárcel con la madre. Una vez que la Comisión Judicial de Amnistía e Indulto desestimó el recurso de anulación de la pena de lapidación, se fijó inicialmente el 17 de junio de 2007 como fecha para las ejecuciones, aunque después se cambió por la del 21 de junio. Se dispuso que las lapidaciones se realizaran en público en el cementerio de Behesht-e Zahra, en presencia del juez de la Sala 1 del Tribunal Penal que los había condenado a muerte.

Con todo, las ejecuciones volvieron a ser aplazadas cuando activistas de la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre” en Irán dieron a conocer públicamente la terrible situación de la pareja y el gobierno iraní se vio expuesto a numerosas reclamaciones, de dentro y fuera del país, para que impidiera las lapidaciones. Posteriormente se recibieron informes según los cuales, la tarde del 20 de junio, el Ayatolá Shahroudi había dictado una orden por escrito a la magistratura de Takestán para que suspendiera temporalmente la ejecución. La pareja seguía condenada a muerte por lapidación, pero no se pensaba que estuvieran en peligro de ejecución inminente.

Por tanto, causó estupor la noticia, dada a conocer el 7 de julio por la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre”, de que dos días antes Ja’far Kiani había sido lapidado hasta morir en Aghche-kand. De acuerdo con los informes, en la lapidación participaron principalmente las autoridades gubernamentales y judiciales locales y sólo algunas personas del público.

Según informó el diario E’temad-e Melli el 8 de julio, personas del lugar y una fuente vinculada a uno de los representantes parlamentarios locales habían confirmado la ejecución, si bien la magistratura aún no había hecho declaración alguna.

Amnistía Internacional ha pedido al presidente de la magistratura que aclare sin dilación si Ja’far Kiani fue lapidado hasta morir el 5 de julio y, de ser cierto, si se hizo en incumplimiento del aplazamiento de las ejecuciones que él había impuesto.

La organización ha pedido al presidente de la magistratura y a otras autoridades iraníes que tomen medidas de inmediato para impedir la ejecución de Mokarrameh Ebrahimi, condenada en la misma causa que Ja’far Kiani, y que le conmuten la pena sin demora.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerar que es una pena cruel, inhumana o degradante en grado máximo. La ejecución por lapidación resulta especialmente cruel al estar concebida específicamente para aumentar el sufrimiento de las víctimas, puesto que se eligen deliberadamente las piedras por su tamaño para que causen dolor pero no maten a la víctima inmediatamente.

Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno iraní que proceda a la abolición total de las ejecuciones por lapidación y decrete la suspensión de todas las ejecuciones hasta que se anule o modifique el artículo 83 del Código penal. Amnistía Internacional tiene conocimiento de otras personas –siete mujeres y un hombre– condenadas a morir por lapidación en Irán: Ashraf Kalhori, Iran, Khayrieh, Shamameh Ghorbani (también llamada Malek), Kobra N., Soghra Mola’i, Fatemeh y Abdollah F.. La organización de derechos humanos solicita la conmutación de estas y de otras condenas a muerte por lapidación que pueda haber pendientes en Irán.

Amnistía Internacional se opone también a la penalización de las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por adultos en privado, e insta asimismo a las autoridades iraníes a que revisen toda la legislación pertinente a fin de despenalizar tales actos.

Información complementaria
Según los informes, en diciembre de 2002, el Ayatolá Shahroudi, presidente de la magistratura, envió una resolución a los jueces en la que ordenaba la suspensión de las ejecuciones por lapidación, a la espera de que se tomara una decisión sobre un cambio permanente en la ley, que al parecer estaba estudiando el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei.

Sin embargo, en septiembre de 2003 se aprobó una ley relativa a la ejecución de ciertos tipos de condenas, incluida la lapidación, que al parecer restaba fuerza a la suspensión. Amnistía Internacional siguió documentando la imposición de penas de lapidación, a pesar de la supuesta suspensión, aunque no tuvo noticia de que se hubiera ejecutado ninguna hasta mayo de 2006, cuando, según informes, un hombre y una mujer fueron lapidados hasta morir. Según la información recibida, las víctimas, Abbas y Mahboubeh, fueron ejecutadas por este método en un cementerio de Mashhad, después de haber sido declaradas culpables del asesinato del esposo de Mahboubeh y de adulterio, delito que comporta la pena de lapidación. Parte del cementerio fue acordonado para evitar la afluencia de público, y más de un centenar de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las Fuerzas Bassij, que habían sido invitados a asistir, participaron en la lapidación de las dos víctimas.

El 21 de noviembre de 2006, el ministro de Justicia Jamal Karimi-Rad, ya fallecido, negó que en Irán se llevaran a cabo lapidaciones, aseveración reiterada por el director del Sistema Penitenciario en Teherán el 8 de diciembre de 2006. No obstante, los activistas de la campaña contra la lapidación afirman que existen pruebas irrefutables de que la lapidación de Mashhad en efecto tuvo lugar.

A mediados de 2006, un grupo de defensores de los derechos humanos iraníes emprendió una campaña para abolir la lapidación e identificaron inicialmente a 11 individuos en peligro de lapidación. Desde que comenzó la campaña, tres personas se han salvado de morir lapidadas: dos mujeres –Hajieh Esmailvand y Parisa– y un hombre, Najaf . A otras se les ha concedido un aplazamiento de la ejecución, y algunos de los casos están siendo revisados o sometidos a un nuevo juicio.