Londres.- Amnistía Internacional deplora la decisión de Alto Tribunal Penal Iraquí de imponer la sentencia de muerte a Sadam Husein y a dos de sus siete coacusados tras un juicio que ha adolecido de graves de defectos y en el que no se han respetado las debidas garantías. El ex dictador iraquí ha sido condenado por el homicidio de 148 personas del pueblo de Al-Dujail, tras un intento de asesinato contra el propio Sadam Husein en 1982. El juicio, que dio comienzo en octubre de 2005, casi dos años después de que Sadam Husein fuera capturado por fuerzas estadounidenses, concluyó el pasado mes de julio. En principio estaba previsto que la sentencia se anunciara el 16 de octubre, pero el anuncio se retrasó porque el tribunal dijo que necesitaba más tiempo para revisar los testimonios. Ahora se espera que el caso se presente en apelación ante la Sala de Casación del Alto Tribunal Penal Iraquí, tras lo cual, si se confirma la sentencia, los condenados a muerte deberán ser ejecutados en un plazo de 30 días. “Este juicio debería haber sido un importante elemento para establecer la justicia y el Estado de derecho en Irak, y para garantizar la verdad y la rendición de cuentas por las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Sadam Husein”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Sin embargo, en la práctica, ha sido un asunto muy irregular, enturbiado por graves defectos que ponen en duda la capacidad del tribunal, según está establecido, para administrar justicia con las debidas garantías, de acuerdo con las normas internacionales.” En particular, la independencia e imparcialidad del tribunal se han visto minadas por las injerencias políticas, que provocaron la dimisión del primer presidente del tribunal y bloquearon el nombramiento de otro. Además, el tribunal no tomó medidas adecuadas para garantizar la protección de los testigos y los abogados de la defensa, tres de los cuales fueron asesinados en el transcurso del proceso. A Sadam Husein se le negó también el acceso a asistencia letrada durante su primer año de detención, y el tribunal no parece haber respondido adecuadamente a las quejas formuladas durante todo el juicio por sus abogados en relación con los procedimientos. “Toda persona acusada tiene derecho a un juicio justo, independientemente de la magnitud de los cargos en su contra. Este simple hecho se ignoró sistemáticamente durante los decenios de tiranía de Sadam Husein. Su derrocamiento brindó la oportunidad de restaurar este derecho fundamental y, al mismo tiempo, garantizar la justicia y el rendimiento de cuentas por los crímenes cometidos en el pasado. Esa oportunidad se perdió, y la imposición de la pena de muerte supone un paso atrás”, ha declarado Malcolm Smart. Amnistía Internacional observará de cerca la fase de apelación, en la que pueden revisarse tanto las pruebas como la aplicación de la ley, lo que brinda al Alto Tribunal Penal Iraquí la oportunidad de reparar los defectos de los procedimientos anteriores. Sin embargo, dada la naturaleza de esos defectos, y el hecho de que muchos de ellos siguen afectando al actual juicio ante el Alto Tribunal Penal Iraquí, Amnistía Internacional insta al gobierno de Irak a considerar seriamente otras opciones, como incluir a jueces internacionales en el tribunal o remitir el caso a un tribunal internacional, tal como indicó el pasado mes de septiembre el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Sadam Husein está siendo juzgado actualmente por el Alto Tribunal Penal Iraquí, junto con otros seis acusados, por otros cargos diferentes derivados de la denominada campaña de Anfal, en la que miles de personas pertenecientes a la minoría kurda de Irak fueron víctimas de homicidios en masa, torturas y otros graves abusos en 1988.
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