Harare.-La situación de los derechos humanos en Zimbabue es precaria, y la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas sufren unas condiciones socioeconómicas desesperadas, ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, al concluir una visita de alto nivel al país, que ha durado seis días y durante la cual Amnistía Internacional se ha reunido con ministros del gobierno, activistas de los derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos. “Las persistentes y graves violaciones de derechos humanos que se cometen, sumadas a la ausencia de medidas para llevar a cabo una reforma de las fuerzas de seguridad, militares y policiales y para abordar la impunidad, así como a la falta de un compromiso claro por parte de algunos sectores del gobierno, constituyen verdaderos obstáculos, a los que los líderes máximos de Zimbabue deben hacer frente.” Amnistía Internacional ha manifestado que el Acuerdo Político Global –que firmaron los principales partidos políticos y sentó las bases de la coalición de gobierno—proporciona un marco para el cambio, pero que el compromiso de cumplirlo no es el mismo en todo el Gobierno. “El Gobierno debe prestar a la necesidad de llevar a cabo reformas en materia de derechos humanos tanta atención como presta a la búsqueda de recursos económicos”, ha afirmado Irene Khan, a la vez que ha reconocido el diálogo sincero y el acceso sin restricciones que han ofrecido a Amnistía Internacional todas las partes del Gobierno. “Parece que algunos de los miembros del Gobierno no creen que sea verdaderamente urgente llevar a cabo cambios en materia de derechos humanos, pues las palabras no se han traducido en acciones efectivas.” “No se han realizado esfuerzos serios por reformar el sector de la seguridad. No se ha iniciado ninguna investigación ni enjuiciamiento contra los responsables de la violencia política auspiciada por el Estado en los últimos años. Algunos elementos de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe - Frente Patriótico todavía ven en el uso de la violencia una forma legítima de acallar a los rivales políticos. “La suma de estos factores podría dar de nuevo lugar a graves abusos contra los derechos humanos en el periodo previo a las futuras elecciones.” La evaluación que ha hecho Amnistía Internacional de la situación revela que:
- Se sigue sometiendo a intimidaciones, hostigamiento, amenazas, detención y procesamiento a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho.
- Continúan las acciones judiciales entabladas contra 15 activistas políticos y defensores de los derechos humanos que fueron secuestrados el año pasado, así como contra varios parlamentarios.
- Aún no se ha localizado a siete activistas del Movimiento por el Cambio Democrático que fueron víctimas de “desaparición forzada” en 2008. Aunque los ministros del Interior han asegurado a Amnistía Internacional que estas personas no están bajo custodia policial, han admitido que no han logrado averiguar qué les ha ocurrido.
- El derecho de manifestación sigue estando gravemente restringido. Ayer mismo, un grupo de activistas de la organización Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA) sufrieron palizas a manos de la policía, que detuvo a siete, por llevar a cabo manifestaciones pacíficas.
- Persisten las invasiones de granjas, en las que se ejerce violencia contra los granjeros y los trabajadores.
- Cuatro años después de los desalojos forzosos llevados a cabo en el marco de la Operación Murambatsvina, la mayoría de las víctimas siguen sin tener una vivienda adecuada ni han recibido reparación.
- Hay una grave crisis en la educación.
“Para acabar con el clima de intimidación imperante, el presidente Mugabe y el primer ministro Tsvangirai deben hacer declaraciones públicas instando claramente a los activistas de todos los partidos políticos a que pongan fin al hostigamiento, las intimidaciones y las amenazas a que someten a quienes consideran sus rivales políticos, incluidos profesionales de la enseñanza y el derecho”, ha manifestado Irene Khan. Como jefe del Estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas y líder del país durante los tres últimos decenios, el presidente Mugabe, junto con las personas de su entorno, está especialmente obligado a asumir el reto de hacer cumplir el Acuerdo Político Global, en particular en lo que respecta a las cuestiones básicas de derechos humanos. Pese a la promesa, formulada en el Acuerdo Político Global, de poner a disposición de la justicia a todos los responsables de actos de violencia política, varios ministros han confirmado que la cuestión de abordar la impunidad no figura entre las prioridades del Gobierno en estos momentos. “Los responsables de violaciones de derechos humanos, sean agentes de policía, miembros de las fuerzas de seguridad o activistas de partidos políticos, están interpretando la tolerancia de la impunidad como una licencia para cometer nuevas violaciones --ha explicado Irene Khan, añadiendo--: El manifiesto desinterés del Gobierno por la cuestión de la impunidad contrasta acusadamente con las demandas de justicia, resarcimiento y reparación de las víctimas y supervivientes de la violencia con quienes me he entrevistado por todo Zimbabue”. “Sin justicia no puede haber verdadera reconciliación en un país polarizado por una violencia política que persiste desde hace decenios –ha manifestado Irene Khan-. Si no se aborda la impunidad, ni la reconciliación nacional ni la reforma del sector de la seguridad tendrán éxito.” Amnistía Internacional ha afirmado que no ha recibido indicaciones claras del Gobierno sobre sí se va a llevar a cabo una reforma institucional, en particular en el sector de la seguridad, y mucho menos sobre cómo y cuándo tendrá lugar. “Siempre que hemos planteado la cuestión del cambio en materia de derechos humanos, el Gobierno ha respondido que hacen falta más recursos –ha explicado Irene Khan-. Para poner fin a las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos, levantar la restricciones impuestas a los medios de comunicación y permitir las manifestaciones públicas no se necesita más dinero; lo único que se requiere es voluntad política.” Amnistía Internacional ha pedido que se refuerce la voz de la sociedad civil, que, en ausencia de oposición parlamentaria, es decisiva. Asimismo, ha instado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión. “No puede entablarse ningún debate significativo si no se restablece la libertad de los medios de comunicación. Tanto a los medios nacionales como a los internacionales se les debe permitir desarrollar libremente sus actividades. Para esto no hacen falta nuevas leyes ni más dinero.” Aunque su valoración de la situación de los derechos humanos es sombría, Amnistía Internacional ha manifestado que el establecimiento del Gobierno de coalición y el Acuerdo Político Global han cambiado la dinámica política, lo cual es algo que debe tenerse en cuenta tanto dentro del país como internacionalmente. “Las discrepancias entre gobiernos africanos y occidentales no han contribuido a formular una interpretación común de los problemas de derechos humanos de Zimbabue –ha afirmado Irene Khan, a la vez que ha instado a la comunidad internacional a superar su polarización y ayudar al Gobierno de Zimbabue a alcanzar sus metas en materia de derechos humanos. La secretaria general de Amnistía Internacional ha exhortado también a la comunidad internacional a que establezca criterios comunes para apoyar y evaluar la actuación del Gobierno con respecto a los derechos humanos, y la organización ha pedido al presidente Zuma, de Sudáfrica, que, como presidente de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, asuma el liderazgo en este asunto. Amnistía Internacional ha pedido asimismo al Gobierno de Zimbabue y a la comunidad de donantes que amplíen la ayuda humanitaria y se centren en la educación primaria, explicando que deben suprimirse todos las cuotas e impuestos en la escuela primaria. “Como no pueden pagar la cuotas, los padres se ven obligados a hacer elecciones imposibles: alimentar a sus hijos o educarlos; enviar a la escuela a sus hijos o a sus hijas – ha explicado Irene Khan—Los niños y niñas de Zimbabue están pagando un precio demasiado alto por la falta de medidas políticas de su Gobierno.” “Los avances en materia de derechos humanos han sido terriblemente lentos. El pueblo de Zimbabue no puede seguir siendo rehén de la ambición de sus líderes.” “La polarización existente en la política de Zimbabue se refleja en la polarización de la comunidad internacional hacia el país y en que se está reduciendo el impacto de la presión externa en él”, ha manifestado Irene Khan. “La comunidad internacional debe trabajar junta para elaborar una estrategia común de derechos humanos sobre Zimbabue y apoyar al Gobierno del país en su aplicación.”
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