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Amnistía Internacional condena la represión continuada contra las personas que defienden los derechos humanos

Amnistía Internacional ha expresado una vez más, su honda preocupación por la constante represión de las personas que en Irán se dedican a la defensa de los derechos humanos y el activismo social, una represión que en los últimos meses se ha acentuado.

Encarcelamiento de Emaddedin Baghi

Uno de los defensores de los derechos humanos más conocidos de Irán, Emaddedin Baghi, cabeza de la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Presos y destacado activista contra la pena de muerte, fue detenido el 14 de octubre cuando asistía a una sesión en la sección 14 del Tribunal Revolucionario en Teherán. A sus abogados no les permitieron asistir a dicha sesión con él. Aunque, según los informes, se fijó una fianza de 50 millones de tomanes iraníes (53.619 dólares estadounidenses) a cambio de su libertad, cuando su familia trató de pagarla el juez, al parecer, se negó a aceptarla.

Emaddedin Baghi  fue detenido sobre la base de una condena condicional de un año de prisión impuesta en 2002. No está claro dónde se encuentra recluido actualmente.

Además, este activista se enfrenta a otros cargos de motivación política: en julio de 2007 fue condenado a tres años de prisión, dos de ellos por reunirse y conspirar para cometer delitos contra la seguridad nacional, y otro año más por hacer propaganda contra el sistema para beneficiar a grupos extranjeros y de oposición. Según su abogado, entre las pruebas en su contra había entrevistas a los medios de comunicación y cartas a las autoridades sobre los árabes ahwazíes condenados a muerte en relación con unos atentados mortales con explosivos perpetrados en la provincia de Juzestán. Otras cuatro personas, entre ellas la esposa y la hija de Emaddedin Baghi, fueron condenadas a tres años de prisión, con una suspensión de cinco años, en la misma causa. Al parecer, los cargos contra ellas guardaban relación con su participación en una conferencia de derechos humanos celebrada en los Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos quedaron en libertad en espera de la apelación.

Amnistía Internacional considera que los cargos contra Emaddedin Baghi son de motivación política y tienen como finalidad silenciar las críticas de quienes defienden los derechos humanos sobre la situación de dichos derechos en Irán. La organización lo considera preso de conciencia y pide su libertad inmediata e incondicional.

Activistas de los derechos de las mujeres
Los activistas de la Campaña por la Igualdad que piden el fin de la discriminación legalizada contra las mujeres en Irán sufren también constantes actos de acoso y detenciones. El caso más reciente es el de Ronak Safazadeh, de 21 años, detenida en Sanandaj, capital de la provincia de Kurdistán, el 9 de octubre de 2007. Ronak Safazadeh es miembro de la Campaña por la Igualdad y de Azar Mehr, ONG de Sanandaj. El 8 de octubre asistió en Sanandaj a una reunión en torno al Día Universal del Niño, en la cual recogió firmas a favor de la Campaña por la Igualdad. Al día siguiente, agentes de seguridad se presentaron, según los informes, en su casa a las ocho y veinte de la mañana, confiscaron su ordenador, copias de la petición de la Campaña y un folleto elaborado por la Campaña, y detuvieron a Ronak Safazadeh. Al cabo de seis días permitieron a su madre mantener una breve conversación telefónica con ella. No está claro dónde permanece recluida.

En septiembre, al menos 25 personas (entre ellas miembros del Comité de Educación de la Campaña que habían viajado a Teherán) fueron detenidas durante un taller educativo organizado por la Campaña en un domicilio particular de Khorramabad, provincia de Luristán. De ellas, 22 quedaron en libertad esa misma noche, tras ser interrogadas sobre las actividades de la Campaña; las otras tres (Reza Dolatshah, Bahman Azadi y Khosrow Nasimpour), activistas sociales de la ciudad de Khorramabad, quedaron en libertad al día siguiente, aunque recibieron golpes mientras estuvieron bajo custodia.

Las personas que defienden los derechos de las mujeres siguen siendo sometidas a procedimientos judiciales en relación con su activismo. Shadi Sadr y Mahboubeh Abbasgholizadeh fueron citadas recientemente ante un tribunal. Ambas formaban parte de un grupo de 33 mujeres detenidas en marzo de 2007 durante una concentración pacífica ante un tribunal en el que se juzgaba a otras cinco mujeres. Quedaron en libertad bajo fianza tras pasar dos semanas detenidas. Farideh Ghayrat, abogada, dijo el 14 de octubre a la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes que su caso estaba siendo examinado por la sección especial de seguridad de la Fiscalía General y Revolucionaria de Teherán, y que se acusaba a sus defendidas de actuar contra la seguridad nacional, aunque no se había confirmado si ese cargo guardaba relación con la concentración de marzo ante el tribunal (la abogada pensaba que sí).

En septiembre, el periodista Bahman Ahmadi Amou’i fue condenado a seis meses de prisión, con dos años de suspensión, tras ser declarado culpable de actuar contra la seguridad del Estado. Había estado detenido durante una semana tras una manifestación pacífica celebrada en junio de 2006 para pedir igualdad de derechos para las mujeres. Según los informes, las pruebas contra él incluían varias cartas abiertas al Parlamento de Irán firmadas por él, entre ellas una que apoyaba la manifestación de junio de 2006.

Sindicalistas
Según la Asociación de Docentes Iraníes, decenas de los centenares de docentes detenidos durante manifestaciones pacíficas en 2007 han sido condenados a la destitución o el exilio. Al menos dos han recibido condenas condicionales de prisión: Mohammad Reza Rezai-Gorkani y Rasul Badaqi recibieron penas condicionales de dos y tres años de prisión, respectivamente. Su abogado, Hushang Purbabai, dijo el 9 de octubre a la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes que ambos habían sido declarados culpables de actuar contra la seguridad nacional.

El 3 de octubre, las fuerzas de seguridad disolvieron por la fuerza una huelga de trabajadores de la Planta Azucarera de Haft Tapeh, en la provincia de Juzestán, que según los informes no habían recibido ni sus salarios ni otros beneficios desde hacía más de tres meses. Los trabajadores habían organizado unas 15 huelgas a lo largo de más de un año. En agosto habían escrito una carta abierta a la Organización Internacional del Trabajo anunciando su determinación de continuar con la huelga si no se satisfacían sus demandas, que incluyen el derecho a participar en la elección de sus propios representantes. Se han recibido informes no confirmados según los cuales al menos dos trabajadores, Ramazan Alipour y Fereydoun Nikofar, fueron detenidos tras ser convocados en una dependencia del Ministerio de Inteligencia.

Según la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán, cinco activistas laborales kurdos han sido condenados a tres meses de prisión y a 40 latigazos por “alterar la seguridad pública”. La sentencia se ha suspendido durante tres años, periodo en el cual estos activistas, según los informes, tienen prohibido reunirse con figuras políticas y sociales “destacadas”. Al parecer, los cinco estuvieron detenidos durante unos días este mismo año tras ser aprehendidos durante una manifestación en protesta por la detención en abril de 2007 de otro activista de los derechos laborales, Mahmoud Salehi.

 
Kurdos
Los defensores y defensoras kurdos de los derechos humanos han denunciado una nueva oleada de detenciones y condenas contra activistas estudiantiles y de la sociedad civil. Por ejemplo, Yasser Gholi, ex director del Sindicato de Estudiantes Democráticos Kurdos, y a quien se había prohibido estudiar, fue detenido, según los informes, el 10 de octubre en Sanandaj por agentes de las fuerzas de seguridad que también registraron su casa y confiscaron su ordenador y otros objetos personales. Ako Kordnasab, periodista del periódico Gerefto, ha sido condenado, según los informes, a tres años de prisión por espionaje.

Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades iraníes que respeten el derecho a la libertad de asociación y expresión y que pongan fin a la represión de quienes defienden los derechos humanos. La organización insta a las autoridades a poner en práctica las medidas establecidas en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998. El nombre completo de la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General es “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos”, y la Declaración puede consultarse en www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp.

Amnistía Internacional sigue haciendo campaña para que se libere a todos los presos de conciencia, para que todas las personas acusadas de delitos sean juzgadas de plena conformidad con las normas internacionales de justicia procesal y sin recurrir a la pena de muerte, y para que todas las denuncias de tortura o malos tratos a personas privadas de libertad sean investigadas de forma rápida, exhaustiva e independiente, y que los agentes responsables de esas torturas y abusos comparezcan ante la justicia.