Londres.- Amnistía Internacional condena enérgicamente el desalojo forzoso de 60 familias de bajo nivel de ingresos en el centro de Phnom Penh que se ha llevado a cabo el jueves y el viernes.
Las familias desmontaron sus casas tras tres años de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades, y no tuvieron más remedio que aceptar una indemnización inadecuada por la demolición de sus casas.
“Amnistía Internacional condena enérgicamente este desalojo forzoso y el proceso sumamente irregular que ha conducido a él”, ha dicho Brittis Edman, investigadora de Camboya de Amnistía Internacional.
Antes del amanecer del 17 de julio, al menos 70 agentes de las fuerzas de seguridad, algunos armados con pistolas y porras eléctricas, entraron en la zona conocida como Group 78, donde quedaban cuatro familias, y cortaron los accesos. Activistas de derechos humanos y periodistas observaban la situación. Decenas de trabajadores contratados demolieron lo que quedaba de las casas ya desmanteladas. En horas, las familias que aún resistían accedieron a irse.
Las familias de Group 78 han vivido durante tres años bajo la amenaza del desalojo forzoso, sin que las autoridades camboyanas les hayan proporcionado ninguna de las salvaguardias que exige el derecho internacional.
“El caso de Group 78 no siguió el debido proceso y a los afectados se le negó la justicia. El ayuntamiento de Phnom Penh no hizo intento alguno de consultar adecuadamente a la comunidad afectada o estudiar alternativas viables al desalojo”, ha dicho Brittis Edman. “Esto convierte en una farsa la obligación del gobierno de proteger el derecho a la vivienda”.
El ayuntamiento emitió una notificación final de desalojo a Group 78 en abril de 2009 y en una serie de reuniones posteriores las autoridades municipales, incluido el teniente de alcalde de Phnom Penh, advirtieron a la comunidad que la policía y la policía militar demolerían sus casas si no aceptaban la indemnización que se les ofrecía. La comunidad también había sido informada de que hasta 700 efectivos de las fuerzas de seguridad habían sido movilizados para el desalojo.
Los residentes de Group 78 comenzaron a instalarse en la zona, situada en los márgenes del río, en 1983 y desde 2006 solicitaron varias veces títulos oficiales de propiedad de las tierras, pero las autoridades hicieron caso omiso, a pesar de que los residentes tenían documentos oficiales que apoyaban sólidamente sus reivindicaciones. La orden final de desalojo fue emitida por el ayuntamiento –que, según las leyes del país, carece de competencias para emitir tal documento– y sin la supervisión judicial que exige la Ley de Tierras de 2001. La orden se emitió a pesar de que una comisión local aún tenía que determinar de quién eran propiedad las tierras en disputa. El ayuntamiento ofreció unas opciones de alojamiento alternativo y unas indemnizaciones inadecuadas.
El Gobierno de Camboya ha fallado sistemáticamente a la hora de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y de proteger a su población contra los desalojos forzosos. Sólo en 2008, Amnistía Internacional recibió informes sobre 27 desalojos de este tipo, que afectaban a unas 23.000 personas.
En el marco de la campaña Exige Dignidad, presentada en mayo de 2009, Amnistía Internacional reitera sus llamamientos al gobierno para que ponga fin a los desalojos forzosos y suspenda todos los desalojos masivos hasta que haya un marco legal que proteja los derechos humanos.
Mediante esta campaña, la organización pide a los Gobiernos de todo el mundo que tomen todas las medidas necesarias, incluida la adopción de leyes y políticas que se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos, para prohibir y evitar los desalojos forzosos.
Información complementaria La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional tiene como objetivo poner fin a las violaciones de derechos humanos que generan y exacerban la pobreza mundial. Esta campaña movilizará a personas de todo el mundo para exigir que gobiernos, grandes corporaciones y otros individuos y organizaciones con poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos.
Los desalojos forzosos son aquellos que se llevan a cabo sin notificarlo adecuadamente ni consultar con los afectados, a quienes no se les proporcionan salvaguardias jurídicas ni se les garantiza alojamiento alternativo adecuado. Según el derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Camboya no puede llevar a cabo desalojos forzosos y debe proteger de ellos a su población. Para más información sobre desalojos forzosos en Camboya, véase:
- Camboya: ¿Desarrollo urbanístico o reasentamiento de viviendas precarias? La vivienda es un derecho humano, Amnistía Internacional, mayo 2009.
