Debido a las amenazas de muerte y las intimidaciones de los grupos armados y las fuerzas de seguridad estatales, durante el último año a los defensores de los derechos humanos les ha resultado sumamente difícil realizar su trabajo en el este de la República Democrática del Congo, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En un nuevo informe, titulado “Better to die while telling the truth”: Attacks against human rights defenders in North Kivu, DRC, la organización detalla la creciente represión a que los grupos armados de oposición y la fuerzas de seguridad nacionales vienen sometiendo a los defensores de los derechos humanos desde que se intensificó la crisis el año pasado.
“La población entera está expuesta a sufrir abusos en Kivu Septentrional, y quienes lo denuncian a fin de protegerla son atacados deliberadamente por todos los bandos”, ha señalado Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional.
“Los miembros de los grupos armados y las fuerzas de seguridad nacionales llevan demasiado tiempo intentando silenciar a los defensores de los derechos humanos en todo el país. Esta situación no puede continuar.”
Desde el año pasado, los defensores de los derechos humanos están recibiendo un creciente número de amenazas de muerte, visitas de hombres armados a sus casas y oficinas, secuestros y detenciones arbitrarias. A menudo los amenazan por haber condenado abiertamente a grupos armados o al ejército nacional. Muchos han tenido que suspender su trabajo, cerrar sus oficinas y huir para salvar la vida.
El grupo armado M23 se fue de Kivu Septentrional en noviembre, pero los defensores de los derechos humanos siguen expuestos a sufrir hostigamiento e intimidaciones de otras facciones armadas y elementos de las fuerzas de seguridad nacionales en el este del país.
Un defensor de los derechos humanos que ha condenado abiertamente los abusos contra los derechos humanos en reiteradas ocasiones ha contado a Amnistía Internacional que ha recibido amenazas de muerte, mensajes anónimos y visitas en su casa, con los que le hacen saber que lo están vigilando. También ha recibido un mensaje de texto que reza: “Vamos a cortarte la cabeza […] Sabemos dónde vives”. Algunos defensores de los derechos humanos han recibido amenazas directas de varios grupos armados a la vez.
En el informe se pone de relieve lo difícil que resulta trabajar en zonas con fuerzas armadas débiles, indisciplinadas y que no rinden cuentas y donde el Estado de derecho es mínimo o inexistente.
“En Kivu Septentrional, las víctimas no pueden acceder a la justicia por la acostumbrada vía de denunciar el delito ante la policía, así que lo único que les queda es informar de él a los defensores de los derechos humanos”, ha añadido Sarah Jackson.
Las defensoras de los derechos humanos corren especial peligro, pues se considera que ponen en entredicho las normas sociales que disuaden a las mujeres de criticar públicamente a quienes están en el poder. Se han dado varios casos de mujeres que, por haber ayudado a víctimas de abusos, incluida violencia sexual, han sufrido también acoso o agresiones sexuales ellas mismas.
Amnistía Internacional considera motivo de especial preocupación que se venga hostigando a los defensores de los derechos humanos desde hace mucho tiempo y raras veces se haya hecho rendir cuentas a los responsables.
En el informe se describe el caso de Pascal Kabungulu, destacado defensor de los derechos humanos a quien mataron de un disparo en su casa, delante de su esposa y sus hijos, en 2005. Los hombres acusados del homicidio, entre los que hay soldados, mandos militares y figuras políticas, continúan en libertad.
“Mientras los responsables de los abusos contra los defensores de los derechos humanos sigan en libertad, continuarán los ataques y la violencia contra civiles. Es preciso poner fin a esta situación”, ha afirmado Sarah Jackson.
Amnistía Internacional insta a que se reforme con urgencia el sector de la seguridad en la República Democrática del Congo.
“La creación de fuerzas de seguridad profesionales, disciplinadas y que rindan cuentas es de máxima prioridad en la República Democrática del Congo –ha explicado Sarah Jackson–. Las autoridades deben garantizar que se retira de ellas a quienes cometan graves violaciones de derechos humanos contra civiles y que toda futura integración de los grupos armados en las fuerzas armadas incluye un firme proceso de investigación de antecedentes.”
