Londres.- Amnistía Internacional ha advertido hoy de que el programa de desmovilización y reforma del ejército emprendido en la República Democrática del Congo amenaza con poner en peligro todo el proceso político del país y su futura estabilidad.
En un exhaustivo estudio, la organización revela que el proceso nacional de desmovilización y reforma se ha caracterizado hasta ahora por la comisión de graves violaciones de derechos humanos, la falta de voluntad política y la ausencia de control efectivo del ejército.
"El fracaso del programa de desmovilización y reforma del ejército entraña el riesgo de que se inicie un nuevo ciclo de crisis política y militar, que podría degenerar en una escalada de la violencia y en el deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos- ha manifestado Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional-. En un país asolado ya por la guerra, las consecuencias podrían ser desastrosas para centenares de miles de personas”.
Actualmente, el ejército nacional congoleño (las FARDC), tanto en sus unidades integradas como en las todavía por integrar, es responsable de la mayoría de las violaciones de derechos humanos que se cometen, según informes, en el país.
En septiembre de 2006, la primera brigada integrada mató al menos a 32 personas en Bavi, distrito de Ituru. Se detuvo a 10 soldados, 7 de los cuales han sido acusados de crímenes de guerra. Más recientemente, el 11 de enero, más de 250 soldados de una unidad integrada de las FARDC con base en Bunia, recorrieron armados la ciudad por la noche, según informes, saqueando y destrozando comercios y viviendas y violando a mujeres.
"La reforma del ejército no es simplemente una actividad militar deseable -ha afirmado Hondora-, es una condición previa para la paz y la estabilidad en la República Democrática del Congo. Aunque la desmovilización es un proyecto esencialmente civil, y la reforma del ejército, una iniciativa militar, existe una relación fundamental entre el éxito de ambas. No pueden salir bien la una sin la otra."
Los jefes de muchos grupos armados, determinados a conservar el poder, se han opuesto al programa de desmovilización. A menudo han recurrido al homicidio, la tortura y otros abusos contra los derechos humanos para impedir a los miembros de sus grupos unirse al programa.
A pesar de ello, ha habido una reacción abrumadoramente favorable entre los miembros de los grupos armados, que, en los primeros días, acudieron en masa a los centros de recepción, donde podían elegir entre integrarse en el ejército nacional (con adiestramiento) o ser desmovilizados y reincorporarse a la vida civil.
"La reacción positiva al programa hace que sus fallos resulten aún más lamentables -ha señalado Hondora-. Millares de combatientes han acudido a él dispuestos a ser desmovilizados y han quedado abandonados a su suerte, sin formación profesional, oportunidades significativas de trabajo ni salarios adecuados. Muchos se han sentido engañados y han pedido que les devuelvan las armas."
Un combatiente desmovilizado de Ituri contó a Amnistía Internacional lo siguiente:
Esta gente nos ha engañado. Hemos arriesgado la vida para entregar las armas [...] A algunos amigos nuestros les han matado por unirse al programa. Ya no podemos vivir en nuestros pueblos, porque la gente nos busca para matarnos. No podemos mantener a nuestras familias ni pagar siquiera el alquiler. La solución es que esta gente nos devuelva las armas.
Las organizaciones locales de derechos humanos afirman que han aumentado el pillaje, la extorsión y la delincuencia, cometidos, dicen, por ex combatientes que no se han integrado en sus comunidades ni en el ejército.
Amnistía Internacional ha advertido también de las actividades de la “Guardia Republicana” ("Garde Republicaine", el antiguo GSSP), unidad de soldados de élite, responsable de la seguridad del presidente de la República. Sus miembros se hallan desplegados por todo el país, y se cree que son más de 10.000.
Hondora ha explicado: "Aunque, en principio, la Guardia Republicana forma ya parte de las fuerzas nacionales, no cabe duda de que se comporta como si fuera un ejército independiente dentro de otro ejército y no parece tener que rendir cuentas a ninguna cadena de mando del ejército nacional”.
Según testimonios recibidos por Amnistía Internacional, los soldados de la Guardia Nacional suelen hostigar y robar a la población civil, así como cometer otras violaciones graves de derechos humanos.
Las autoridades militares afirman que la Guardia Nacional sólo tiene que rendir cuentas al presidente.
"Existe un marco para la creación de un ejército verdaderamente nacional y apolítico, que respete los derechos de la población, pero tiene que hacerse realidad sobre el terreno -ha señalado Hondora-. Es esencial que el gobierno recién elegido se comprometa a llevar a cabo el programa de reforma del ejército lo antes posible y que incluya a la Guardia Republicana en este programa."
Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que proceda a, entre otras cosas:
- dar instrucciones claras a todos los soldados de las FARDC para que respeten y hagan cumplir el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;
- impartir formación en derecho internacional humanitario y de los derechos humanos a todos los soldados de las FARDC;
- crear un mecanismo de investigación independiente, que impida que presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos se integren en las FARDC;
- ofrecer garantías de que el programa de desarme, desmovilización y reintegración incluye proyectos para la reintegración efectiva en la comunidad de los combatientes desmovilizados.
"Mientras no se lleven a cabo la reforma del ejercito y la desmovilización efectiva de los combatientes, la República Democrática del Congo tendrá, como mucho, una paz frágil, y la espiral de violencia que sufre el país persistirá”, ha manifestado Hondora.
